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Uganda aprueba una ley en contra de la comunidad LGBTQ. Cientos de turistas cancelan sus safaris

Sentado en un sofá de su pequeña oficina, Simon Azarwagye, propietario de la agencia de viajes Azas Safaris, mostraba unas cifras en su computadora portátil que servían como recursos visuales para contar una historia que todavía lo hacía sentirse miserable.

“¿Ves esto?”, preguntó mientras señalaba una gráfica con el título: “Solicitudes de cotizaciones”. Representaba a los 89 posibles clientes con los que se comunicó a principios de año. Todos le habían hecho consultas sobre recorridos a través de los bosques exuberantes de Uganda; las expediciones cuestan unos 15.000 dólares por pareja y tienen una duración de 13 días con diversas actividades como el avistamiento de hipopótamos y gorilas.

Eso fue antes de que el Parlamento comenzara a debatir una de las leyes en contra de la comunidad LGBTQ más severas del mundo. Incluía la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como las relaciones entre personas del mismo sexo con personas discapacitadas, seropositivas o ancianas, entre otras categorías, y penalizaba la defensa de hombres y mujeres homosexuales en público.

La noticia del proyecto de ley saltó a los titulares internacionales. El día de su promulgación, a fines de mayo, el presidente Joe Biden y líderes de toda Europa amenazaron con imponer sanciones que Uganda, cuya economía es inferior a las de Libia y Sudán, no puede permitirse. En pocas semanas, 60 de los 89 clientes potenciales de Azarwagye, la mayoría provenientes de Europa o Estados Unidos, cancelaron sus planes o dejaron de contestar los mensajes.

“Me ignoraron”, comentó y señaló que por lo general logra concretar ventas con dos terceras partes de quienes le consultan. “Algunos de los que hablaron conmigo me explicaron: ‘No es seguro ir a Uganda por esa ley’”.

Desde que se promulgó la Ley contra la Homosexualidad de 2023, que es como se llama de manera oficial, se han producido arrestos y cientos de violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ, según un informe de Convening for Equality, una coalición de grupos defensores de derechos humanos. Los arrendatarios han desalojado a personas homosexuales y transexuales, como exige la ley. Y el miedo está alejando a los pacientes homosexuales y transexuales de las clínicas de salud, que están obligadas por la ley a denunciarlos a la policía.

De manera indirecta, la ley está teniendo un gran costo económico.

Los trabajadores del rubro afirman que la industria hotelera sufre las consecuencias. Los fabricantes de textiles dicen que compradores en Estados Unidos, Reino Unido y Europa han cancelado pedidos, pues afirman que tener prendas con la etiqueta “Hecho en Uganda” es perjudicial para sus negocios. Las empresas constructoras de Uganda afirman que los inversionistas occidentales están asustados.

“Nos reunimos en persona con una empresa de capital de riesgo estadounidense y uno de los directivos dejó claro que tenía un problema moral con la ley”, dijo Venugopal Rao, director ejecutivo de Dott Services, una empresa de construcción de Kampala, la capital de Uganda, que hace poco solicitó unos 100 millones de dólares en préstamos. “Podríamos conseguir dinero para nuestros proyectos en Tanzania y en la República Democrática del Congo. Pero no en Uganda”.

La animadversión hacia las personas homosexuales está muy arraigada en este país del este de África, de 49 millones de habitantes y sin salida al mar. Una encuesta realizada en 2022 por Afrobarometer, una red apartidista de investigación, reveló que los ugandeses eran muy tolerantes con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerantes con los homosexuales. Cerca del 97 por ciento se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94 por ciento de los ugandeses afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía.

Los líderes empresariales y los políticos atribuyen la intolerancia de Uganda hacia las personas de la comunidad LGBTQ a las tendencias marcadamente conservadoras del catolicismo y el evangelismo que dominan el país.

“Este es un país cristiano y los cristianos africanos en particular tienen una visión diferente sobre la homosexualidad”, comentó Herbert Byaruhanga de la Asociación de Operadores Turísticos de Uganda. Byaruhanga estaba explicando por qué su organización no presionó contra la Ley contra la Homosexualidad ni emitió un comunicado de prensa sobre el tema. No hubo tiempo de analizar la ley antes de su aprobación, dijo, pero aunque hubiera tenido semanas para estudiar cada palabra, la resistencia habría sido inútil porque la medida es inmensamente popular.

