En el transcurso de cinco semanas, las fuerzas de seguridad de Perú respondieron repetidamente a las protestas antigubernamentales con lo que los expertos califican como fuerza excesiva, lo que incluye accionar escopetas con munición letal y disparar rifles de asalto contra los manifestantes que huían, así como ocasionar la muerte de personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia, según revela una investigación de The New York Times.
Las protestas comenzaron a principios de diciembre, desencadenadas por la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tanto los militares como las fuerzas de la Policía Nacional han participado en las medidas represivas que se han concentrado en las provincias del sur, donde Castillo tenía su base de apoyo.
Algunos manifestantes exigen que se redacte una nueva Constitución que aborde los viejos problemas de pobreza y desigualdad.
Cuarenta y ocho civiles han muerto y más de 970 han resultado heridos, según la Defensoría del Pueblo de Perú. La investigación del Times descubrió que la mayoría de las muertes fueron causadas por armas del fuego.
El Times analizó cientos de videos e imágenes, revisó informes de autopsias y balística y habló con testigos y expertos. Analizamos en detalle ocho muertes ocurridas en diciembre y enero en tres localidades —en las ciudades de Ayacucho, Juliaca y Macusani— para mostrar que los militares y la policía utilizaron tácticas letales, a menudo en aparente violación de sus propios protocolos, que estipulan el uso de fuerza razonable y proporcional al responder a disturbios civiles.
“El factor clave es que la policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional”, afirmó Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hernández ayudó a efectuar una evaluación sobre el terreno de la violencia, y la calificó de “excesiva para el objetivo de controlar la protesta”.
Las protestas han desembocado en escaramuzas violentas entre agentes de la policía y manifestantes. Al menos 363 agentes de las fuerzas de seguridad habían sido heridos hasta finales de febrero, según el Ministerio de Salud. Con la intención de tomar aeropuertos y atacar edificios gubernamentales, los manifestantes han arrojado piedras con hondas y lanzaron explosivos improvisados. Un oficial de policía murió cuando una turba enfurecida quemó su vehículo. Las autoridades dijeron que los bloqueos de carreteras de los manifestantes provocaron accidentes de tráfico e impidieron el traslado a los hospitales, lo que contribuyó a la muerte de 11 personas.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo campaña como líder de izquierda y aliada de los pobres de las zonas rurales, pero luego ha adoptado una línea dura contra los manifestantes. Boluarte ha dicho que la policía y el ejército respondieron conforme a la Constitución, las leyes y los protocolos del país, y culpa de las muertes a delincuentes violentos y armados.
“Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, dijo Boluarte en un discurso el 24 de enero, después de que 18 civiles fallecieran en Juliaca. Ese grupo de personas, de acuerdo con la presidenta, tienen una agenda política y económica “basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”.
Pero en los cientos de imágenes y otros materiales examinados, el Times no encontró pruebas de que las armas caseras portadas por algunos manifestantes causaran muertes de civiles. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, declaró al Times en febrero que el gobierno no contaba con pruebas de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos criminales.
La fiscalía peruana está investigando a Boluarte y las acciones de su gobierno relacionadas con las protestas.
Tanto Boluarte, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú no han respondido a las preguntas del Times.
Los videos e imágenes de este reportaje contienen escenas de violencia explícita.
Ayacucho: manifestantes baleados con fusiles de asalto
El 15 de diciembre, un día después de que Boluarte declaró un estado de emergencia nacional que le otorgaba a la policía mayores poderes para detener a personas e ingresar en propiedades privadas sin orden judicial y autorizaba al ejército a colaborar en el control de los disturbios civiles, un grupo de soldados peruanos apostados en Ayacucho acudió al aeropuerto local para desalojar a los manifestantes que se encontraban ahí.
Al final del día, 10 civiles habían muerto o recibido heridas mortales. Todos por armas de fuego.
En dos de los casos en Ayacucho analizados por el Times, las pruebas visuales y los documentos muestran que los soldados desplegaron un uso excesivo y letal de la fuerza contra los civiles.
Los videos muestran que alrededor de las 2:00 p. m., elementos de policía comienzan a disparar gases lacrimógenos contra unos 150 manifestantes reunidos en el aeropuerto, y que algunos respondieron lanzando o arrojando piedras. Más de una decena de soldados avanzaron con fusiles de asalto Galil. El Times tuvo acceso a un registro militar de las armas entregadas a los soldados destacados en Ayacucho que confirma que más de 80 efectivos recibieron fusiles Galil ese mismo día.
A medida que más manifestantes intentaban tomar el aeropuerto de nuevo, las imágenes muestran a los soldados haciendo que retrocedan y persiguiéndoles hasta las calles residenciales adyacentes, mientras disparaban de manera indiscriminada en dirección a los civiles que huían.
