El empleado de mantenimiento de Carolina del Norte acababa de llegar para arreglar los desperfectos de una fuga. El adolescente de Georgia solo estaba buscando el departamento de su novia. La porrista de Texas buscaba su auto en un estacionamiento oscuro después del entrenamiento.
Cada uno se equivocó de dirección o abrió la puerta equivocada, y todos recibieron disparos. Cometieron errores inocentes que se convirtieron en ejemplos del tipo de equivocaciones mortales que pueden producirse en un país saturado de armas, ira y paranoia, y donde la mayoría de los estados le han otorgado más poder a los propietarios de armas con nuevas leyes de defensa personal.
En los últimos días, el tema de las balaceras por “estar en la dirección equivocada” suscitó protestas e indignación generalizada después de que el propietario de una vivienda en Kansas City, Misuri, le disparó a un joven de 16 años que tocó el timbre equivocado. Días después, una mujer de 20 años del norte del estado de Nueva York recibió un disparo mortal cuando ella y sus amigas se estacionaron en la entrada equivocada. En Texas, dos porristas fueron baleadas después de que una se equivocó de auto en un estacionamiento oscuro.
Sin embargo, muchos casos han suscitado menos atención. En julio de 2021, un hombre de Tennessee fue acusado de blandir una pistola y disparar después de que dos trabajadores de una compañía de televisión por cable entraron por error en su terreno. En junio, un hombre de Virginia fue detenido luego de que las autoridades aseguraron que disparó contra tres hermanos adolescentes que estaban perdidos e ingresaron en su propiedad por accidente.
“Aquí se dispara primero y se pregunta después”, señaló Justin Diepenbrock, residente en el condado de Polk, Florida, donde, según las autoridades, un padre y su hijo, que pensaban que era un ladrón, abrieron fuego el año pasado contra una mujer que estacionaba su auto después de trabajar durante la noche.
¿El catalizador? Los vecinos acusados del tiroteo habían visto a Diepenbrock a través de una cámara de timbre cuando entregaba medicamentos por error en su puerta principal, según los registros judiciales.
No se dispone de cifras exactas, pero estos tiroteos son relativamente poco frecuentes en un país con casi 49.000 muertes por arma de fuego al año. Sin embargo, quienes abogan por un mayor control de las armas afirman que son un ejemplo de la rapidez con que se recurre a las armas en Estados Unidos, y de cuán trágicos pueden ser los resultados.
Cada uno de estos incidentes ha sido el resultado de acontecimientos únicos. No obstante, activistas e investigadores afirman que se deben a una convergencia de factores de mayor envergadura: el aumento del miedo a la delincuencia y el consiguiente incremento de la posesión de armas, los discursos políticos cada vez más extremistas sobre las armas de fuego, el alarmismo en los medios de comunicación y las campañas de mercadeo de la industria armamentística que presentan las puertas de las casas en los suburbios como una barrera fortificada contra un mundo violento.
“Los grupos de presión dedicados a las armas quieren comercializarlas como algo necesario para defenderse: martillos en busca de clavos”, comentó Jonathan Lowy, abogado y activista contra la violencia armada que ha demandado a fabricantes de armas en nombre de las víctimas de tiroteos masivos y sus familiares.
Los grupos nacionales de defensa de los derechos de las armas guardaron relativo silencio tras el tiroteo de Kansas City, y muchos republicanos apoyaron de manera amplia la decisión del fiscal de presentar cargos. Cuando un periodista le preguntó por el caso, el senador republicano por Misuri, Josh Hawley, defensor acérrimo de las leyes stand your ground (“defender tu posición”), que permiten usar la fuerza letal en enfrentamientos, expresó su apoyo a los fiscales. Luego procedió rápidamente a desviar el tema hacia la anarquía en las grandes ciudades.
“No creo que el problema sean los propietarios de armas que cumplen con la ley”, afirmó Hawley. “Creo que el problema son los delincuentes que van y le disparan a la gente”.
La percepción de que la delincuencia, en especial los delitos violentos con armas de fuego, ha aumentado, no es un mito fabricado. Las tasas nacionales de homicidios han aumentado en aproximadamente un tercio desde 2019, según datos del gobierno, incluso teniendo en cuenta los modestos declives en la cantidad de tiroteos fatales en los últimos 18 meses.
