EL CHALTÉN, Argentina — A lo largo de una carretera helada que atraviesa el sur de Argentina, un gran aviso azul contrastaba con la inmensa estepa patagónica. Anunciaba que el proyecto Ruta 288, que en aquel momento costó unos 572 millones de pesos argentinos, unos 119 millones de dólares, sería finalizado en 2016.
Seis años después, en el lugar hay más grava que pavimento y el sonido de grillos es más alto que el rugir de los motores de los autos.
Esa y otras carreteras sin concluir ahora amenazan a la política más poderosa y conocida de Argentina, cuyo estilo de políticas de izquierda ha dominado el país por dos décadas.
Se espera que el martes un panel de tres jueces decidan el veredicto del caso de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los cargos son de fraude agravado y de liderar una “asociación ilícita” que supervisó un esquema de sobornos vinculados a proyectos de construcción.
A Kirchner se le acusa de desviar cientos de millones de dólares en contratos financiados por los contribuyentes a un socio de negocios y amigo familiar a fin de construir carreteras en este remoto rincón de la Patagonia, en la parte austral de Sudamérica, proyectos que a menudo no se concluyeron o se excedieron drásticamente de lo presupuestado.
Los fiscales federales están pidiendo 12 años de prisión para Fernández de Kirchner y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, aunque si es hallada culpable podría apelar al veredicto y postularse mientras la apelación se resuelve.
Las próximas elecciones presidenciales de Argentina están previstas para el próximo año, aunque Fernández de Kirchner no ha dicho si planea postularse.
El juicio es el golpe más reciente para Fernández de Kirchner, quien ha sido investigada por más de una decena de cargos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción, aunque cuatro casos han sido desechados y en otros dos ha sido absuelta. Pero, hasta ahora, ninguna investigación había llegado a juicio.
Una condena sería el golpe más dramático a su credibilidad hasta el momento y reforzaría los obstáculos que ya enfrenta cuando intenta acercarse a un público más amplio.
Fernández de Kirchner ha pasado 30 años en el ojo público, como primera dama, presidenta y actualmente como senadora y vicepresidenta. Es una personalidad profundamente polarizadora que ha contribuido a dividir a Argentina entre quienes la apoyan a ella y a su movimiento de izquierda, el kirchnerismo, y quienes dicen que ha ayudado a arruinar a un país que, sin importar del gobierno en turno, ha tenido dificultades con la alta inflación, la pobreza y el fracaso de las políticas económicas.
Ella ha rechazado repetidamente todos los cargos y en sus últimas declaraciones al panel de jueces la semana pasada, llamó al tribunal un “pelotón de fusilamiento”.
“Denostaron, difamaron, mintieron sobre mí y sobre nuestro gobierno”, dijo.
También aseguró que el juicio allanó el terreno para el intento de asesinato en su contra en septiembre, cuando un hombre se abrió paso en una manifestación afuera de su departamento en Buenos Aires, le apuntó con un arma en la cabeza y jaló el gatillo, aunque la pistola no se disparó.
Dos personas han sido acusadas de intento de homicidio y una tercera de ayudarles.
Un veredicto de culpabilidad contra la vicepresidenta podría impulsar cualquiera de los relatos, dijo Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultants, una firma de opinión pública de Buenos Aires.
“Los que la critican y tienen una imagen negativa, bueno están confirmando lo que ya sospecharon: es culpable, es corrupta”, dijo. “Y los que la siguen, simpatizan con ella, los que le tienen un afecto muy intenso, bueno, van a decir: confirmamos que la están persiguiendo”.
Esa división está clara en la villa patagónica de El Chaltén, donde se suponía que los 1700 habitantes debían beneficiarse de los proyectos de carreteras sin concluir vinculados al caso contra Fernández de Kirchner.
Dante Ardenghi, un médico de la localidad de 65 años, comentó que considera que los medios y la oposición fabricaron o exageraron las acusaciones en contra de Fernández de Kirchner para perjudicar a su movimiento político.
Lo que ellos creen realmente, dijo, es que los presidentes de izquierda “no tendrían que existir en América del Sur”.
Pero Luis Ledesma, profesor suplente de secundaria de 59 años, dice que considera que los Kirchner eran corruptos.
“Todos lo que estaban cerca del entorno, todo quien se acercaba o se aliaba al entorno de esta gente, era que en muy poco tiempo había una cuestión de prosperidad”, dijo. “Hablamos de secretarios, choferes”.
Por toda la Patagonia se siente el peso de las carreteras sin concluir. Antonio Flauzino, un motociclista brasileño que realizaba un viaje de 5300 kilómetros por Argentina, se cayó de su moto en un camino sin pavimentar. Fue el primer accidente en dos semanas de travesía.
“Yo había oído historias, la gente dice que esta parte es muy difícil”, dijo. Los motociclistas dicen que este trayecto de grava son los “73 kilómetros malditos”, debido a las condiciones en que se encuentra la superficie y los vientos de alta velocidad de la zona.
“Pero no sabía que era tan difícil”, dijo.
El supuesto esquema de sobornos que, según la acusación, supervisaba Fernández de Kirchner, ocurrió en la provincia de Santa Cruz durante los 12 años que los Kirchner gobernaron: el fallecido esposo de ella, Néstor Kirchner, ocupó la presidencia de 2003 a 2007 y ella de 2007 a 2015.
Santa Cruz siempre ha sido su bastión político. Néstor Kirchner nació en la capital, Río Gallegos, y fue gobernador de la provincia entre 1991 y 2003. Su hermana, Alicia Kirchner, es la actual gobernadora.
Hay otras 12 personas acusadas en el caso de corrupción, entre ellos Lázaro Báez, el socio de los Kirchner que recibió contratos de carreteras, así como dos exministros kirchneristas que han sido condenados en otros casos de corrupción.
Báez actualmente cumple una sentencia de 12 años por lavado de dinero en un caso aparte. Uno de los ministros, José López, exsecretario de obras públicas, fue captado en video intentando llenar bolsos con 9 millones de dólares en efectivo, relojes Rolex y un rifle semiautomático en un convento en 2016, en un caso no vinculado al actual.
El enfoque del juicio contra Kirchner ha sido en gran medida 51 contratos de carreteras que fueron adjudicados a empresas vinculadas a Báez, quien pasó de ser un empleado bancario en Santa Cruz a fundar una empresa constructora en los días previos a que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente en 2003. La fiscalía dijo que de 2003 a 2015 el supuesto esquema defraudó al Estado argentino por más de 5000 millones de pesos, unos 926 millones de dólares, según las autoridades.
Los contratos a menudo se adjudicaban con precios inflados, se excedían del presupuesto o recibían consideraciones especiales, según la fiscalía. Casi la mitad de los proyectos carreteros no llegaron a completarse.
“Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país”, dijo Diego Luciani, fiscal principal, durante en su alegato final este año.
Las pruebas presentadas durante el juicio incluían mensajes de WhatsApp entre López, el exsecretario de obras públicas, Báez y el presidente de una de sus empresas constructoras.
La fiscalía argumentó que los mensajes revelaron un plan para esconder pruebas en los últimos días de la gestión de Fernández de Kirchner en 2015, al otorgar los últimos pagos de contratos a Báez, despedir a sus empleados y abandonar los proyectos carreteros.
Algunos de los mensajes incluían referencias a “la señora” que tenía que “tomar decisiones”. La fiscalía argumentó que “la señora” era una referencia Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que nunca se le mencionó por nombre.
Incluso si este tribunal la condena, Kirchner no irá a prisión el martes, comentó Andrés Gil Domínguez, constitucionalista argentino. Cuenta con varias avenidas para apelar y, como integrante actual del Congreso, goza de inmunidad frente a un arresto. Incluso sin apelar, probablemente no pasará tiempo en prisión dado que en Argentina las personas mayores de 70 años pueden cumplir su condena en casa. Cristina Kirchner tiene 69 años.
Los partidarios de Fernández de Kirchner ya han insinuado que protestarían si se le condena. “El pueblo tiene que estar mañana en la calle bancando a Cristina, repudiando a la Corte Suprema, a los jueces, denunciando el lawfare. Si no es mañana, ¿cuándo?”, dijo en una entrevista de radio Luis D’Elia, líder de una organización que representa a personas desempleadas.
La vicepresidenta ha enfrentado otras batallas legales y ha surgido victoriosa de algunas de ellas.
El año pasado, una corte desestimó las acusaciones de que había conspirado para encubrir el supuesto papel de Irán en el ataque de 1994 a un centro comunitario judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas. Las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner las presentó por primera vez en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue hallado muerto con una herida de bala en su departamento.
Su muerte no se ha resuelto y desde entonces el evento ha sido motivo de una ferviente especulación y rencillas políticas.
Otro caso distinto que la acusaba de defraudar al gobierno en el mercado de futuros de dólares fue desestimado el año pasado.
Ana Lankes reportó desde El Chaltén, Argentina, y Natalie Alcoba desde Buenos Aires.