En un albergue de Ciudad de México, la monja encargada de las instalaciones tuvo que hacer otro anuncio difícil para las madres y los niños que llegaban el miércoles: no había más espacio. En ese centro, construido para albergar a 100 usuarios, ya estaban hacinadas 500 personas migrantes.
Cerca de la frontera sur de México con Guatemala, un grupo de personas frustradas asaltó el lunes una oficina de ayuda a los refugiados tras esperar semanas a que les dieran cita para recibir los documentos necesarios que les permiten viajar a las regiones ubicadas más hacia el norte.
Y en Tijuana, casi todos los 32 refugios de la ciudad estaban al máximo de su capacidad esta semana, mientras personas de casi 70 países esperaban una cita de asilo en Estados Unidos o la oportunidad de cruzar la frontera de manera desapercibida.
Escenas similares se están produciendo en todo el país a medida que el sistema de inmigración de México se ve sometido a una marea de personas desesperadas que intentan llegar al norte. El incesante flujo ha originado una respuesta heterogénea en México que va desde el cierre de las vías férreas que se dirigen al norte hasta el traslado de personas en autobús hacia zonas con menos población migrante.
Las autoridades estadounidenses también se enfrentan a una nueva oleada de cruces ilegales en la frontera que pone a prueba los recursos del gobierno y dificulta las labores de las autoridades locales mientras miles de migrantes son liberados de la custodia federal. El miércoles, miles de personas cruzaron hacia Eagle Pass, Texas, lo que hizo que el alcalde de esa ciudad se viera obligado a declarar el estado de emergencia y desplegara 800 militares en activo para ayudar a procesar las llegadas.
En México, las personas procedentes de Sudamérica están superando a las de Centroamérica por primera vez desde que se registran esos datos.
Las autoridades mexicanas registraron 140.671 migrantes procedentes de países sudamericanos en los primeros siete meses del año, con cifras récord de personas de Venezuela y Ecuador, frente a 102.106 de Centroamérica.
Estos cambios en los patrones migratorios son especialmente visibles en la selva del Darién, la estrecha franja de territorio que conecta Colombia y Panamá. Venezolanos y ecuatorianos son las nacionalidades que más transitan por allí, donde el auge de los cruces de migrantes se ha convertido en un negocio multimillonario.
En 2022, casi 250.000 personas cruzaron la selva, un récord anual. Este año, esa cifra aumentó a 380.000 hasta el 18 de septiembre, según las autoridades panameñas.
Varios factores están impulsando el éxodo. En Venezuela, la economía ha vuelto a entrar en crisis tras haber dado muestras de cierta mejoras desiguales. En Ecuador, la violencia relacionada con el narcotráfico se ha disparado, y el reciente asesinato de un candidato presidencial ha hecho que muchos ciudadanos no tengan esperanzas de que la situación mejore.
Las autoridades guatemaltecas afirman haber observado un notable aumento de personas en las últimas tres semanas y tienen previsto enviar más soldados y policías para reforzar la seguridad fronteriza.
Aunque no hay estimaciones oficiales, el Comité Internacional de Rescate afirmó que unas 5000 personas llegan diariamente al sur de México para ser procesadas por la agencia de ayuda a los refugiados en la ciudad de Tapachula. Se desconoce el número exacto de las miles de personas que eluden la oficina de refugiados y, de manera ilegal, continúan hacia el norte.
En lo que va de año, la agencia ha recibido la cifra sin precedentes de 99.881 solicitudes de asilo, según datos publicados por el gobierno. Se espera que México reciba un récord de 150.000 solicitudes de asilo en 2023, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2022, México tramitó 118.570 solicitudes.
Para Rafael Velásquez, director para México en el Comité Internacional de Rescate, lo más preocupante son las necesidades de las personas que ingresan por la región sur del país.
Comentó que su personal solía brindar orientación legal pero que ahora ven a gente pidiendo agua, comida y atención muy básica, “y eso es muy preocupante para nosotros”, dijo. Normalmente, en México los picos migratorios parecen reacciones en cadena de sur a norte, pero aseguró que están viendo concentraciones de migrantes simultáneamente en todo el país.
Según los expertos, la situación migratoria se complica aún más por el Instituto Nacional de Migración, el cual se ha visto afectado desde que un centro de detención de Ciudad Juárez se incendió ocasionando la muerte de 39 migrantes en marzo. Francisco Garduño Yáñez, director del organismo, se enfrenta a una acusación penal relacionada con el incendio, pero sigue dirigiendo el instituto. La mayoría de los centros de detención de migrantes están prácticamente cerrados a la espera de una revisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Además, la Suprema Corte de México dictaminó en marzo que es inconstitucional detener a las personas migrantes durante más de 36 horas porque ser indocumentado es una infracción administrativa, no penal.
