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Alejandro Toledo podría ser el tercer expresidente de Perú en prisión

LIMA — Dos expresidentes de Perú están tras las rejas, uno condenado por violaciones a los derechos humanos, el otro acusado de intentar disolver el Congreso de manera ilegal. Un tercer expresidente podría unirse pronto a este grupo en la misma prisión.

Alejandro Toledo, quien lideró el país hace dos décadas, se rindió el viernes ante oficiales de la ley en California, según un funcionario de los Alguaciles de EE. UU., al agotarse sus esfuerzos por resistirse a la extradición, a casi cuatro años de su arresto en conexión con uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.

Una vez que vuelva al Perú, se espera que sea encarcelado mientras procede el caso en su contra. Su repatriación forzada sucede en un momento complicado para el país, que ha sido remecido por la violencia y las protestas desde que otro presidente, Pedro Castillo, fue destituido en diciembre luego de que intentó suspender el Congreso y gobernar por decreto.

Perú ha soportado años de corrupción política e inestabilidad, una situación que resultó en que el país andino sea gobernado por siete presidentes en los últimos siete años.

Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares como parte de un extenso escándalo de corrupción que mancilló a muchos líderes de la región. El esquema giraba en torno a una gran constructora brasileña, Odebrecht, que admitió en 2016 que había pagado 800 millones de dólares en sobornos para asegurar contratos lucrativos en América Latina.

El extenso caso de corrupción fue particularmente dañino en Perú. Otro expresidente peruano involucrado en el caso, Alan García, se disparó fatalmente en la cabeza cuando las autoridades intentaron arrestarlo en 2019.

El arresto de Toledo el viernes marca la culminación de un esfuerzo de años por parte de las autoridades locales para llevarlo ante la justicia peruana. Los fiscales de Perú habían solicitado a Estados Unidos su extradición por primera vez en 2018.

Es un destino que Toledo luchó por evitar en todo momento, a través de apelaciones fallidas y mociones para suspender su regreso, la última de las cuales fue denegada el jueves por una jueza federal en Washington. Un abogado de Toledo dijo que su cliente estaba delicado de salud y podría no sobrevivir a la detención preventiva.

“Tampoco aquí el demandante tiene derecho a esa medida”, escribió la jueza Beryl Howell en su orden del jueves, calificando la petición de emergencia del abogado de Toledo de esfuerzo “desesperado” por retrasar aún más su extradición.

Toledo, que llevaba años viviendo en California, ha negado cualquier delito. Fue detenido por primera vez en San Francisco en 2019 y puesto en arresto domiciliario en 2020 durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. No está claro cuándo llegará Toledo a Lima, aunque un abogado del expresidente, Roberto Su, dijo que probablemente ocurriría en tres o cuatro días.

Toledo, en una entrevista con EFE el jueves por la noche, dijo que planeaba entregarse el viernes por la mañana.

“No le corro a la justicia, pero les pido por favor no me maten en la cárcel”, dijo Toledo. “Déjenme luchar con argumentos”.

Toledo, de 77 años, creció en un pequeño pueblo montañoso del norte de Perú, antes de mudarse a California para estudiar economía y educación en la Universidad de San Francisco y en la Universidad de Stanford.

Toledo fue elegido en 2001 como candidato centrista y gobernó en un momento crucial para Perú. Fue el primer presidente elegido democráticamente tras los 10 años de gobierno autoritario de Alberto Fujimori, cuyo mandato estuvo marcado por un “autogolpe” que llevó a la disolución del Congreso y a una brutal campaña contra las guerrillas izquierdistas.

Toledo respaldó y amplió el alcance de una comisión de la verdad encargada de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto interno del país, incluido durante el gobierno de Fujimori. Pidió perdón públicamente por los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el ejército.

Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad relacionados con ejecuciones extrajudiciales y secuestros cometidos por un escuadrón militar de la muerte creado por él. Fue condenado a 25 años. Tanto él como Castillo están recluidos en la misma prisión de Lima, donde también se espera que sea encarcelado Toledo.

La detención de Castillo, acusado de rebelión y conspiración, entre otros cargos, provocó huelgas, marchas y disturbios generales en todo el país, mientras los manifestantes pedían la renuncia inmediata de su sucesora, la presidenta Dina Boluarte.

Una investigación del New York Times reveló que la policía y el ejército del país dispararon munición letal contra civiles desarmados durante las protestas de las semanas posteriores a la destitución de Castillo.

Al menos 60 civiles y siete agentes del orden murieron en los enfrentamientos. Boluarte y varios miembros de su gobierno están siendo investigados por la fiscalía peruana por su papel en la muerte de civiles.


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