El presidente de Nicaragua, su esposa y altos miembros del gobierno cometieron graves abusos contra los derechos humanos —incluyendo tortura y asesinato— que equivalen a crímenes de lesa humanidad, concluyó un equipo de investigación de las Naciones Unidas que proporcionará pruebas para cualquier iniciativa que intente juzgarlos en el extranjero.
En una conferencia de prensa celebrada el jueves, el jefe de la investigación pidió sanciones internacionales contra el gobierno y comparó el historial de Nicaragua en materia de derechos humanos con el de los nazis, diciendo que las tácticas del régimen actual para mantenerse en el poder desde 2018 eran como las que se analizaron durante los juicios de Núremberg.
“El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi”, dijo en una entrevista Jan-Michael Simon, quien dirigió el equipo de expertos en justicia penal designados por la ONU.
“Se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis”, añadió.
La gestión de Biden le ha impuesto sanciones al gobierno y a la familia del presidente Daniel Ortega en los últimos años, aunque el informe de la ONU podría significar repercusiones aún mayores, incluyendo cargos en otros países, según los expertos en derechos humanos.
En virtud de la jurisdicción universal, los tribunales de cualquier país pueden juzgar a personas por atrocidades cometidas en cualquier lugar por lo que se ha convertido en un mecanismo mundial para que los abogados de derechos humanos, sobre todo en Europa, procesen crímenes de guerra cometidos por gobiernos como los de Siria y Liberia.
“Digamos que si el hijo de Daniel Ortega está por casualidad en España, alguien podría acudir ante un juez local por estos motivos y convencerle de que vaya a arrestar a ese tipo”, dijo José Miguel Vivanco, investigador principal adjunto de derechos humanos en el Consejo de Relaciones Exteriores.
La conclusión de la ONU de que Nicaragua cometió crímenes contra la humanidad también podría afectar la capacidad del gobierno para obtener financiación internacional, dijo Simon.
En 2018, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se enfrentaron a un levantamiento masivo de disidencia política, ya que cientos de miles de manifestantes protestaron contra los recortes a la seguridad social y el deterioro de la democracia, bloqueando las calles y paralizando el país.
Los investigadores de la ONU constataron que el régimen utilizó todos los medios a su alcance para reprimir a los manifestantes, y que las fuerzas policiales y los grupos progubernamentales actuaron de forma concertada con resultados mortales.
Según el informe, la policía disparó contra los manifestantes de forma sistemática, además de grupos armados que no estaban autorizados a usar la fuerza. La policía y las organizaciones aliadas del gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales. La policía llevó a cabo operaciones muy coordinadas para desmontar barricadas utilizando tácticas violentas, según constataron los investigadores.
La ONU analizó 40 ejecuciones extrajudiciales y concluyó que agentes policiales y grupos progubernamentales actuaron de “manera coordinada”.
Cuando se puso fin a las manifestaciones, cientos de personas habían muerto.
Hasta el día de hoy “se siguen cometiendo violaciones”, dijo Simon.
El gobierno ha negado haber matado deliberadamente a manifestantes y califica las protestas como violentos intentos de golpe de Estado, señalando que también murieron al menos dos decenas de policías. El gobierno no participó en el informe de la ONU, ni permitió el acceso de los investigadores al país.
Los investigadores también afirmaron que el gobierno llevó a cabo sistemáticamente detenciones arbitrarias y procesamientos de opositores al gobierno utilizando diversas instituciones gubernamentales, como la Asamblea Nacional, la policía, el poder judicial, la oficina del defensor público, la penitenciaría y el Instituto de Medicina Legal. Se torturó a personas bajo custodia, concluye el informe.
“El Estado nicaragüense, de hecho, ha estado armando literalmente todas las instituciones del Estado en términos de control y represión”, dijo Simon. “La palabra es armamentismo. Han estado armando el sistema judicial, armando la función legislativa, armando la función ejecutiva”.
La vicepresidenta, que ejerce de portavoz del gobierno, no respondió a la petición de comentarios de The New York Times.
El informe se produce pocas semanas después de que el gobierno de Ortega despojara de la ciudadanía a 300 nicaragüenses a los que un juez calificó de “traidores a la patria”. Entre los afectados había activistas de derechos humanos y periodistas, entre otros, y la mayoría viven fuera del país.
La publicación de la investigación de la ONU fue una grata sorpresa para los activistas de derechos humanos.
“Antes de llegar a la cárcel, este no era el lenguaje utilizado por los expertos. Ahora el lenguaje es más fuerte”, dijo Juan Sebastián Chamorro, activista nicaragüense que fue puesto en libertad el mes pasado tras pasar 611 días de detención y ahora reside en Houston.
“Eso significa que se han acumulado más pruebas y que pueden utilizarse en un futuro tribunal internacional”, afirmó. “Estamos hablando de más de 350 personas que fueron asesinadas”.
Chamorro estaba entre los cientos de líderes políticos nicaragüenses que fueron apartados desde que las protestas de 2018 conmocionaron por primera vez al país.
Rosalía Gutiérrez-Huete Miller, quien forma parte de los nicaragüenses que perdieron su ciudadanía el mes pasado, dijo que el informe de la ONU era la condena que los manifestantes estaban esperando.
“La conclusión legal de hoy valida y reconoce lo que hemos estado denunciando durante años”, dijo por teléfono desde Washington, D. C. “Nunca ha habido una declaración tan clara como esta. A menudo estas declaraciones son insípidas, tratando de no causar emociones”.
Frances Robles, corresponsal en Florida, cubre también Puerto Rico y Centroamérica. Su investigación de un detective de homicidios de Brooklyn generó que se anularan más de una docena de condenas por asesinato y fue galardonada con un premio George Polk. @FrancesRobles • Facebook