Mediante una combinación de agentes de inmigración y decenas de miles de efectivos de la Guardia Nacional, México sigue impidiendo que un gran número de personas en todo el país se dirijan al norte: 317.334 en los siete primeros meses del año. Pero la mayoría son liberados en México: las deportaciones han caído un 55 por ciento, ubicándose en 34.557 durante los primeros siete meses de 2023, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del gobierno.
El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mundo ha adoptado un “enfoque equivocado” hacia la migración al centrarse en detener el flujo y militarizar las fronteras en vez de abordar las causas profundas que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
“La gente no sale de sus países por gusto, lo hace por necesidad”, dijo.
Aunque el instituto mexicano de migración no ha anunciado ningún cambio de política, abogados y trabajadores humanitarios afirmaron que los funcionarios rara vez detienen a las personas y, en cambio, las retienen temporalmente hasta 36 horas en autobuses o instalaciones improvisadas para enviarlas al sur donde las liberan con notificaciones de “salida voluntaria” en las que se les pide que abandonen el país. Pero la mayoría da media vuelta y vuelve a intentarlo.
“Mi sensación es que se lo están inventando sobre la marcha”, afirmó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración en México, refiriéndose a la agencia de inmigración del país. “Están inventando una serie de otras formas de disuadir a los migrantes”.
El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
En las terminales de autobuses de todo el norte de México, se ha ordenado a los trabajadores que dejen de venderles boletos a los migrantes debido a las amenazas que representan tanto las fuerzas del orden como los secuestros por parte de grupos del crimen organizado, según Ari Sawyer, quien investiga temas de fronteras en Human Rights Watch.
“Estamos viendo a la policía mexicana, la Guardia Nacional y agentes de migración subirse a los autobuses en los puestos de control”, dijo Sawyer.
Migrantes y trabajadores de las líneas de autobuses informan que los agentes les exigen a los migrantes un pago para poder continuar su viaje hacia el norte.
Según abogados y expertos en inmigración, los funcionarios migratorios también les exigen pagos a las personas durante las breves detenciones a bordo de los autobuses del Instituto Nacional de Migración. En algunos casos, les dicen a los migrantes que el bus va a una ciudad y luego los dejan en otro lugar sin avisarles.
El carácter impredecible del traslado de las personas en autobús por parte de los funcionarios se utiliza con mayor frecuencia para alejarlas de las zonas de alta concentración como Tapachula, y de las ciudades ubicadas en la frontera con EE.UU., así como de Ciudad de México.
Kuhner dijo que esta táctica sirve para agotar a las personas durante los múltiples viajes a través de México en los que se enfrentan a robos, extorsiones, secuestros y violencia sexual por parte de funcionarios y grupos del crimen organizado.
Recientemente, el Grupo México, que opera varios ferrocarriles en el país, detuvo temporalmente 60 trenes de rutas que van hacia el norte tras casi media docena de casos de personas que resultaron heridas o muertas al viajar de manera ilegal en los trenes. Los funcionarios de migración también anunciaron que aumentarán las inspecciones a lo largo de las líneas ferroviarias.
Las personas que intentan llegar al norte a menudo pasan días viajando en el tren de mercancías conocido como “La bestia” o “El tren de la muerte” porque muchos se han caído y han perdido miembros o han muerto. Ese tren los deja en Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera de El Paso, Texas.
La empresa emitió un comunicado el martes por la tarde diciendo que “suspenderá temporalmente sus operaciones en las rutas afectadas para proteger la integridad física de los migrantes”.
El Instituto Nacional de Migración dijo el miércoles que, en lo que va del mes, unos 3000 migrantes habían tratado de llegar a la frontera norte por tren. El organismo añadió que desplegará más agentes federales a lo largo de las rutas ferroviarias para disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas.
Estas peligrosas y agotadoras estancias en México hacen que muchas personas estén dispuestas a intentar la arriesgada travesía ilegal hacia Estados Unidos.
“Hemos llegado a un punto de quiebre”, dijo Sawyer. “La gente está perdiendo la esperanza”.
Emiliano Rodríguez Mega y Elda Cantú colaboraron con información desde Ciudad de México; Jody García desde Gotemburgo, Suecia; Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia; Aline Corpus desde Tijuana, y Eileen Sullivan desde Washington.