En las últimas cuatro semanas, más de media decena de narcotraficantes han subido al estrado en el juicio por corrupción contra Genaro García Luna y han relatado versiones distintas de una misma historia: mientras García Luna se desempeñaba como el arquitecto de la violenta guerra contra el narcotráfico en México, en secreto estaba en la nómina del grupo criminal más grande del país.
El miércoles, el caso quedó en manos del jurado y ahora es probable que una pregunta decida el destino de García Luna: ¿los miembros del jurado creerán en el desfile de criminales que testificaron en contra del exfuncionario?
El juicio a García Luna, en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, ha sido inusual por varias razones. El acusado llegó a ser el titular de una secretaría en México, pero fue juzgado en Nueva York, acusado de abusar de su autoridad para ayudar al Cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a esa ciudad estadounidense y a otros lugares del país.
Se trata del funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos de corrupción relacionados con el narcotráfico, una línea procesal a la que por lo general se le ha dado menos prioridad que a los delitos de los líderes de los cárteles.
Desde el principio, el caso se centró casi completamente en torno al testimonio de miembros de grupos del narcotráfico que cumplen sentencias por sus propios delitos relacionados con las drogas. Y, a falta de otras pruebas que lo corroboren, el jurado deberá determinar si los testigos dicen la verdad sobre García Luna, como ha argumentado el gobierno, o buscan vengarse de él y mentir, como aseguran los abogados defensores.
El miércoles, estos puntos de vista opuestos llegaron a un clímax durante los argumentos finales.
Saritha Komatireddy, una de las fiscalas del caso, declaró ante el jurado que varios de los testigos de la fiscalía habían testificado que le habían entregado sobornos a García Luna de diversas maneras —“en maletas de lona, maletines y cajas llenas de dinero en efectivo”— y que sus recuentos eran evidencias no menos reales o convincentes que fotos o grabaciones.
Komatireddy también dijo que las personas que testificaron estaban bien posicionadas como para comprender el sórdido mundo de los cárteles.
“No les estoy pidiendo que ellos les agraden”, dijo. “Estas personas han hecho cosas horribles. Son criminales. Pero se necesita a un delincuente para reconocer a otro”.
Por su parte, César de Castro, el abogado principal de García Luna, acusó al gobierno de haber montado un caso con una carencia de pruebas “asombrosa” durante su declaración final.
De Castro calificó a los testigos del cártel de “asesinos, secuestradores, torturadores y estafadores”.
“Les están pidiendo que condenen a un hombre solamente por las palabras de algunos de los criminales más infames y despiadados de la historia del mundo”, dijo.
Incluso durante el proceso de selección del jurado, los fiscales del caso contra García Luna dejaron en claro que no iban a presentar numerosos mensajes de texto interceptados ni horas de conversaciones grabadas, como las que se usaron en los juicios contra los principales acusados de narcotráfico, como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo, quien en 2019 fue declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusaba en el mismo tribunal de Brooklyn.
El caso contra García Luna, según la fiscalía, es “un caso de cooperación” y se sustenta en recuentos de los testigos sobre el imputado que fueron relatados, en persona, desde el estrado.
El caso del gobierno comenzó el mes pasado con uno de esos testigos, Sergio Villarreal Barragán, un exoficial de policía corpulento conocido como el Grande, quien cambió de bando en la guerra contra el narcotráfico y comenzó a trabajar para Arturo Beltrán Leyva, un poderoso capo aliado con el Cártel de Sinaloa.
Villarreal Barragán le dijo al jurado que a principios de la década de 2000, García Luna, que en ese entonces dirigía un organismo equivalente al FBI en México, se presentó en un almacén con Beltrán Leyva para recibir su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo.
Los fiscales cerraron su caso el martes después del testimonio de otro testigo del mundo del narcotráfico: Jesús Zambada García, hermano de un longevo socio comercial de Guzmán, Ismael Zambada García.
Replicando lo que declaró durante el juicio contra Guzmán, Zambada testificó que había empacado personalmente millones de dólares en dos maletas deportivas que le entregaron a García Luna en el restaurante Champs Elysées en Ciudad de México poco después de que se convirtiera en el secretario de Seguridad Pública del país.
Entre ambos testimonios, el gobierno llamó a otros testigos que también hablaron sobre la alianza corrupta entre García Luna y el Cártel de Sinaloa. Uno de ellos fue Óscar Nava Valencia, exlíder del Cártel del Milenio, quien aseguró haberle entregado personalmente 3 millones de dólares al acusado en una reunión en un lavado de autos.
Después testificó Edgar Veytia, un exfiscal general de un estado mexicano, quien afirmó que uno de los hombres de Guzmán le había dicho que el cártel le pagó a García Luna un soborno de 5 millones de dólares.
Los testimonios de los testigos coincidían y se corroboraban entre sí, no solo en lo referente a la corrupción, sino también en pequeños detalles que podrían ayudar a persuadir al jurado de que estaban diciendo la verdad. Varios hablaron sobre cómo una vez Beltrán Leyva retuvo a García Luna en una carretera a las afueras de Cuernavaca, una descarada demostración de poder.
De manera similar, aunque de menor peso, un gato persa blanco mencionado por un testigo apareció brevemente en el testimonio de otro.
García Luna decidió no testificar en su defensa y, el martes, sus abogados llamaron a un solo testigo en su favor: Linda Cristina Pereyra Gálvez, su esposa. Pereyra detalló de manera metódica los modos en los que ella y su esposo habían comprado todas sus propiedades y automóviles con préstamos o ahorros para sugerir que esos activos no se compraron con dinero mal habido.
Los cargos contra García Luna tardaron años en llegar a los tribunales. Poco después de dejar el servicio público en 2012, investigadores federales en Houston comenzaron a estudiar sus vínculos con el cártel usando información de testigos como Villarreal Barragán, quien fue extraditado ese mismo año de México a Texas.
Pero, al final, esa investigación concluyó sin que se presentaran cargos porque los fiscales no creían que pudieran obtener una condena más allá del umbral legal de la duda razonable.
A finales de 2018, los fiscales abrieron una nueva investigación en Brooklyn después de que Zambada testificó en el juicio de Guzmán y, al año siguiente, revelaron una acusación formal contra García Luna tras su detención en las afueras de Dallas.
Concibieron este caso como el primero de una serie de procesos legales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción y, a fines de 2020, presentaron una acusación formal contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, por cargos parecidos de corrupción vinculada al narcotráfico.
Pero tras una intensa presión de México, el caso de Cienfuegos fue desestimado y el exsecretario fue enviado de regreso a su país. El colapso de ese proceso terminó en la práctica con el plan de los fiscales estadounidenses de presentar más casos de corrupción contra funcionarios mexicanos.
Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política. Se unió al Times en 1999. @alanfeuer