Mientras lucha por controlar el país, Boluarte ha adoptado una postura cada vez más agresiva y no trata la crisis como un desafío político, sino como una amenaza a la seguridad.
En varias ocasiones, ha comparado las protestas con uno de los capítulos más oscuros del país, un período de dos décadas en el que los insurgentes de izquierda aterrorizaron al país y los militares masacraron a civiles con escuadrones de la muerte.
Ha insinuado que a los manifestantes se les paga para promover las agendas de narcotraficantes, mineros ilegales, contrabandistas y líderes bolivianos de izquierda, y esta semana afirmó que los manifestantes, no los policías, habían matado a otros civiles durante los enfrentamientos. Como prueba, la presidenta citó un video que, según ella, mostraba a un manifestante con un arma.
El gobierno aún no ha aportado pruebas claras que respalden esa afirmación, ni las afirmaciones de coordinación a alto nivel por parte de una organización terrorista o de financiación ilícita detrás de los violentos atentados.
Boluarte dijo que en Puno los radicales violentos habían “prácticamente paralizado” toda la región.
“¿Qué hacemos frente a esas amenazas, señor periodista? ¿Los dejamos que nos quemen vivos como quemaron al policía de Puno?”, dijo Boluarte durante una conferencia de prensa. “Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú”.
En cuestión de minutos, los videos de Boluarte que decían “Puno no es el Perú” circularon en las redes sociales. Luego, la presidenta tuiteó una disculpa.
El sábado, en una extraordinaria demostración de fuerza, la policía usó un tanque para derribar una puerta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego obligó a manifestantes indígenas y estudiantes a que se tendieran boca abajo sobre el concreto. Cerca de 200 personas fueron detenidas y todas menos una fueron liberadas al día siguiente por falta de evidencia de cualquier irregularidad.