“No podíamos estar en contra de la cultura de Uganda”, dijo.

El presidente Yoweri Museveni, que ocupa el cargo desde hace mucho tiempo, ha ejercido una influencia impredecible en todo este asunto. Desde hace casi cuatro décadas gobierna Uganda con un control autocrático y ha sido acusado de torturar y asesinar a disidentes en las elecciones de 2021, según testimonios enviados a la Corte Penal Internacional.

De manera pública, ha argumentado que las personas homosexuales socavan la paz y la estabilidad y declaró que eran “repugnantes” en una entrevista de CNN. Pero varias de sus personas más cercanas, entre ellos Andrew Mwenda, periodista que también es vocero del hijo del presidente, afirman que el presidente es ante todo un pragmático que se preocupa por el estado de la economía y odia la idea de que Uganda sea vista como un paria.

Mwenda y otros han presentado peticiones en contra de la Ley contra la Homosexualidad, con la esperanza de que los tribunales determinen que es inconstitucional o la anulen por un tecnicismo como ya ha sucedido antes. En 2014, un proyecto de ley conocido como “Matar a los homosexuales” fue anulado por los tribunales por la nimiedad de que se aprobó sin el cuórum necesario.

Un vocero del presidente no respondió a los mensajes de este medio.

El lunes pasado, el Tribunal Constitucional de Uganda celebró una audiencia sobre la Ley contra la Homosexualidad y algunos observadores creen que el fallo podría suceder antes de fin de año o a principios de enero de 2024.

“Esta es la mejor ley que el Parlamento podría haber aprobado”, comentó Mwenda. “¿Sabes por qué? Porque es tan mala que ningún tribunal podría defenderla”, concluyó.

Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes contra la homosexualidad. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de deshacerse de un vestigio de la dominación colonial y combatir lo que consideran las costumbres decadentes de Occidente. El día de la votación de la ley, la presidenta del Parlamento, Anita Annet Among, proclamó: “El mundo occidental no vendrá a gobernar Uganda”.

Uganda tiene una ley contra la sodomía desde 1950. La medida fue aprobada durante la época del dominio británico y castiga la homosexualidad con cadena perpetua. Reino Unido liberalizó sus leyes de sodomía en 1967, pero en Uganda, a partir de principios de la década de 2000, los cristianos de derecha se unieron en una fuerza política que consideraba la homosexualidad como una influencia nefasta en la cultura.

El movimiento anti-LGBTQ enmudeció en Uganda tras la desaparición de la ley “Matar a los homosexuales”, resentido por la pérdida, mientras buscaba una estrategia para recuperar el impulso. Hace tres años, el tema volvió a ocupar un lugar destacado en el debate nacional.

Los activistas gays culpan en gran medida a dos grupos, Family Life Network en Uganda y Family Watch International, una organización evangélica de Gilbert, Arizona. Family Watch está dirigida por Sharon Slater, que ha promovido la terapia de conversión para homosexuales y ha participado en lo que el grupo denomina como una política “centrada en la familia” en África desde 2002.

“Los ugandeses son muy homofóbicos, pero no actuarán en consecuencia a menos que alguien vuelva a despertarles ese sentimiento”, afirmó Frank Mugisha, que dirige Sexual Minorities Uganda, un grupo de defensa de los derechos de los homosexuales que fue clausurado en agosto del año pasado. “Family Life Network y Family Watch rejuvenecieron el movimiento”.

Family Life Network no respondió a las peticiones de comentarios. Una portavoz de Family Watch, Lynn Allred, dijo en un correo electrónico que quienes se oponen al grupo “inventan cosas y esperan que sean perpetuadas por periodistas de dudosa reputación”. El grupo publicó en su sitio web un extenso documento en el que afirma que nunca presionó a favor de la Ley contra la Homosexualidad y que, de hecho, se opone a ella.