Un video grabado hacia las 6:30 p. m. capta a varios soldados en la esquina suroeste del aeropuerto disparando hasta 20 veces con fusiles de asalto Galil en dirección a un parque de la ciudad donde había gente escondida detrás de árboles y muros bajos de hormigón.
Los explosivos improvisados lanzados por los manifestantes detonaban a decenas de metros de los soldados, que parecían no inmutarse y seguían disparando.
A las 6:35 p. m., a dos cuadras de distancia, una cámara de seguridad situada frente a un parque municipal graba una bala que alcanza por la espalda a Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, cuando cruzaba la calle.
La bala alcanzó a Christopher con tal fuerza que le atravesó la parte superior del torso, saliendo por el hombro opuesto, según un informe de balística realizado por la policía peruana y consultado por el Times. El reporte estimaba que la bala, que no fue recuperada, tenía unos 5 milímetros de diámetro.
Las imágenes muestran a soldados disparando hacia donde estaba Christopher con fusiles de asalto Galil. Los soldados estaban a unos 90 metros de distancia, una distancia dentro del rango de alcance de 396 metros del arma, y dispararon proyectiles de 5,56 milímetros, consistentes con la bala que mató a Christopher, según un análisis del Times y la revisión de un experto forense que pidió permanecer en el anonimato porque no está autorizado para hablar con los medios de comunicación.
Momentos después, a una cuadra de distancia, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, cae muerto de un balazo en la cabeza. Un video muestra que estaba parado en la acera entre un grupo de personas cuando es impactado por una bala.
Aproximadamente en ese momento, parece que los soldados disparaban desde un muro del cementerio ubicado a 76 metros de distancia, un rango dentro del alcance de un fusil Galil, y en la línea de visión del sitio donde Aguilar estaba de pie.
Las imágenes muestran que, después de que los soldados se retiran el lugar, un grupo de personas recupera del pavimento más de una decena de casquillos usados, identificados por el Times como munición de 5,56 milímetros.
Según el informe de balística, la herida de bala en la frente de Aguilar corresponde a un proyectil de 5 milímetros, consistente con la munición utilizada por el fusil de asalto militar Galil.
El Ministerio de Defensa de Perú no ha respondido a las solicitudes de información sobre estos dos casos concretos, pero dijo en un comunicado el 16 de diciembre que su personal había sido atacado en el aeropuerto con “objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales”. En las imágenes analizadas, el Times no encontró indicios de que los manifestantes portaran armas.
Los videos parecen mostrar que tanto Christopher como Aguilar estaban desarmados y, como estipulan los protocolos militares, no representaban “un peligro inminente de muerte o lesiones graves” para los agentes ni para nadie cuando recibieron disparos.
Otras seis víctimas presentaban heridas de bala compatibles con el calibre de la munición disparada por los fusiles Galil, según los expertos forenses de la Policía Nacional. Un informe de balística muestra que la policía recuperó una bala de 5,56 milímetros en una de las víctimas.
Juliaca: el día más mortífero de las protestas
El 9 de enero, tras varios días de marchas, Juliaca se convirtió en el escenario de los enfrentamientos más mortíferos desde que comenzaron las protestas. Dieciocho civiles, entre ellos tres menores y un residente médico, murieron por disparos, según los registros hospitalarios y de autopsias obtenidos por el Times. Otras 70 personas resultaron heridas, al menos 31 de ellas por arma de fuego. Un suboficial de policía murió luego de que su patrulla fue incendiada esa noche.
Las imágenes, documentos y testimonios recogidos por el Times ofrecen un relato detallado de la respuesta militar y policial desplegada ese día contra los manifestantes en el aeropuerto local, y sugieren que los agentes policiales que estaban en la primera línea fueron responsables de la mayoría de las personas heridas de bala y fallecidas. Las imágenes y los documentos oficiales también señalan la participación de elementos de la policía en otros tiroteos con civiles sucedidos en el centro de la ciudad esa noche.
El tiroteo comenzó por la tarde, cuando cientos de manifestantes se dirigieron al aeropuerto de Juliaca, que estaba resguardado por las fuerzas de seguridad. Algunas personas intentaron tomar las instalaciones, lanzando piedras y disparando lo que parecían ser fuegos artificiales con lanzadores caseros. Los efectivos policiales disparaban gases lacrimógenos desde tierra y, finalmente, también lo hizo el ejército desde un helicóptero que volaba a baja altura.
Las imágenes del aeropuerto y las calles cercanas muestran a los agentes apuntando y disparando repetidamente armas de fuego en la dirección en la que estaban los civiles. Un video muestra a un soldado disparándole a la multitud. El Times, en consulta con expertos en armamento, pudo identificar los tipos de armas de fuego que usaban los oficiales de policía y los militares ese día, y las municiones que dispararon.
Poco antes de las 2:00 p. m., Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años y padre de dos hijos, fue fotografiado lanzándole piedras a una fila de agentes de policía cerca del aeropuerto. Minutos después, le dispararon. En el informe de la autopsia se describen más de 70 pequeñas heridas penetrantes compatibles con perdigones o postas —un tipo de munición letal que suelen disparar las escopetas calibre 12—, algunas de las cuales le causaron lesiones mortales en el corazón y los pulmones.
Según el experto forense que analizó los documentos para el Times, es probable que la escopeta disparada contra López apuntara por encima de la cintura a una distancia de menos de 20 metros.
Pareciera que esa táctica viola los protocolos de la policía peruana, que establecen que ante manifestantes que lanzan objetos contundentes como piedras, los agentes deben usar balas de goma, apuntar a las extremidades inferiores y disparar a una distancia no inferior a los 35 metros.
Las directrices policiales también establecen que el primer paso para controlar a una multitud descontrolada debe ser detener a los actores violentos. Ese día fueron detenidas 11 personas en las protestas en Juliaca, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un grupo de defensa de los derechos humanos.
Rápidamente las inmediaciones del aeropuerto se convierten en un caos, con varios muertos y decenas de heridos. Al anochecer, la multitud se dispersa, pero pequeños grupos de manifestantes seguían enfrentándose a los efectivos policiales en el centro de la ciudad, y al menos tres civiles más resultan muertos.
Uno de esos civiles es Eberth Mamani Arqui, quien estaba varias cuadras al oeste de una comisaría de la Policía Nacional con un grupo de más de una decena de personas. Las imágenes tomadas en ese momento muestran a agentes armados con equipamiento antidisturbios que corrían en dirección a la multitud. Un video capta a los civiles gritando a los agentes por la calle, cuando se oye un disparo y Mamani cae de espaldas al suelo.
Mamani, de 40 años, murió luego de recibir un disparo en el rostro. Era un operador de maquinaria pesada y tenía un hijo de 8 años.
A dos cuadras al norte de la comisaría de la Policía Nacional se produjo otro enfrentamiento, en el que al menos cuatro civiles fueron heridos de bala, dos de ellos mortalmente. Según el análisis de las imágenes grabadas durante aproximadamente una hora, se produjeron repetidos disparos de fusil en dirección a los peatones y manifestantes, algunos de los cuales lanzaban lo que parecen ser fuegos artificiales hacia los agentes.
A las 7:51 p. m., las imágenes de un circuito cerrado de televisión mostraban a un grupo de personas que arrastraron fuera del campo de visión de los agentes de policía a dos jóvenes que recibieron disparos mortales. En imágenes tomadas con un teléfono celular en el lugar, las víctimas yacían en la acera, sangrando abundantemente. El Times ha identificado a estas dos víctimas como Paul Franklin Mamani Apaza, de 20 años, y Brayan Apaza Jumpiri, de 15.
Según el informe de la autopsia de Mamani Apaza, el joven murió por un tiro de un proyectil de 7,62 milímetros en el pecho, que coincide con la munición de los fusiles de asalto Kalashnikov usados por los efectivos policiales.
Brayan tenía una bala alojada en la cabeza, según los testimonios, los informes médicos y la autopsia. Murió tras permanecer tres días en coma.
Los 18 civiles que resultaron heridos mortalmente en Juliaca el 9 de enero, excepto uno, murieron por disparos en la parte superior del cuerpo, cuatro de ellos en la cabeza. Los expertos forenses encontraron balas de 7,62 milímetros en cuatro de los cadáveres, incluido el de Mamani Apaza. Otras ocho víctimas también presentaban heridas compatibles con fusiles de asalto policiales y militares. Al menos tres víctimas, entre ellas López Amanqui, murieron por municiones letales que coinciden con las que usan las escopetas que portaban las fuerzas de seguridad en el aeropuerto.
Según la Policía Nacional, un agente murió y otro resultó herido en la madrugada del 10 de enero en Juliaca, cuando fueron atacados por una turba enfurecida que incendió su patrulla. Otros seis agentes heridos durante las protestas del 9 de enero fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Lima.
En un discurso televisado dos semanas después, Boluarte afirmó que “no es la policía que está disparando” y que la mayoría de las muertes en Juliaca se debían a armas caseras o ilegales. “La policía no usa esas armas letales”, afirmó. El gobierno no ha aportado ninguna prueba que respalde esa afirmación.
