SAN ANTONIO — En junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un presupuesto que reservaba 12 millones de dólares a fin de crear un programa para transportar migrantes sin permisos y sacarlos de su estado. Lo presentó como lo más destacado del nuevo gasto estatal en materia de inmigración.
Pero tan solo tres meses después, el dinero se utilizaba en un lugar muy alejado de Florida, de una manera muy diferente: para reunir a los solicitantes de asilo venezolanos en las calles de San Antonio y enviarlos en aviones privados a Massachusetts.
Los vuelos del mes pasado, en los que viajaban 48 personas que habían migrado a Estados Unidos, atrajeron la atención internacional y fueron motivo de críticas por parte de los demócratas, además de varios recursos judiciales. DeSantis se adjudicó de inmediato el mérito de lo que parecía ser una maniobra política: arrojar a decenas de solicitantes de asilo a las puertas de los demócratas del noreste que se han resistido a los llamados para tomar medidas drásticas contra la inmigración.
Las autoridades de Florida han dado poca información sobre el programa o sobre cómo se diseñó. Pero ya han empezado a conocerse detalles de la misión clandestina que se llevó a cabo sin que ni siquiera el gobernador de Texas, Greg Abbott, también republicano, lo supiera: vuelos pagados con dinero del estado en una posible violación de la ley estatal que asignó el dinero; una compañía aérea de vuelos chárter vinculada políticamente al gobernador de Florida.
Y, en medio de todo ello, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que los investigadores creen que fue enviada a Texas desde Tampa, Florida, para llenar los aviones.
Hasta ahora, se sabía poco de la mujer que, según los migrantes, se identificaba solo por su nombre de pila, “Perla”, cuando los invitaba a subirse a los vuelos. Una persona de la Oficina del Alguacil de San Antonio con conocimiento sobre el asunto le dijo a The New York Times que la persona que se está investigando en relación con la operación es una mujer llamada Perla Huerta.
Huerta, quien fue médico de combate y agente de contrainteligencia, fue dada de baja el mes pasado después de dos décadas en el ejército de Estados Unidos durante las cuales tuvo varios despliegues en Irak y Afganistán, según los registros militares.
Un inmigrante venezolano que colaboraba con Huerta para reclutar a otras personas migrantes confirmó su identidad. Y un hombre en San Antonio a quien Huerta no logró captar la identificó en una fotografía durante una entrevista con el Times. Varias personas migrantes que fueron trasladadas en Martha’s Vineyard la fotografiaron en San Antonio cuando fueron reclutadas, según comentó Rachel Self, una abogada que representa a los migrantes. Los abogados que trabajan con ellas pudieron hallar coincidencias entre esas fotos y otras que hay en internet y en redes sociales de una mujer llamada Perla Huerta.
No fue posible contactar a Huerta por teléfono ni en su casa en Tampa.
El hombre que dijo haber trabajado con ella para ayudar a convencer a otros migrantes habló bajo condición de que no se usara su nombre debido a que se está investigando lo sucedido. Dijo que conoció a Huerta el 10 de septiembre afuera del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio.
Ella le pidió que la ayudara a reclutar a otros migrantes venezolanos como él. Pero dijo que se sintió traicionado, porque nunca mencionó que trabajaba para el gobierno de Florida. “También me mintieron. De haberlo sabido, no me habría involucrado”, mencionó y agregó que ella solo le dijo que “ella quería ayudar a la gente a ir al norte”.
La labor de trasladar en avión a los migrantes a Martha’s Vineyard parecía mucho menos organizada que el programa de más amplio alcance creado por Abbott en Texas que trasladó en autobús a más de 11.000 migrantes de su estado a tres ciudades del norte del país gobernadas por demócratas: Washington D. C., Nueva York y Chicago.
Pero el objetivo de ambos gobernadores era el mismo: llamar la atención sobre el gran número de migrantes que llegan a diario a la frontera sur sin permiso legal y obligar a los demócratas a ocuparse de los migrantes a los que dicen dar la bienvenida.
En el caso de los vuelos a Martha’s Vineyard, los registros del estado de Florida muestran que el 8 de septiembre se le pagaron 615.000 dólares a una empresa de vuelos chárter, Vertol Systems, y, menos de dos semanas después, otros 950.000 dólares. El primer pago fue por el “proyecto 1” y el segundo por “proyectos dos y tres”. Hasta este momento, las autoridades de Florida solo reconocieron los vuelos iniciales y no han dicho que haya planes para más vuelos.
El dinero para trasladar en avión a los migrantes provino de una asignación especial de 12 millones de dólares en el más reciente presupuesto estatal, esta partida le otorga fondos al Departamento de Transporte para crear un programa “que facilite el transporte de extranjeros indocumentados fuera del estado”.
El programa fue concebido como una medida para contrarrestar la cantidad de migrantes sin permiso legal que el gobierno federal llevaba en avión al estado. Hasta el mes de agosto, DeSantis dijo que los fondos aún no se habían utilizado, porque los grandes grupos adicionales de migrantes que se esperaban no se habían materializado.
El gobernador tenía la mirada puesta en el lugar al que llegaban la mayoría de los migrantes en un principio: Texas.
Varios legisladores estatales demócratas objetaron. “Ellos diseñaron este proyecto de ley, establecieron las reglas del juego y ni siquiera pueden cumplirlas”, dijo el senador demócrata estatal Jason Pizzo sobre el gobierno de DeSantis. Pizzo presentó una demanda en el tribunal estatal de Florida con la esperanza de hacer que el estado deje de gastar más dinero en ese tipo de vuelos.
No se han hecho públicos los contratos estatales que detallan el gasto, y poco ha dicho el gobierno de DeSantis sobre el papel desempeñado por las autoridades de transporte del estado en la organización o coordinación de los vuelos.
“Llevo demasiado tiempo en esto como para saber que el estado de Florida está siendo poco claro con toda intención en lo que respecta a este incidente”, dijo Michael Barfield, director de acceso público al Centro para la Rendición de Cuentas Gubernamental de Florida. “Creo que hay un mal uso de los fondos estatales”.
Vertol Systems, empresa fundada a mediados de los años noventa, ofrece servicios de mantenimiento y capacitación en aviación y sí trabaja para el gobierno de Estados Unidos. A lo largo de los años, la compañía ha ido relacionándose con los poderosos del Partido Republicano en Florida.
Los registros de juzgados muestran que Vertol fue representada en una ocasión de litigio por Matt Gaetz, ahora congresista republicano y aliado cercano de DeSantis. Otro abogado a quien la empresa recurrió para una serie de demandas, según con la información reportada en primera instancia por NBC News, fue Larry Keefe. Keefe ahora funge como el zar de seguridad pública de DeSantis y lidera los esfuerzos en materia migratoria.
Vertol y su jefe, James Montgomerie, también han hecho donativos a legisladores republicanos entre ellos Gaetz y el representante Jay Trumbull, quien encabezó el Comité de Asignaciones este año cuando los legisladores destinaron el dinero para un programa inicialmente destinado a reubicar a los inmigrantes de Florida.
Montgomerie no respondió a varios pedidos de comentario.
La historia del modo en el que los migrantes fueron reclutados para los vuelos la relataron decenas de ellos en entrevistas con abogados y periodistas después de llegar, desconcertados y con pocos recursos, a lo que comprendieron que era una isla turística remota.
Según cuentan la mayoría de ellos, una mujer llamada Perla se les había acercado en San Antonio para hablarles de vuelos gratuitos a Massachusetts.
La mujer les dijo que allá había trabajos y gente que les ayudaría, y proporcionó a los migrantes, en su mayoría indigentes, comidas gratuitas en McDonald’s y un lugar para alojarse en un hotel cercano, La Quinta Inn, antes del vuelo.
Cada uno de los migrantes recibió un fólder rojo con un mapa de Estados Unidos, en el que una flecha se extendía de Texas a Massachusetts. Otro mapa con la forma de Martha’s Vineyard tenía un punto que mostraba la ubicación del aeropuerto y otro punto para un centro de servicios comunitarios.
En el fólder también iba un folleto, al parecer falso, con el título “Beneficios para Refugiados Migrantes” en inglés y español. La portadilla proclamaba: “Massachusetts le da la bienvenida” y mostraba una bandera estatal desactualizada. En la parte posterior se incluían los nombres y número de teléfono de una iglesia, una sinagoga y una organización sin fines de lucro en Martha’s Vineyard.
El panfleto, revisado por el Times, también prometía “hasta ocho meses de asistencia en efectivo” para los refugiados “elegibles por ingresos” en Massachusetts, al parecer imitando las prestaciones que se les ofrece a los refugiados que llegan a Estados Unidos a través del programa oficial de reubicación del país, del que no formaban parte los venezolanos.
“Nos engañaron en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, y luego en Estados Unidos”, dijo Carlos Guanaguanay, de 25 años, quien fue abordado por la mujer de nombre Perla cuando recorría los pasillos de un supermercado cercano a un albergue donde se había estado hospedando en San Antonio.
Le había dicho que buscaba trabajo y ella le hizo una oferta que le pareció difícil resistir.
Había tardado un mes y 20 días en llegar a la frontera de Estados Unidos, dijo, con poca comida y sin lugar donde dormir y se entusiasmó ante la promesa de un transporte que lo llevaría a un lugar donde lo cuidarían y le ofrecerían un trabajo. “Podemos trabajar de lo que sea”, dijo Guanaguanay, dijo. “Estamos aquí por nuestras familias”.
Los hombres, mujeres y niños que se apuntaron para viajar, volaron desde San Antonio y aterrizaron primero en Crestview, Florida. Los migrantes no bajaron del avión, el vuelo hizo otra escala en Carolina del Sur antes de llegar a su destino final en Martha’s Vineyard el 14 de septiembre.
Una vez ahí, dijeron varios migrantes en entrevistas, unas camionetas que los estaban esperando los llevaron cerca de un centro comunitario, adonde se les dijo que tocaran la puerta. La mujer que abrió no sabía quiénes eran y tampoco hablaba español.
“Cuando abrieron sus teléfonos y pusieron Google Maps para ver dónde estaban y se dieron cuenta de que estaban completamente rodeados de agua… eso fue terrorífico”, dijo Dylan Fernandes, representante demócrata por Massachusetts, quien se reunió con algunos de los recién llegados. Algunos intentaron, en vano, hallar un puente.
Beth Folcarelli, directora del centro Martha’s Vineyard Community Services, dijo que estaba en su oficina hablando con un integrante del personal alrededor de las 3:45 p. m. cuando vio por la ventana a un grupo de personas que caminaban en dirección a la organización sin fines de lucro.
“Las personas que se acercaban parecían curiosas y buscaban ayuda”, recuerda. Salió a preguntar qué necesitaban.
Lo único que entendió fueron las palabras “Venezuela” y “refugiados”, así que regresó a toda prisa al centro para pedir ayuda a una gerente llamada Geany Rolanti, que habla español.
Al final, 48 personas de los vuelos, incluidos varios niños, se reunieron en el estacionamiento de la organización.
Los trabajadores de la organización estaban confundidos: ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron aquí?
Uno de los migrantes le dijo que les habían prometido que la organización comunitaria les ayudaría a conseguir vivienda y empleo.
Poco después, los migrantes recibían artículos de una tienda local de segunda mano, Chicken Alley: pantalones, camisetas, zapatos. Las tiendas de la zona donaron ropa interior. Una línea telefónica de la isla fue inundada con llamadas de personas que deseaban ayudar. Los donativos y los voluntarios llenaron la iglesia en la que los migrantes durmieron dos noches en catres.
La mayoría de los migrantes acabaron en una base militar en Cape Cod, donde dormían en cuarteles vacíos. Pero ninguno parece saber qué sucederá ahora.
Los miembros del personal del centro comunitario en Martha’s Vineyard lograron que un migrante llamado Pablo llamara a Venezuela, comentó Rolanti. El hombre parecía abatido.
“Mi amor, nos engañaron”, le dijo a su esposa, llorando sin poder controlarse. “Esta mujer nos mintió. Nos mintió”.
Frances Robles, Mike Baker y Remy Tumin colaboraron con este reportaje. Susan C. Beachy colaboró con la investigación.
Edgar Sandoval es un reportero de la sección Nacional, donde escribe de la gente y los lugares del sur de Texas. Antes fue reportero en diarios en Los Ángeles, Pennsylvania y Florida. Es autor de The New Face of Small Town America. @edjsandoval
Miriam Jordan es corresponsal en la sección Nacional. Cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India.
Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que abarca Florida y Puerto Rico. Escribe sobre noticias de última hora, política, catástrofes y las peculiaridades de la vida en el sur de Florida. Se unió al Times en 2017, tras una década en The Miami Herald.
J. David Goodman es jefe de la corresponsalía de Houston, que cubre Texas. Ha escrito sobre gobierno, justicia penal y el papel del dinero en la política para el Times desde 2012. @jdavidgoodman