Además, algunos en los últimos meses los delitos contra la propiedad que disminuyeron o se estancaron durante la pandemia de coronavirus han vuelto a incrementarse, siguiendo de cerca el aumento de la inflación: según el Consejo de Justicia Penal, los hurtos y asaltos en las principales ciudades aumentaron alrededor del 20 por ciento en la primera mitad de 2022, tras haber disminuido en los dos años previos.
La compra de armas aumentó durante la pandemia y los disturbios y manifestaciones a favor de la justicia racial tras el asesinato de George Floyd. Casi el 20 por ciento de los hogares estadounidenses compraron un arma entre marzo de 2020 y marzo de 2022, y alrededor del 5 por ciento de los estadounidenses compró un arma por primera vez, según una encuesta de NORC en la Universidad de Chicago.
Al mismo tiempo, estados republicanos como Florida y Texas aprobaron nuevas leyes que permiten a las personas llevar armas abiertamente, o portar armas ocultas sin la necesidad de un permiso.
Más de 30 estados también cuentan con leyes de “defender tu posición”. Hace poco, algunos estados han reforzado sus leyes de “doctrina del castillo”, lo que dificulta poder procesar a los propietarios que alegan haber actuado en defensa propia en un tiroteo.
“La gente se vuelve paranoica y se preocupa en exceso, y entonces alguien inesperado llega y les toca la puerta”, explicó Lowy, fundador de Global Action on Gun Violence, un grupo de control de armas con sede en Washington.
Byron Castillo, de 51 años, sabe lo que es ser esa persona inesperada que toca la puerta.
En la mañana del 30 de enero de 2020, Castillo dice que lo enviaron a un apartamento en un segundo piso en High Point, Carolina del Norte, para reparar y volver a pintar los daños causados por una fuga en la cocina. Se anunció como el obrero de mantenimiento y tocó tres veces. El inquilino respondió abriendo la puerta y disparándole a Castillo en el estómago sin pronunciar una sola palabra de advertencia, contó.
Castillo se arrastró hasta su camioneta y condujo hasta la oficina administrativa del complejo de apartamentos, donde colapsó en el suelo mientras esperaba una ambulancia. Pasó un mes en el hospital y otros cinco meses recuperándose en su sofá, tratando de recuperar la fuerza en las piernas y sobrellevar el dolor en el pecho, donde los cirujanos lo habían abierto.
Castillo dice que luego se enteró de que el trabajo de reparación había sido solicitado en un apartamento del primer piso.
El Departamento de Policía de High Point declaró que los fiscales se habían negado a presentar cargos. En un comunicado de 2020 reportado por los medios de comunicación locales, la policía dijo que “por circunstancias desafortunadas, el señor Castillo intentó ingresar por error al apartamento equivocado”, y que el hombre que le disparó pensó que era un ladrón.
Castillo todavía no lo puede creer.
“Llevaba mis brochas y rodillos en la mano”, dijo. “¿Cómo es que eso era una amenaza? ¿Pensó que podría matarlo con una brocha?”.
Más de tres años después, Castillo sigue haciendo pagos semanales mínimos de 30 dólares en sus facturas del hospital y todavía siente presión en el pecho a lo largo de su cicatriz quirúrgica. En cada nuevo trabajo de pintura o reparación, dice que camina por las casas vacías gritando su llegada y revisando cada habitación para asegurarse de que nadie lo esté esperando con un arma.
Algunos fiscales han presentado cargos en varios de los tiroteos de “dirección equivocada” que han sido noticia en los últimos años, en parte porque las víctimas claramente no tenían la intención de provocar un conflicto.
Kevin Monahan, de 65 años y el propietario de la casa en el norte del estado de Nueva York que le disparó a Kaylin Gillis, ha sido acusado de asesinato. Andrew Lester, de 84 años, el propietario blanco de una casa en Kansas City, Misuri, acusado de herir a Ralph Yarl, quien es negro, ha sido acusado de asalto y acción criminal armada; el fiscal afirmó que existía un “componente racial” en el tiroteo.
El efecto de las leyes de defensa propia que protegen a los propietarios y poseedores de armas es objeto de un intenso debate. Sus defensores sostienen que su mera presencia disuade los comportamientos delictivos o desórdenes civiles. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, invocó recientemente la ley estatal de “defender tu posición” para pedir a la junta estatal de indultos que anulara la condena de un hombre que en 2020 afirmó haber matado a un manifestante del movimiento Black Lives Matter porque se sentía amenazado.
Sin embargo, varios estudios a gran escala han sugerido que esas leyes tienen pocos beneficios, aumentan la probabilidad de violencia armada y podrían discriminar a los grupos minoritarios, sobre todo a los ciudadanos de raza negra.
Según el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, que apoya el control de armas, los tiroteos en los que personas blancas dispararon contra personas negras tenían casi tres veces más probabilidades de ser considerados “justificados”, en comparación con los casos en los que personas blancas les dispararon a otras personas blancas.
Un análisis de 2023 de una investigación académica reciente realizada por la RAND Corporation, que no pertenece a ningún partido, no encontró evidencia de que esas leyes tuvieran el efecto disuasorio que pregonan sus patrocinadores, y hubo algunos indicios, aunque no concluyentes, de que las leyes podrían explicar algunos aumentos en la violencia armada.
No hay estadísticas locales o nacionales fiables sobre el uso de armas de fuego en defensa propia, y el Centro de Investigación de Control de Lesiones de Harvard, que estudia los datos sobre delincuencia, descubrió que en realidad era más probable que las armas se usaran en suicidios, se dispararan por accidente, fueran robadas o se blandieran en disputas domésticas, que en la defensa contra un ataque externo.
Durante mucho tiempo, la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos defensores del derecho a las armas han rebatido esas afirmaciones citando encuestas que muestran un uso mucho mayor de las armas para la legítima defensa personal.
Alrededor de un tercio de los aproximadamente 16.700 propietarios de armas encuestados en un estudio dirigido por William English, profesor de la facultad de Negocios de la Universidad de Georgetown, afirmó que habían usado sus armas para defensa propia, lo que lo llevó a calcular que hasta 1,6 millones de personas en el país se había defendido con un arma ese año.
En Atlanta, los padres de Omarian Banks, de 19 años, afirmaron que su hijo no representaba ninguna amenaza cuando le dispararon en la puerta del departamento equivocado en una noche de marzo de 2019.
Era más de medianoche, y Banks estaba cansado tras trabajar un turno en McDonald’s, según explican sus padres. Así que, cuando lo dejaron en el complejo de departamentos de su novia, donde todos los edificio se ven casi idénticos, por accidente se acercó al departamento equivocado y comenzó a tocar la puerta.
Banks intentó disculparse por su error pero, según la policía y la novia de Banks, el inquilino del departamento, Darryl Bynes, le dijo: “Sí tocaste la puerta correcta”. Luego le disparó mortalmente. Bynes, de 32 años, será juzgado por asesinato este verano.
Según la familia, Banks quería trabajar como electricista junto a su padre y su hermano menor. En cambio, su madre y su padre dijeron que habían pasado los últimos días reviviendo su trauma tras ver la noticia de otro joven, esta vez en Kansas City, quien fue baleado tras presentarse en la dirección equivocada.
“¿Cuándo van a aprender?”, dijo la madre de Banks, Lisa Johnson-Banks. “Sé que la gente tiene derecho a proteger sus viviendas. Pero tómense un minuto, porque esa persona que piensan matar es el hijo de alguien”.
Mitch Smith, Jay Root e Isabella Grullón Paz colaboraron es este reportaje.
Jack Healy es un corresponsal radicado en Phoenix que cubre la política y el clima frenético del suroeste de Estados Unidos. Ha trabajado en Irak y Afganistán y se graduó de la escuela de periodismo de la Universidad de Misuri. @jackhealynyt • Facebook
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia. Se unió al Times en 2017 tras trabajar en Politico, Newsday, Bloomberg News, New York Daily News, Birmingham Post-Herald y City Limits. @GlennThrush
Eliza Fawcett es reportera de la redacción de la sección Nacional e integrante de la generación 2022-2023 de becarios del New York Times. @ElizaFawcett