EL PASO, Texas — El gobierno de Joe Biden se prepara para suspender una norma sanitaria de emergencia que se ha utilizado con el fin de evitar que cientos de miles de migrantes ingresen a Estados Unidos, lo que sienta las bases para lo que podría ser un nuevo repunte migratorio que incremente las tensiones políticas y agote los recursos en toda la frontera sur.
Salvo que se interponga un recurso legal de último minuto, la política de la era de Donald Trump conocida como Título 42 expirará a las 11:59 p. m., hora del Este, del jueves 11 de mayo. Se implementó hace tres años bajo la premisa de prevenir la propagación de la COVID-19.
Agentes fronterizos, funcionarios estatales y locales e incluso los principales asesores del presidente Biden en Washington se preparan para la llegada de decenas de miles de migrantes en los próximos días. La gente ya ha empezado a cruzar hacia las ciudades fronterizas de Estados Unidos, anticipando el fin del Título 42, que desde 2020 ha permitido que el gobierno estadounidense expulse rápidamente a México a ciudadanos de varios países.
Tres ciudades de Texas —Brownsville, Laredo y El Paso— han declarado el estado de emergencia. La semana pasada, frente a la iglesia católica del Sagrado Corazón, en el centro de El Paso, un retablo de miseria humana se extendía a lo largo de varias manzanas, donde migrantes en situación de indigencia ocupaban cada espacio en la acera.
En tan solo unos días, el número de personas se ha disparado de unas pocas decenas a cerca de 2000, y siguen llegando más. Por la noche, las familias duermen sobre cajas de cartón, y durante el día amarran sábanas a las vallas para crear sombra. Los hombres sanos piden dinero para viajar en autobús a Houston, Denver y Orlando, Florida, donde, según dicen, les esperan puestos de trabajo. Los niños pequeños vagan por los callejones buscando comida y pidiendo limosna.
“Es una verdadera crisis”, señaló el padre Rafael García, mientras observaba a la multitud que se extendía en todas direcciones la semana pasada. “Si esto es ahora, ¿cómo será después del 11 de mayo? ¿Cómo se va a desarrollar?”.
Esa pregunta es el núcleo de un reto monumental con una historia sombría. Cuando finalicen las restricciones inspiradas por la pandemia, las autoridades fronterizas reanudarán un sistema de inmigración que ha fracasado en gran medida durante décadas, pero con la presión añadida de tres años de demanda acumulada. Alrededor de 35.000 migrantes se concentran en Ciudad Juárez, otros 15.000 en Tijuana y miles más en otros sitios del lado mexicano de los 3152 kilómetros de frontera.
Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que han trabajado durante meses con el fin de prepararse para un probable aumento. Han construido instalaciones temporales para albergar a miles de migrantes más, han reclutado a contratistas y han reducido el tiempo de tramitación de las personas detenidas. También tomaron medidas para fomentar un flujo migratorio más ordenado.
El jueves entrará en vigor una nueva norma estricta que descalifica a los solicitantes de asilo que no hayan buscado protección primero en otro país. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando con las Naciones Unidas y otros países para abrir centros de tramitación en Colombia y Guatemala con el fin de animar a los migrantes a solicitar refugio en Estados Unidos u otros países sin tener que caminar hasta la frontera. Hace poco, se añadieron programas para migrantes de otros países.
La semana pasada, el presidente Biden ordenó el despliegue de 1500 soldados para ayudar en la frontera. Sin embargo, las autoridades esperan un gran número de personas en los próximos días. Biden se enfrenta a cambios globales en los patrones migratorios, así como a las fuerzas económicas y el malestar social que no cesan de empujar a la gente hacia el norte. En Estados Unidos, el debate sobre cómo arreglar el maltrecho sistema migratorio sigue siendo polarizado y acalorado, lo que representa un grave riesgo político para todos los implicados al iniciarse la temporada electoral de 2024.
Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá después del jueves. El gobierno federal prevé que llegarán hasta 13.000 migrantes al día inmediatamente después de que expire la medida, en comparación con los 6000 de un día normal. No obstante, cuando le preguntaron qué es probable que ocurra, un funcionario apostado en la frontera dijo a los periodistas: “No tengo ni idea”. Y comentó sobre un posible repunte: “Creo que ya está ocurriendo”.
Aunque el Título 42 ha estado en vigor a lo largo de las fronteras sur y norte de Estados Unidos, el número de personas que entran de manera ilegal al país ha aumentado, y su perfil ha cambiado: cada vez son más las personas procedentes de países lejanos con dificultades económicas o agitación política, como Venezuela, China, India y Rusia, que afrontan un arduo viaje para llegar a las puertas de Estados Unidos.
El impacto del aumento de los cruces migratorios —más de tres millones en los primeros 18 meses del gobierno de Biden y el número más alto en décadas— ha llegado más allá de la frontera. Los alcaldes de Nueva York, Washington, D. C., y otros lugares han declarado que la afluencia ha puesto a prueba sus recursos, una situación agravada por los gobernadores republicanos de Florida, Texas y Arizona, que han trasladado a los migrantes en autobús a esas ciudades.
Aunque en los últimos días han cruzado en masa, inseguros de sus posibilidades en el régimen fronterizo posterior al Título 42 o incitados por los contrabandistas, se espera que sean aún más los migrantes que intenten entrar cuando expire la medida, conscientes de que no serán devueltos de inmediato a México si se entregan o apostando a que los exhaustos agentes fronterizos no los atraparán si huyen.
Las personas que sean capturadas entrarán en un sistema de procesamiento fronterizo que ya está abarrotado en muchos lugares. En el valle del Río Grande, donde la Patrulla Fronteriza tiene capacidad para 4600 migrantes, los agentes reportaron que tenían a 6000 personas bajo custodia hasta el 4 de mayo, casi dos tercios provienen de Venezuela. Un campo de béisbol universitario en Brownsville, Texas, se convirtió en un centro de procesamiento improvisado.
Los republicanos están a punto de utilizar esas escenas para reforzar sus ataques políticos contra Biden y los demócratas, acusándolos de no asegurar la frontera. Esta semana, los republicanos de la Cámara de Representantes están a punto de votar un proyecto de ley para revivir las agresivas políticas de inmigración de la era Trump que durante mucho tiempo han sido denunciadas como crueles por los demócratas. Los republicanos también están avanzando en el proceso de formular cargos de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como una forma de dramatizar sus acusaciones.
El mes pasado, el representante Mark E. Green de Tennessee, presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo a sus donantes que “prepararan las palomitas” para las audiencias destinadas a exponer el “incumplimiento del deber del señor Mayorkas y su destrucción intencional de nuestro país a través de la frontera sur abierta”.
“Va a ser divertido”, dijo Green.
Pero para Biden, algunas de las críticas más feroces proceden de aliados de la izquierda, que dicen estar profundamente decepcionados por las medidas que el gobierno ha adoptado para limitar el número de migrantes admitidos. Dicen que la nueva norma que obliga a los migrantes a solicitar asilo en el país que atraviesan de camino a Estados Unidos, negaría ilegalmente a muchos incluso la posibilidad de solicitar refugio en Estados Unidos. El gobierno argumenta que ahora más migrantes pueden solicitarlo legalmente, sin arriesgarse a emprender el peligroso viaje hasta la frontera.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertadores Civiles, dijo que su organización acudirá inmediatamente a los tribunales para bloquear las nuevas normas. Robert Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, dijo que las alternativas agresivas no abordan las causas más amplias que hacen que la gente emigre.
“El gobierno se ha metido en la madriguera del conejo de que la aplicación de la ley es la única forma de enfrentar este reto, y el problema con eso es que no resolverá el problema”, dijo.
Eleanor Acer, directora del programa de protección de refugiados en Human Rights First, dijo que estaba aliviada de que las restricciones pandémicas de la era Trump en la frontera estuvieran terminando. Pero dijo que las nuevas reglas de asilo eran “ilegales, inmorales y totalmente contraproducentes”.
Cuando expire la medida de expulsión, algunos migrantes se enfrentarán a una detención prolongada, una deportación formal y una prohibición de entrada a Estados Unidos durante cinco años. Sin embargo, tomar esas decisiones requiere que las autoridades procesen a los migrantes uno por uno, una tarea engorrosa que implica mantener a un gran número de personas bajo custodia durante días en instalaciones que ya están desbordadas.
La semana pasada, hubo días en los que más de 20.000 migrantes estuvieron bajo custodia estadounidense, el doble de la capacidad. En El Paso, cerca de 5000 migrantes fueron retenidos en instalaciones de procesamiento diseñadas para menos de la mitad de esas personas.
“Nos estamos preparando para lo desconocido. Lo desconocido es cuánta gente vendrá”, dijo Oscar Leeser, alcalde de El Paso, en un encuentro con la prensa celebrado el jueves.
“Las leyes federales de inmigración están rotas, y no se rompieron durante esta gestión ni durante la anterior”, añadió. “Tenemos que averiguar hacia dónde nos dirigimos. No hay luz al final del túnel”.
El condado de El Paso abrió un centro espacioso donde cada día 1200 migrantes liberados de la custodia estadounidense pueden obtener ayuda para organizar su viaje. Los albergues sin fines de lucro ya están llenos; la ciudad se dispone a abrir dos escuelas vacías y también podría instalar catres en el centro cívico.
Pero muchos de los que trabajan en la frontera afirmaron que ninguna preparación será suficiente.
“Hemos estado demorando esta ola, pero va a llegar con fuerza”, dijo Rubén García, director de Annunciation House, un refugio grande que está al límite de su capacidad. “¿Cuánto va a durar? Evidentemente, hasta que llegue mucha gente de la acumulación en México. Pero es probable que muchas más personas vengan en camino”.
Un día reciente, el personal del Comité Internacional de Rescate aconsejó a los migrantes reunidos para comer gratis en la catedral de Ciudad Juárez que utilizaran una aplicación móvil para concertar una cita en un puerto de entrada a Estados Unidos en vez de arriesgar sus vidas cruzando el río Bravo o escalando por el muro.
Pero la aplicación, lanzada por el gobierno de Biden en febrero para poner orden en la frontera, hasta ahora ha ofrecido un número muy limitado de citas y ha estado plagada de fallas técnicas.
La frustración con la aplicación, aunada al miedo a quedar atrapadas en una violenta ciudad fronteriza mexicana, donde los migrantes han sido objeto de extorsión y 40 de ellos murieron en un incendio en un centro de detención el mes pasado, han provocado que muchísimas personas crucen la frontera en los últimos días, asumiendo un gran riesgo.
En El Paso, muchos de los que permanecían en la acera frente a la iglesia del Sagrado Corazón dijeron que habían entrado a través de los huecos en el alambre de concertina que bordea la orilla del río, escalaron el muro fronterizo de acero de nueve metros de altura y luego evadieron a los agentes estadounidenses al amparo de la oscuridad. Mostraban brazos con cortes y tobillos hinchados para demostrarlo.
Como no se habían entregado ni habían sido procesados por las autoridades estadounidenses, no podían alojarse en la mayoría de los albergues ni recibir asistencia de las instalaciones de la ciudad o el condado.
“La aplicación es un chiste; es mentira”, opinó William, de 30 años, que afirmó haber intentado utilizarla una y otra vez. Así que decidió entregarse, solo para ser expulsado tres veces en virtud del Título 42. Esa madrugada, a las 2:30 a. m., había llegado a El Paso sin ser detectado.
Como él, la gran mayoría de las personas que estaban afuera de la iglesia eran venezolanas. Con poco o nada de dinero, muchos dijeron que esperaban que de algún modo los ayudaran a trasladarse a los lugares donde planeaban empezar de nuevo.
“No queremos nada del gobierno estadounidense”, dijo Daniel, de 28 años, que como otros pidió que no se revelara su apellido porque había entrado al país sin ser procesado. “Solo queremos trabajar”.
Eileen Sullivan colaboró con este reportaje desde Washington.
Miriam Jordan reportea sobre las personas que migran con una perspectiva de base y sobre su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió la inmigración en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, India, Hong Kong e Israel.
Michael D. Shear es un corresponsal experimentado de la Casa Blanca y dos veces ganador del Premio Pulitzer que también formó parte del equipo que ganó la Medalla de Servicio Público por la cobertura de la COVID-19 en 2020. Es coautor de Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration. @shearm