Cuando Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, fue condenado el martes a 22 años de prisión por su importante participación en la planificación del ataque contra el Capitolio, se marcó un punto de inflexión en la extensa investigación del Departamento de Justicia sobre los sucesos del 6 de enero de 2021.
La sentencia puso fin a una serie de tres juicios federales centrados en conspiración sediciosa, el delito más grave que surgió tras más de dos años y medio de investigación a la turba fanática de Trump que participó en el ataque. Pero también marcó un cambio en la atención pública, de los ejecutores que se abrieron paso a través de las barricadas o rompieron las ventanas del Capitolio hacia los autores intelectuales que crearon los planes para alterar el recuento de votos o difundir mentiras sobre fraude electoral que, en última instancia, prepararon el escenario para la violencia.
Todo lo que se ha hecho para hacer rendir cuentas a los alborotadores del Capitolio constituye la mayor investigación que haya realizado el Departamento de Justicia y es probable que se prolongue durante meses o incluso años, con nuevas acusaciones formales.
Pero los inminentes juicios contra el expresidente Donald Trump y quienes están acusados de ayudarlo a permanecer en el cargo serán un desafío distinto, que pondrá a prueba la resiliencia y la autoridad del sistema de justicia penal.
Es muy probable que los juicios contra Trump pongan a prueba el compromiso del país con el Estado de derecho en un momento de intensa polarización y mientras Trump consolida su posición como presunto candidato presidencial del Partido Republicano.
Como si esto fuera poco, el exmandatario ya demostró que planea convertir el ataque a la integridad de sus juicios como una parte central de su campaña, al declarar el miércoles que planea subir al estrado en su propia defensa.
En cierto sentido, resulta que procesar a personas —incluso a más de 1000— por atacar a las fuerzas policiales o perturbar la certificación de las elecciones ha sido relativamente sencillo. Eso se debe, en gran medida, a que el ataque al Capitolio fue un evento aislado que puede ser analizado minuciosamente por los forenses y en el que en muchos, si no en la mayoría, de los casos de disturbios existen grabaciones de video claras de los acusados en flagrancia.
Hasta ahora, más de la mitad de las 1150 personas acusadas de cometer el ataque se han declarado culpables. De las decenas que se han arriesgado a ir a juicio, solo dos —un excontratista gubernamental y un otrora cantante de Broadway afiliado a al grupo paramilitar de los Oath Keepers— fueron absueltos de todos los delitos.
Sin embargo, los juicios contra Trump —en particular los dos que enfrenta por delitos de injerencia en las elecciones, que inició en Washington el fiscal especial Jack Smith y, en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis— serán de otra naturaleza. Estarán envueltos en una maraña de complejidades jurídicas y políticas nunca vista hasta ahora.
Samuel Buell, exfiscal federal y profesor de derecho en la Universidad Duke, dijo que los casos electorales de Trump eran jurídicamente complicados no solo porque implicaban tramas entrecruzadas con distintos coacusados, sino también porque era probable que giraran en torno a cuestiones espinosas como probar la intención y determinar la responsabilidad por delitos que diferentes personas podrían haber cometido en conjunto.
Como prueba de eso, los fiscales del caso de Georgia dijeron el miércoles que esperaban llamar al menos a 150 testigos y que el juicio podría durar cuatro meses (el juez dijo que podría durar ocho).
“Estos casos son mucho más matizados y complicados que los casos de los disturbios”, afirmó Buell.
Tan solo en el caso federal de Washington, los abogados del exmandatario ya prometieron presentar una serie de mociones previas al juicio, entre las cuales hay una que implica un argumento legal no probado de que Trump es inmune a los delitos porque la acusación formal abarca un periodo en el cual fungía como el comandante en jefe del país. Citando la naturaleza sin precedentes del caso, los abogados han dicho que también planean presentar la acusación como un ataque directo a Trump por parte de su principal rival político, el presidente Joe Biden.
“Este es uno de los casos más únicos desde una perspectiva jurídica que se haya presentado en la historia de Estados Unidos”, declaró ante el tribunal la semana pasada John Lauro, quien representa a Trump.
Todo eso se complicará aun más gracias al propio Trump, a quien la jueza en su caso de Washington ya le advirtió que evite hacer declaraciones fuera del tribunal que puedan intimidar a los testigos o manchar al jurado. Pero a los pocos días de la advertencia, Trump ya estaba poniendo a prueba los límites de la orden del juez —y su paciencia— al publicar mensajes en su sitio web de redes sociales que amplificaban en gran medida las críticas que otros habían presentado contra ella.
Al menos por el momento, ambos juicios electorales de Trump están programados para comenzar el 4 de marzo, el día antes del supermartes, cuando está previsto que 15 estados celebren primarias o asambleas caucus republicanas. Incluso si esa línea de tiempo termina modificándose, lo más probable es que Trump –quien enfrenta dos juicios más el próximo año relacionados con su manejo de materiales clasificados y por hacer pagos por el silencio de una actriz porno– tendrá que dejar de hacer campaña durante largos períodos de la primavera y verano justo cuando sus intentos de conseguir la candidatura llegarán a su punto máximo.
Si sus obligaciones judiciales lo mantienen alejado de la campaña electoral, Trump podría decidir llevar la campaña electoral a la corte. De hecho, podríamos ver dos Donald Trump cuando finalmente comiencen los juicios: uno, bajo la atenta mirada de los jueces, tendrá que seguir cierto grado de decoro; el otro, en las redes sociales o ante las cámaras de televisión, podría sentirse menos inhibido.
Aunque los casos del ataque al Capitolio y los juicios contra Trump convergen en los acontecimientos del 6 de enero, por ahora ambos están totalmente separados.
La semana pasada, el juez Amit Mehta, quien ha presidido diversos juicios de motines, incluido el caso de sedición de líder de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, reflexionó sobre esa separación en una audiencia de sentencia para Sandra Parker, miembro del grupo de extrema derecha.
En un momento de reflexión en el estrado, Mehta señaló cómo “el poder de la desinformación” y las mentiras rampantes sobre la elección habían ocasionado que acusados como Parker “creyeran en algo que en realidad era inconcebible”.
La omnipresencia de fraudes como ese, dijo el juez, fue una de las historias “no contadas” del ataque al Capitolio, pero ocupará un lugar destacado en los juicios relacionados con las elecciones que enfrenta Trump.
Cabe recordar que ninguno de los cargos que enfrenta el expresidente lo acusan de alentar o inspirar la violencia en el Capitolio. En el peor de los casos, la acusación formal de Washington afirma que cuando estalló el caos el 6 de enero, Trump “aprovechó la conmoción” para promover su objetivo de detener la certificación electoral.
El Departamento de Justicia dedicó un esfuerzo considerable a buscar vínculos entre la Casa Blanca y los alborotadores y, al menos hasta ahora, no ha establecido públicamente ningún vínculo directo entre los ejecutores y los autores intelectuales. Lo que está por verse es si los fiscales logran encontrar una manera de conectar su investigación sobre el ataque del Capitolio con su investigación sobre los intentos de Trump de revertir su derrota electoral.
“Tenemos los delitos de fraude y los de conspiración sediciosa”, dijo Daniel Richman, exfiscal federal y profesor de derecho de la Universidad de Columbia. “Pero lo que aún no tenemos es algún vínculo entre ambos más allá de inferencias y pensamientos vagos”.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política. Se unió al Times en 1999. Más de Alan Feuer