Se ha documentado ampliamente que la burocracia de por sí lenta para recibir ayuda federal se retrasó después del huracán María en Puerto Rico, pero es importante señalar que los solicitantes también fueron objeto de un escrutinio excesivo. Un informe publicado hace poco por parte de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos mostró que FEMA impuso requisitos innecesarios a los residentes puertorriqueños. Luego del paso del huracán María, se les negó ayuda a cientos de miles de familias en la mayoría de los casos porque no podían proveer el título de propiedad de sus hogares, aunque este no es un requisito para obtener ayuda y varios otros documentos pudieron haberse aceptado.
Al final, solo el 40 por ciento de los hogares que solicitaron la ayuda de FEMA tras el huracán María recibieron algún apoyo, y solo poco más del uno por ciento recibió el pago máximo. Eso no toma en cuenta a los miles que no pudieron solicitar la ayuda en absoluto porque se perdieron en el laberinto burocrático.
FEMA también siguió procedimientos excepcionales en Puerto Rico que no se usan en los 50 estados, con el propósito de facilitar la recuperación y poder implementar mejoras de construcción. Esos procedimientos terminaron siendo innecesariamente burocráticos y onerosos para los gobiernos locales, lo cual provocó retrasos en la construcción de infraestructura esencial, como un hospital muy necesario para el municipio isleño de Vieques, donde actualmente no hay acceso directo a la atención de emergencia.
De manera similar, la Ley Jones retrasó la llegada de suministros de emergencia como el diésel e infló sus costos en un momento de necesidad crítica. Le tomó una semana al gobierno de Biden aprobar una exención temporera luego de Fiona pero, para entonces, muchas empresas, como el supermercado de mi madre, habían comenzado a cerrar porque no podían alimentar sus generadores.
Algunos creen que exigir un trato igualitario para Puerto Rico tras los desastres es la clave para resolver sus problemas actuales, pero igualdad no es lo mismo que justicia. Y en todo caso, sabemos que, incluso dentro de los 50 estados, la ayuda por desastres no está exenta de desigualdad estructural.
Biden dio una conferencia de prensa en el pueblo de Ponce la semana pasada, rodeado de cables eléctricos, presumiblemente para señalar su compromiso con la reconstrucción y modernización de la red eléctrica en Puerto Rico. Sin embargo, muchos comienzan a preguntarse si sus promesas son poco más que teatro político. Cinco días después de su visita, los vecinos acudieron a las calles para protestar por los continuos cortes de energía y la falta de agua corriente.
Los residentes con los que he hablado dicen que aún no han visto a los equipos de LUMA Energy, la compañía eléctrica que trabaja en la zona. En cambio, la empresa interpuso un recurso legal contra los alcaldes que trabajan para restaurar la energía en sus municipios.