Las editoriales tradicionales interpusieron la demanda contra el archivo por su servicio de préstamo de corta duración de sus libros escaneados (incluidos, para el descontento de sus autores, algunos títulos de reciente publicación). El tribunal dictaminó que el archivo debe dejar de prestar libros protegidos por derechos de autor. Se está tramitando un recurso, pero si la sentencia se ratifica, podría reducir gravemente la capacidad del archivo y otros organismos similares de defender el acceso público a la información frente a la invasión de las plataformas privadas, según Kahle.
Toda revolución tecnológica conlleva una pérdida. Sócrates advirtió en el Fedro de Platón que el invento de la escritura destruía la memoria, al hacer que las personas puedan “tenerse ya por sabias”, las cuales “no serán más que ignorantes”. Más recientemente, la máquina de escribir permitió producir mucho más papeleo, lo que suscitó una profunda inquietud por el número de documentos extraviados, traspapelados y desaparecidos. Las actuales sociedades digitales repiten estos patrones históricos de pérdida, abandono y entropía. Sin embargo, también han entrado en escena nuevos actores y dinámicas. Ahora el ámbito público tiene una existencia precaria a merced de las empresas matrices de las redes sociales. Y, cada día, corporaciones como Amazon, Alphabet y Meta extraen nuestros datos, los almacenan y los convierten en activos que monetizan bajo unos dudosos sistemas de cesión del consentimiento.
Que unas decisiones fundamentales sobre mantener o destruir los datos estén en manos de actores con fines de lucro, con aspiraciones autocráticas u otros fines interesados tiene enormes consecuencias, no solo para las personas, sino también para la cultura en general.
En muchos casos, la pérdida de datos repercute en la producción cultural, la escritura de la historia y, en definitiva, la práctica de la democracia. Algunos políticos —incluidos los que supervisan la financiación de los archivos digitales— tienen unas dudosas relaciones con las buenas prácticas de mantenimiento de los registros. Varios funcionarios públicos británicos han sido acusados ante los tribunales de gobernar mediante WhatsApp, y de servirse de aplicaciones de mensajería con funciones de borrado automático para evitar la supervisión y la rendición de cuentas. La primera ministra de Dinamarca se vio envuelta en un escándalo similar en 2021.
Las empresas tecnológicas también tienen un historial de políticas cuestionables en torno a los datos, la moderación de contenidos y la censura. Tienen sus propios motivos —entre ellos, un modelo de negocio basado en la generación de diferentes reservas de datos y en la obsolescencia del hardware y el software— y habitan un complejo ecosistema político y regulatorio. Ese ecosistema suele ofrecer incentivos perversos tanto para maximizar los beneficios mediante el almacenamiento selectivo de los datos como para reducir las responsabilidades regulatorias mediante la eliminación del acceso a otros datos. Las comunidades marginadas pueden ser especialmente vulnerables. Durante las manifestaciones de Black Lives Matter de 2020, algunos activistas acusaron a redes sociales como Facebook de censurar sus publicaciones. Cuando la plataforma retira contenido para adultos, afecta desproporcionadamente a las comunidades queer. Y, en las zonas en conflicto, los regímenes y los sistemas de moderación de contenidos eliminan con frecuencia contenidos que podrían constituir pruebas cruciales para la investigación sobre crímenes de guerra.