Mugisha dice que el auge de la actual medida comenzó en el Desayuno Nacional de Oración celebrado en el Parlamento en 2020, cuando un legislador sugirió que se resucitara una ley antigay. Poco después, empezaron a surgir y multiplicarse en las redes sociales historias muy incendiarias sobre las personas LGBTQ. Un rumor infundado fue machacado una y otra vez: los profesores homosexuales agredían y “reclutaban” alumnos.

La homosexualidad se convirtió rápidamente en sinónimo de pedofilia. Aunque Uganda recibe anualmente miles de millones de dólares en ayudas y exenciones fiscales de diversas fuentes, algunas de estas anunciaron medidas de represalia tras la aprobación de la ley. El Banco Mundial declaró que no iniciaría nuevos proyectos en el país y afirmó en un comunicado de prensa que quería “proteger a las minorías sexuales y de género de la discriminación y la exclusión en los proyectos que financiamos”.

A fines de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos a la reputación derivados de hacer negocios en el país. En fechas recientes, amplió una lista de funcionarios ugandeses considerados personas no gratas en Estados Unidos. El país también redujo la ayuda directa a Uganda y el 1 de enero está previsto que Uganda quede excluida de la Ley de crecimiento y oportunidades para África, que proporciona a los países subsaharianos acceso libre de aranceles a los mercados estadounidenses.

Estas medidas están pensadas como castigo, pero algunos políticos ugandeses creen que tienen un lado positivo. Es el caso de James Nsaba Buturo, exministro de Ética, de 73 años y voz suave, que una tarde se sentó en su despacho del Parlamento con una Biblia y un ejemplar del reglamento sobre la mesa.

“Los buenos libros”, dijo.

Buturo piensa que recortar la ayuda exterior podría curar a Uganda de su perenne problema de corrupción. La lógica es la siguiente: si entra menos dinero en el país, los que roban de las arcas públicas lo pensarán dos veces porque las consecuencias de ese robo serán más nefastas.

“Cuando el Banco Mundial nos amenazó me puse muy contento”, dijo. “Lo que nos robamos a nosotros mismos vale tres veces más que lo que recibimos de otros países. Es una oportunidad para que pongamos orden en nuestra casa”.

Las repercusiones de la Ley contra la Homosexualidad ya afectan la economía ugandesa, aunque el alcance de las consecuencias se conocerá en los próximos meses. Según Corti Paul Lakuma, investigador principal del Centro de Investigación de Política Económica de Uganda, el país ha crecido a un ritmo constante en los últimos años. El producto interno bruto creció dos dígitos en la década de los años 2000 y un seis por ciento entre 2010 y 2019. Lakuma cree que el éxito se deriva de las mejoras en la infraestructura y las medidas para privatizar la industria bancaria. Además, el país es más seguro.

“En los años ochenta, tenías que estar en casa a las 7:00 p. m. porque si no, te podían matar”, narró Lakuma. “Ahora es un país abierto las 24 horas”.

A largo plazo, Lakuma se muestra optimista sobre Uganda, en parte porque cree que los tribunales anularán la Ley contra la Homosexualidad. Otros piensan que la amenaza de sanciones y penas ha dificultado que los jueces deroguen la ley sin que parezca que cedieron ante la presión extranjera.

En cualquier caso, es posible que la nación ya sirva de advertencia para otros países africanos que están considerando la posibilidad de promulgar leyes contra los homosexuales. Un legislador de Kenia propuso una ley draconiana, pero los observadores políticos afirman que es poco probable que el Parlamento la apruebe o que pueda superar al poder judicial que tiene una independencia relativa. Además, las tendencias generales en África apuntan hacia la tolerancia. En la última década, seis países africanos legalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo.

Uganda corre el riesgo de convertirse en un caso atípico. Esto afecta a Azarwagye, propietario de la empresa de safaris que perdió su negocio cuando se aprobó la ley antigay. A principios de diciembre, trasladó su oficina fuera de la ciudad, en parte para conseguir un alquiler más barato.

“Nadie se ha puesto en contacto”, dice de los cerca de 60 clientes que dejaron de comunicarse con él este verano. “La mayoría de los que me ignoran, se van de vacaciones a países vecinos, como Kenia”.

David Segal es reportero de la sección Negocios y está radicado en Londres. Más de David Segal.


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