Se esperaba que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajara a El Paso el lunes para un viaje previamente planificado.
Las imágenes de un gran número de migrantes, vadeando tramos bajos del Río Bravo en El Paso, recordaron inmediatamente momentos anteriores de crisis en la frontera sur, la más reciente en la pequeña ciudad de Del Río, Texas, donde más de 9000 migrantes, en su mayoría haitianos, se hacinaron en condiciones paupérrimas en un campamento temporal bajo un puente junto al río el año pasado.
Las escenas muestran cómo podría ser la situación cuando, la próxima semana, expire una política de salud pandémica conocida como Título 42. Las autoridades fronterizas se han estado preparando para ese momento. La política, iniciada por el gobierno de Trump y continuada por el presidente Biden en virtud de una orden judicial, ha permitido que las autoridades estadounidenses expulsen rápidamente a los migrantes, incluso a quienes solicitan asilo, para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus.
Sin embargo, Estados Unidos ve limitada su capacidad de expulsar a nicaragüenses en virtud de la autoridad de salud pública por razones diplomáticas. México no los acepta y el gobierno de Biden no puede enviar vuelos de repatriación. En consecuencia, la mayoría de los nicaragüenses detenidos son puestos en libertad condicional a corto plazo con un dispositivo de rastreo o enviados brevemente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde suelen ser liberados al cabo de unos días.
Con el tiempo, enfrentarán un procedimiento de expulsión ante un tribunal de inmigración. Los funcionarios de fronteras también podrían emitir una orden judicial y una fecha para comparecer ante el tribunal de inmigración, pero se trata de un proceso que puede durar unas dos horas para cada persona y provoca importantes retenciones, lo que contribuye al hacinamiento.
El grupo que llegó el domingo incluía migrantes que habían viajado desde varios países de Centroamérica y América del Sur, así como de Haití, y a los que se les había concedido un estatus legal temporal en México que les permitía viajar libremente por ese país durante 180 días, dijo Santiago González Reyes, responsable de las oficinas de derechos humanos de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso.