En su amplia oficina, con las cortinas marrón cerradas para bloquear el sol tropical, el presidente de Surinam expresó su solidaridad con los maestros en huelga que se habían congregado fuera del lugar, burlándose de él mientras exigían mejoras salariales.
Tres años de catástrofes nada atemperadas han arrasado con el poder adquisitivo en este país sudamericano, resultado de las crisis globales y de décadas de gobiernos despilfarradores. El precio de los alimentos y el combustible se ha elevado de manera galopante, empeorados por la guerra rusa en Ucrania. La moneda nacional se desplomó y la economía se fue a pique al tiempo que la pandemia comenzó a propagar muerte y temor.
En vista de “la pesada carga que lleva a cuestas mi gente”, dijo el presidente Chandrikapersad Santokhi, su “responsabilidad moral es ofrecerles ayuda”.
Por desgracia, no podía ofrecer mucho. La fortuna de este país de 600.000 habitantes quedó atrapada en un fuego cruzado geopolítico: el acceso a la ayuda se retrasó por el conflicto entre Estados Unidos y China.
La semana siguiente, una delegación del Fondo Monetario Internacional llegó de Washington con el propósito de alentar al gobierno de Santokhi a proceder con una ronda de recortes al gasto. La austeridad presupuestaria era el requisito central del programa de rescate del fondo, un paquete de préstamos a tres años por 690 millones de dólares, a una tasa de interés reducida, diseñado para que Surinam contara con medios suficientes para efectuar los pagos correspondientes a su deuda externa de 2400 millones de dólares.
Pero el FMI y su participante más influyente, Estados Unidos, querían otra cosa más: insistieron en que los acreedores chinos reestructuraran una deuda de 545 millones de dólares por préstamos que Surinam utilizó para construir caminos y viviendas.
Los retos que enfrenta Surinam ilustran una de las nuevas complejidades de las finanzas globales. Ahora que muchos países de ingresos medios y bajos lidian con una crisis de deuda cada vez más profunda, con frecuencia la ayuda no fluye a causa de conflictos entre las instituciones de Occidente, tradicionalmente dominantes, y un actor cada vez más importante: China.
En otras décadas, el Fondo Monetario Internacional, un componente central del orden democrático liberal forjado por Estados Unidos y sus aliados al concluir la Segunda Guerra Mundial, era la única fuente de efectivo para las naciones que batallaban para pagar sus cuentas. Ahora, China se ha convertido en un acreditante importante para países de Asia, África y América Latina. Sus instituciones financieras otorgan préstamos con pocas exigencias, por lo que ofrecen una alternativa frente a la austeridad impuesta por el FMI.
El problema es que, ahora que los gobiernos están cortos de dinero e intentan negociar con los acreedores una reducción de su deuda, el FMI y el gobierno de Joe Biden se han resistido a ofrecer ayuda en tanto las instituciones financieras chinas no participen. De lo contrario, según dicen, los bancos chinos se aprovechan de la condonación de la deuda que ofrecen otros.
“Ahora, China necesita erguirse como una fuerza constructiva que ayude a los países afligidos por la deuda”, dijo Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, durante un discurso en abril en la Institución Brookings.
Por desgracia, el gobierno chino, cada vez con más decisión, se ha negado a doblegarse ante las exigencias de Washington (ni ante el FMI ni ante su principal participante, Estados Unidos).
“El FMI da algunos parámetros en relación con la condonación de deuda; pero, desde nuestra perspectiva, creo que no es nada obligatorio”, dijo en Paramaribo, la capital de Surinam, un diplomático chino que habló abiertamente a condición de permanecer en el anonimato. “China solo negociará con el gobierno de Surinam”.
Todo esto subraya las presiones que sufren países como Ghana, Etiopía o Pakistán, que enfrentan una creciente deuda, en su mayoría ante bancos chinos propiedad del Estado.
La semana pasada, el gobierno de Zambia confirmó un acuerdo que le garantiza una prórroga de tres años en los pagos por una deuda de 6300 millones de dólares, en su mayoría con bancos chinos. Ese acuerdo permitió que el FMI liberara 188 millones de dólares en fondos de ayuda como parte de un paquete de rescate por 1300 millones de dólares. El acuerdo se concretó tras un año y medio de negociaciones tortuosas que pusieron las finanzas de Zambia en una situación precaria.
Los problemas globales suelen dejar a los países de menores ingresos con obligaciones financieras insostenibles. La oleada actual de calamidades ha sido especialmente desgarradora, producto de años de tasas de interés bajas que alentaron la obtención de préstamos, sumadas a la miseria de la pandemia, que aumentó la carga de los sistemas de salud a medida que se contrajeron las economías.
Esta vez, la resolución resultó afectada debido a las crecientes hostilidades entre las dos mayores economías del mundo.
“Si las potencias tienen alguna obligación, ya sea que se trate de China o de Estados Unidos, es darle cierta certidumbre y seguridad al mundo”, opinó el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin. “La incertidumbre crea ansiedad y obliga a los países a tomar partido”.
Hace casi tres años, el Grupo de los 20 creó el llamado “marco común”, cuyo supuesto objetivo es ofrecer un modelo de lo que ocurre cuando los países quedan sumidos en la insolvencia. Los gobiernos, acreedores privados e instituciones como el FMI deben coordinar la reestructuración de las deudas, de tal forma que las naciones sin recursos suficientes logren efectuar sus siguientes pagos.
El problema es que el FMI, por defecto, es el árbitro de los términos. Como el gobierno chino no está dispuesto a aceptar, el sistema por lo regular se traba.
“Hay nuevos acreedores que quieren que su voz cuente para definir cuáles deben ser las reglas del juego”, explicó Daniel Munevar, experto en deuda soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra.
Las inquietudes típicas de las personas comunes y corrientes en las naciones adeudadas “no se ven por ningún lado”, añadió Munevar. Más bien, se pierden en negociaciones de gran contenido político basadas en los intereses de los acreedores.
En Surinam, quienes pagan los costos son las familias de lugares como el barrio Sunny Point, al sur de la capital.
Mametoen Misiedjan, de 26 años, se mudó con su hija de cuatro meses a la casa de concreto de dos habitaciones de su suegra, donde viven sus tres cuñadas y los ocho hijos de estas. Los niños jugaban en la tierra, al lado de una zanja en la que fluían aguas negras.
Recién se había mudado, porque se hizo imposible pagar la renta de su casa.
Misiedjan no sabía cómo iba a poder comprar pañales y le preocupaba que su leche materna se viera afectada porque debió reducir las porciones de lo que comía en vista del creciente costo del arroz, las verduras y el pollo.
“Ya no tengo ninguna esperanza”, dijo. “Solo me siento a llorar”.
Las raíces de la calamidad
La historia moderna de Surinam es, en gran medida, la historia de unos forasteros que llegaron en busca de riquezas.
Su suelo era lo suficientemente fértil como para atraer a los holandeses, que se apoderaron del control en el siglo XVII a través de un comercio con Gran Bretaña, intercambiando su colonia de Nueva Ámsterdam, hoy más conocida como Nueva York.
Los holandeses trajeron esclavos de África occidental y trabajadores contratados de Java e India para trabajar en las plantaciones de azúcar.
En tiempos más recientes, Alcoa, el fabricante de aluminio estadounidense, erigió el primer complejo de fabricación de aluminio de la región, alimentado por una presa hidroeléctrica que también suministraba electricidad barata a la población.
Cuando la filial nacional de Alcoa cerró la planta hace siete años, el gobierno siguió distribuyendo electricidad barata mientras absorbía los crecientes costos de producción.
Según un análisis de Munevar, esas subvenciones alcanzaron proporciones asombrosas. Ahí estaban las raíces de la crisis de la deuda de Surinam.
En 2016, el gobierno solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional y aceptó un paquete de rescate de 478 millones de dólares. El fondo exigió que Surinam suprimiera los subsidios al agua, el gas y la electricidad.
El país estaba entonces dirigido por Dési Bouterse, cuyo legado incluye cargos de homicidio por el asesinato de 15 opositores políticos, y una condena de 11 años por cargos de narcotráfico en Holanda.
Su gobierno cobró la primera cuota de 81 millones de dólares del FMI, pero luego renunció al programa y a sus restricciones presupuestarias. En su lugar, pidió prestados casi 1500 millones de dólares, gran parte de ellos a acreedores chinos.
Los préstamos de instituciones financieras chinas a países en apuros han aumentado drásticamente, alcanzando casi una quinta parte de las actividades del FMI, según investigaciones recientes. Casi dos decenas de países que se enfrentan a crisis de deuda han recibido más de 185.000 millones de dólares en créditos de este tipo desde 2016, según la investigación.
Gran parte de este dinero ha llegado como préstamos del banco central de China, el Banco Popular de China, y con frecuencia se ha utilizado para realizar pagos de préstamos a otros prestamistas chinos.
Surinam obtuvo una línea de crédito por valor de unos 160 millones de dólares del banco central chino. Con parte de estos fondos le pagó a Huawei, fabricante chino de equipos de telecomunicaciones, la modernización de un sistema de telefonía celular. Surinam también pidió prestados más de 300 millones de dólares al Banco de Exportaciones e Importaciones de China, una institución estatal que concede préstamos en apoyo de las políticas del gobierno chino.
Durante un tiempo, Surinam pudo hacer frente a los pagos de su deuda gracias a la subida del precio del oro, fuente de más de la mitad de los ingresos por exportaciones del país.
Luego llegó la pandemia. Los precios de las materias primas se desplomaron, al tiempo que aumentaban los precios de la atención a la salud.
Bouterse fue derrotado en las elecciones de mayo de 2020. Cedió el poder a un gobierno de coalición encabezado por Santohki.
Santokhi heredó una economía que se contrajo casi un 16 por ciento en 2020. Con el tiempo, la moneda perdió el 80 por ciento de su valor.
Esa baja aumentó el costo de las importaciones, desde la gasolina hasta los alimentos básicos. La tasa de inflación llegó al 74 por ciento en 2021 y se mantiene alrededor del 60 por ciento.
El porcentaje de ingresos que el gobierno destina a cubrir el pago de las deudas de Surinam aumentó del 13,6 por ciento registrado en 2022 al 25,3 por ciento el año pasado, según la organización de defensa Debt Justice.
Así que queda menos dinero para todo lo demás.
En el hospital ‘S Lands, ubicado en el centro de Paramaribo, ahora los pabellones deben improvisar y remplazar los fármacos y anestésicos que se han encarecido excesivamente.
“La situación es alarmante”, indicó la directora médica del hospital, de formación neerlandesa, Soenita Nannan Panday-Gopisingh.
Sin otra alternativa, el gobierno de Santokhi tornó al FMI.
‘Nos aplastaron’
Al FMI le preocupaba volver a colaborar con Surinam, dada la debacle del programa anterior. Pero los funcionarios se mostraron dispuestos a apoyar al nuevo gobierno.
En abril de 2021, el personal del FMI aceptó un nuevo plan de rescate que obligaba a Surinam a recortar el gasto público en un 10 por ciento de la producción económica nacional.
Pero el consejo del fondo no aprobó el programa hasta finales de diciembre de ese año, mientras el personal buscaba garantías del gobierno chino de que aceptaría condonar la deuda.
“En ese periodo, nos aplastaron”, dijo el ministro de Finanzas de Surinam, Stanley Raghoebarsing.
En marzo de 2022, el fondo liberó otros 55 millones de dólares. Dos meses después, una delegación del FMI visitó Surinam y anunció que el gobierno tenía derecho a recibir la siguiente inyección de efectivo.
Pero el consejo del fondo nunca se reunió a votar, en una desviación extraordinaria del proceso normal del FMI.
Esa demora reflejó las inquietudes de un actor poderoso: el Tesoro de Estados Unidos, encargado de manejar la relación de ese país con el FMI, que ejerció presión para que el fondo retuviera el dinero y así obligar a China a comprometerse a condonar deuda, según dos fuentes involucradas en el proceso.
Tras la publicación, una representante del Tesoro, Megan Apper, emitió un comunicado en el que refutaba esa versión. “Esta acusación es falsa”, afirma el comunicado.
Durante un testimonio ante el Congreso, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, describió hace poco al FMI y el Banco Mundial como un “importante contrapeso a los préstamos nada transparentes e insostenibles de otras fuentes como China”.
En respuesta, el gobierno chino objetó. “El FMI no es el ‘Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos’”, dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa.
En mayo, tenedores privados de bonos convinieron en condonar el 25 por ciento de la deuda de Surinam en su posesión a cambio de una garantía de ganancias provenientes de recientes descubrimientos de petróleo en alta mar.
Este mes, el fondo entregó otros 53 millones de dólares y alabó al gobierno de Surinam por “restaurar la disciplina económica”.
‘El presidente está escondido’
Mientras que los funcionarios en Washington y Pekín analizan libros contables, la población de Surinam sigue lidiando con una grave escasez.
Justo antes de las 11:00 a. m. en una sofocante mañana de martes en mayo, cuatro decenas de maestros se reunieron a orillas del turbio río Surinam, refugiados bajo un almendro frondoso. Se preparaban para realizar una marcha hacia el palacio presidencial con el propósito de exigir un aumento a sus salarios.
Eufrazia Martin, de 48 años, maestra de una secundaria pública, ha visto cómo el valor de su salario se ha reducido, de 800 a 200 dólares al mes debido a la caída de la moneda nacional.
Puede alimentar a su familia gracias a que recibe ayuda de parientes que viven en los Países Bajos. Muchos de sus estudiantes no tienen tanta suerte.
“Todos los días, algún niño viene a decirme: ‘Tengo hambre’”, relató.
Algunos niños ya no van a la escuela porque su familia no puede costear el minibús ahora que la tarifa aumentó a consecuencia del incremento en el precio de la gasolina.
Algunos estaban muy cansados y no podían concentrarse en los estudios porque iban a trabajar después de la escuela para ayudar a su familia.
Algunas niñas que comenzaron a venderse a los hombres con tal de ganar dinero para su hogar se embarazaron y abandonaron la escuela.
Martin se dirigía a la oficina del gabinete para tener una reunión con el presidente.
Junto con otros líderes, ingresó en el edificio justo cuando el cielo gris dio paso a la lluvia. Quince minutos después, ya estaban fuera.
“Nos dijeron que el presidente no aparecía”, le informó a un grupo de unos 100 manifestantes cuya respuesta fue prorrumpir en abucheos.
“El presidente está escondido”, gritaron en neerlandés.
Martin estaba dispuesta a considerar que el presidente sencillamente no pudiera conseguir dinero. Pero de ninguna le pareció bien aceptar que ni siquiera se presentara.
“Es una falta de respeto”, se quejó. “Si viniera y hablara con nosotros, tal vez podríamos entender”.
Ank Kuipers colaboró con la reportería.
Peter S. Goodman es corresponsal de economía mundial radicado en Nueva York. Antes fue corresponsal de economía mundial desde Londres y corresponsal económico nacional en Nueva York durante la Gran Recesión. También trabajó en The Washington Post como jefe de la oficina de Shanghái. @petersgoodman