Macusani: disparos a distancia
El 18 de enero, otros dos manifestantes, Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua, murieron por disparos mientras cientos de personas se concentraban en Macusani, una ciudad al sur de Perú. Los disparos que los mataron parecen haber sido efectuados por la Policía Nacional, según pruebas visuales, análisis de audio y relatos de testigos recogidos por el Times.
Por la tarde, tras una marcha pacífica en Macusani, las imágenes muestran a decenas de personas dispersas a lo largo de un camino de tierra que pasa por la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad. Algunos manifestantes lanzan piedras, explosivos improvisados e insultan a los agentes que estaban dentro y fuera del edificio, en un perímetro de unos 90 metros de distancia. Los agentes de policía lanzaron gases lacrimógenos y se oyeron disparos esporádicos.
En un video que parece filmado desde el interior de la comisaría, un agente disparaba con un fusil de asalto Kalashnikov contra los manifestantes que estaban en un cerro. Una transmisión en directo de una hora de duración desde el exterior de la comisaría capta disparos repetidos desde la entrada del edificio. Los agentes también disparaban desde el techo de la comisaría.
Alrededor de las 5:50 p. m., se produjo una ráfaga de seis disparos en rápida sucesión que causaron conmoción en las personas que estaban en el cerro porque Aguilar recibió un disparo en la cabeza. Según los testimonios de los testigos, estaba de pie entre la multitud cuando la alcanzó la bala.
Aguilar, de 35 años y madre soltera de dos niños pequeños, llegó al hospital ya muerta, con el cráneo fracturado por la bala, según los informes de la autopsia.
El sonido de los disparos —uno de los cuales se cree que mató a Aguilar— fue captado en dos emisiones de video en directo: una se grabó cerca de la comisaría de policía y la otra en la protesta en lo alto del cerro, a menos de 45 metros de Aguilar.
El Times les pidió a dos expertos que analizaran el audio. Robert C. Maher, experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman, dijo que el sonido de los disparos era coherente con disparos de rifle dirigidos en la dirección general de los manifestantes. Steven Beck, exasesor de acústica del FBI, dijo que la distancia del tirador coincidía con la ubicación de la comisaría.
Valenzuela, de 30 años, camionero, operador de maquinaria pesada y padre de cuatro hijos, se encuentra cerca cuando Aguilar fue abatida. Una media hora más tarde, él también recibe un disparo, a pocos pasos de distancia, y fallece al día siguiente de un disparo en el pecho, según consta en su autopsia.
Esa noche, una turba incendió la comisaría de la Policía Nacional de Macusani. Según las noticias locales, los agentes fueron rescatados en helicóptero. No se informó de ningún herido.
Responsabilidad del gobierno
En total, las 48 víctimas civiles de Perú tenían edades comprendidas entre los 15 y los 62 años. Entre las muertes analizadas se encuentran la de Sonia Aguilar Quispe, una mujer que estudiaba en el extranjero y regresó a casa para cuidar de sus padres; la de José Luis Aguilar Yucra, un joven padre que trabajaba en una tienda de refrescos, y la de Brayan Apaza Jumpiri, un estudiante de secundaria que decía que quería ser agente de policía.
Algunos familiares entrevistados por el Times expresaron su temor a las represalias de las autoridades y dijeron que las víctimas han sido tachadas de terroristas en los medios de comunicación locales.
“Mi hijo tenía un futuro adelante”, dijo Asunta Jumpiri Olbea, madre de Brayan, quien acababa de cumplir 15 años. “Mi hijo no es un terrorista. Ellos son terroristas y nos están matando como animales”.
El Ministerio Público de la fiscalía de Perú está investigando a Boluarte por posibles delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” relacionados con las protestas e intenta determinar la responsabilidad de cada muerte por arma de fuego. Al mismo tiempo, el ministerio en un documento interno oficial del 27 de febrero ha dicho que dejará de prestar servicios de investigación, incluido el uso de expertos forenses y balísticos —servicios que pueden ser cruciales para las investigaciones de derechos humanos—, a menos que lo soliciten específicamente los principales fiscales del país.
Hasta la fecha, no se ha acusado ni detenido a ningún militar o agente de policía en relación con las muertes ocurridas en las protestas.
John Ismaycolaboró desde Washington. Julie Turkewitz colaboró desde Bogotá, Colombia. Mitra Taj colaboró desde Lima. Haley Willis colaboró desde Nueva York.
Brent McDonald es corresponsal sénior de video para el Times en Washington. Produce cortos documentales, reportajes en video e investigaciones visuales. @DocuBrent
Ainara Tiefenthäler es videoperiodista y trabaja en el equipo de Investigaciones visuales. Fue una de las periodistas galardonadas con el Premio Pulitzer 2022 de Reportaje Internacional por la cobertura del Times sobre la gran cantidad de víctimas civiles en los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. @tiefenthaeler