Lo que debe mejorar es nuestra capacidad de rastrear virus. Calculamos que al menos 300.000 virus están al acecho en los animales silvestres. Es improbable que todos ellos puedan infectar a humanos o animales domésticos. No obstante, el riesgo es considerable, aunque solo el uno por ciento de ellos pueda hacerlo. Más del 70 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes, como el virus de la inmunodeficiencia humana, la gripe, el virus del Nilo Occidental, el ébola, el chikungunya, el zika, el mpox (antes conocido como viruela del mono) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por su sigla en inglés), pueden atribuirse a la exposición humana a la fauna salvaje.
Más de una década antes de la pandemia de COVID-19, los científicos y los responsables de la formulación de políticas públicas pidieron mayores esfuerzos para detectar las amenazas infecciosas para la salud humana. Un informe de 2011 del Subcomité Asesor Nacional de Biovigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Casa Blanca recomendaba medidas para reducir los riesgos de una pandemia, entre ellas un llamado a la inversión global en las personas y la ciencia necesaria para proporcionar un sistema de alerta temprana eficiente y eficaz para las posibles amenazas. Esto incluye la toma de muestras en personas, animales domésticos y fauna silvestre con enfermedades inexplicables para detectar la presencia de virus conocidos y desconocidos y el desarrollo de métodos para vigilar las redes sociales en busca de indicios de brotes. Contar con un sistema de este tipo sería útil, sin importar si un brote se debe al contacto con animales silvestres o si es resultado de un suceso relacionado con la investigación.
Deben prohibirse los mercados de animales silvestres, así como su comercio como alimento o mascotas, para reducir la frecuencia de la exposición humana a patógenos infecciosos. Pero estas prohibiciones serían difíciles de vigilar y seguirían produciéndose exposiciones accidentales. Por ello, es importante continuar la investigación necesaria para identificar de inmediato las posibles amenazas para la salud humana y los animales domésticos que ponen en peligro la seguridad alimentaria.
Las autoridades de salud pública deben vigilar a los seres humanos en riesgo de exposición a enfermedades infecciosas por proximidad a fauna salvaje, viajes, residencia en zonas densamente pobladas o participación en reuniones multitudinarias. Como hemos aprendido con el reciente brote de mpox, los agentes infecciosos pueden globalizarse rápidamente tras la celebración de festivales en los que convergen personas de muchas regiones geográficas, que luego vuelven a dispersarse. Al comparar los resultados de las pruebas con las muestras de humanos y animales tendremos la capacidad de detectar y responder a las primeras pruebas de transmisión entre especies mediante la contención y el desarrollo de pruebas de diagnóstico, medicamentos y vacunas. Estas inversiones favorecerán tanto a la economía como a la salud pública. Un costo conservador de 100 millones de dólares anuales para vigilancia es una fracción pequeña de los más de 10 billones de dólares del producto interno bruto global que se calcula que se perdieron por la pandemia en 2020 y 2021.
La investigación de enfermedades infecciosas en laboratorio es esencial, pero debe regularse mejor. En la actualidad tenemos un conjunto de normativas que varían de un país a otro y, en algunos casos, dentro de un mismo país. La Organización Mundial de la Salud debería convocar un grupo internacional de expertos para definir las mejores prácticas de investigación con fauna salvaje y agentes infecciosos. Con el auge de la genómica sintética es posible crear nuevos virus y recrear antiguos, como el de la viruela. Debería exigirse a los fabricantes que den seguimiento a los pedidos de secuencias genéticas que pudieran ensamblarse para crear posibles agentes patógenos.