Las manifestaciones comenzaron en el país poco después de que, el 7 de diciembre, las autoridades detuvieran a Castillo por cargos de rebelión. Algunas protestas en el último mes han sido pacíficas; en otros casos, los manifestantes han usado hondas para arrojar piedras, bloquear carreteras en vías cruciales, quemar edificios gubernamentales y tomar aeropuertos.
Cuando la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo, declaró en diciembre el estado de emergencia, los militares salieron a las calles para mantener el orden.
La violencia del lunes eleva el número de fallecidos a nivel nacional desde la destitución de Castillo a al menos 46 personas, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Todos los muertos han sido civiles, aseguró el organismo: 39 personas que murieron en medio de las protestas y siete que fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con el caos o como resultado de los bloqueos de los manifestantes.
Cientos de policías y civiles han resultado heridos.
En ese recuento no fue incluido el cuerpo de una persona hallada muerta en dentro de un vehículo policial incendiado en Juliaca el martes, luego de que el ministro del Interior dijera que el auto había sido atacado.
Las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en el que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias , y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.
El domingo, simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha de Brasil, asaltaron el Congreso y otros edificios de la capital, impulsados por la creencia de que las elecciones que Bolsonaro perdió en octubre habían estado amañadas. En la vecina Bolivia, estallaron protestas en Santa Cruz, centro económico del país, tras la detención del gobernador de la oposición, cuyos partidarios afirman que está siendo perseguido por el gobierno en el poder.