Omar Coronel, quien estudia las protestas y los movimientos sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que el discurso en torno a los actores ilegales que financian las manifestaciones se ha utilizado desde la década de 1990 para deslegitimar las protestas que normalmente carecen de una organización centralizada.
En medio de las manifestaciones actuales, dijo que las empresas y las organizaciones comunitarias han financiado a veces el transporte, la comida y el alojamiento de los manifestantes que se dirigían a Lima. A menudo consideran el apoyo como “un asunto de responsabilidad social local, apoyar las protestas” en zonas que ya se están manifestando, “para quedar bien con su comunidad”, comentó.
Pero no ha visto pruebas de que los grupos ilegales estén convenciendo a los peruanos para que salgan a las calles.
Las protestas, que comenzaron en las zonas rurales con el apoyo de los ciudadanos indígenas más pobres, han paralizado zonas del país, al cerrar carreteras, explotaciones mineras y el turismo. Las manifestaciones se han centrado no solo en Castillo, sino en la arraigada disfunción política —ha habido seis presidentes desde 2016— y en problemas profundamente arraigados de desigualdad entre los 33 millones de habitantes del país.
La tensión en Perú se ha visto exacerbada por la respuesta de otros líderes de izquierda latinoamericanos, varios de los cuales han anunciado su apoyo a Castillo y pedido su liberación.
El gobierno de Boluarte ha prohibido la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales, un incondicional de la izquierda, alegando que había entrado anteriormente en Perú “para efectuar actividades de índole política proselitista”.
El 13 de enero, Boluarte afirmó que las armas empleadas en las protestas procedían de Bolivia.
“Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú”, dijo en un mensaje a la nación. “Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas.”
Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia, y Mitra Taj, desde Lima, Perú.
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz