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De Instagram a la lista de terroristas de Rusia: el caso de Olesya Krivtsova

Sentada en una pequeña sala de juzgado al lado de sus dos abogados, Olesya Krivtsova se enfrentaba el mes pasado a una condena severa por su entusiasmo a publicar en las redes sociales. Con apenas 20 años y hasta este año estudiante universitaria en el norte de Rusia, fue acusada de “justificar el terrorismo” y “desacreditar a las fuerzas armadas rusas”, y estaba ante la posibilidad de pasar hasta una década tras las rejas.

¿Su presunto delito? Una publicación en Instagram en la que preguntaba por qué los ucranianos se habían alegrado cuando el puente principal hacia Crimea, ocupada por Rusia, fue atacado en octubre.

La publicación motivó la inclusión de Krivtsova en la lista oficial de terroristas y extremistas del Kremlin. Fue puesta bajo arresto domiciliario y se le prohibió usar el teléfono o internet.

Krivtsova no esperó al veredicto del tribunal: huyó del país recientemente.

“Decidí marcharme porque estaba desesperada”, dijo Krivtsova por teléfono el viernes 17 de marzo desde Vilna, Lituania. “Es imposible demostrar algo ante un tribunal ruso”.

A medida que el Kremlin intensifica su represión de la libertad de expresión, las plataformas de redes sociales se han convertido en un objetivo más frecuente de castigo. El gobierno sanciona cada vez más a quienes publican mensajes que considera que critican los combates en Ucrania, con multas, penas de prisión y, en casos extremos, con la pérdida temporal de la custodia de sus hijos.

Por ejemplo, en la región de Riazán, al sur de Moscú, los investigadores abrieron una causa penal contra un hombre que publicó un chiste sobre la retirada rusa de Jersón, en el sur de Ucrania. Un estudiante que dirigía un canal antibelicista en la aplicación de mensajería Telegram fue denunciado por el rector de su universidad debido a las publicaciones que criticaban la invasión de Ucrania por el Kremlin, así como las supuestas atrocidades rusas en Bucha y Mariúpol. Este mes fue condenado a ocho años y medio de reclusión en una colonia penal.

La represión en las redes sociales se produce en un momento en que Rusia también actúa contra activistas, grupos de derechos humanos y medios de comunicación que expresan o informan sobre sentimientos antibélicos, como parte de lo que, según los críticos, es un escalofriante esfuerzo de la propaganda del Kremlin por eliminar puntos de vista divergentes. La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó la visita a Moscú del máximo dirigente chino, Xi Jinping, para reforzar el mensaje del Estado.

“Esta es la lógica de la intimidación”, dijo Sergei Smirnov, editor jefe del medio de comunicación ruso Mediazona, que informa sobre el sistema de justicia penal del país. “Nos enfrentamos a un Estado policial que cree que simplemente hay que castigar con más severidad para que cada vez haya menos gente que exprese su opinión abiertamente”.

El caso de Krivtsova ha resonado entre los activistas por los derechos y los opositores a la guerra en Ucrania como un símbolo de valentía para los ciudadanos rusos, pero también como una advertencia para cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. Sus publicaciones —en una historia privada de Instagram que solo podían ver sus amigo— fueron denunciadas a las autoridades por sus compañeros de la Universidad Federal del Norte (Ártico), a algunos de los cuales conocía en persona.

“Entiendo que una persona se niegue a hablar por su seguridad, porque las consecuencias son graves no solo para ella, sino para toda su familia, para todos sus seres queridos”, declaró Krivtsova a los periodistas antes de una reciente audiencia judicial. “Todo esto por lo que estoy pasando ahora es horrible”.

La semana pasada, el gobierno ruso la incluyó en la lista federal de personas buscadas y un tribunal dictaminó que fuera detenida en ausencia, según los medios de comunicación rusos.

Casi 6000 rusos han sido acusados de desacreditar al ejército ruso desde la invasión, según OVD-Info, un grupo de defensa de los derechos que da seguimiento a la represión política. De ellos, más de 2000 casos están relacionados con comentarios publicados en las redes sociales, según el grupo.

Rusia tipifica la primera acusación como infracción administrativa, que suele conllevar una multa o una pequeña pena de prisión. Pero la reincidencia, que puede ser incluso por un comentario publicado en las redes sociales hace años, conlleva responsabilidad penal y una posible condena de 10 años.

En Rusia hay 447 acusados de actividades antibelicistas, según OVD-Info. La mayoría están acusados de “difundir información falsa”, pero Krivtsova y varias decenas más están acusados de “justificar, promover e incitar al terrorismo”.

Krivtsova dijo que se había dado cuenta de que sus posibilidades de ser exonerada se habían reducido considerablemente cuando se reportó que se habían comprado unos boletos de tren a su nombre. Krivtsova negó haber comprado los boletos y afirmó que creía que los servicios de seguridad lo habían hecho para dar a entender que su intención era escapar. La fiscalía no pudo proporcionar ninguna prueba que demostrara que Krivtsova los había comprado.

Krivtsova aseguró que creía que la situación en Rusia seguiría deteriorándose durante algún tiempo.

“Cuando cometí este delito”, dijo, refiriéndose a la acusación de haber desacreditado a las fuerzas militares, “la pena era de tres años, ahora es de cinco. Y sé que las cosas van a empeorar, que habrá persecución penal no ya por expresiones públicas sino por las creencias privadas. Todo se está construyendo hacia eso”.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, el Estado ha impuesto límites aún más estrictos a la libertad de expresión. Ha prohibido sitios web y plataformas de redes sociales y tipificado como delito compartir información sobre la guerra que no provenga de una fuente estatal. Aunque Facebook e Instagram están prohibidas en Rusia, la gente todavía usa estas redes sociales a través de métodos alternativos, junto con Telegram y VKontakte.

Los largos brazos del Estado burocrático hacen cumplir las nuevas políticas, pero cuentan con la ayuda de ciudadanos, que fungen como sus ojos y oídos. Krivtsova dijo que no sabía que un grupo de estudiantes de su universidad había formado su propio grupo de chat para hablar de las conversaciones en chats de los estudiantes que se oponen a la guerra, con la intención de denunciarlos.

Poco después de que Putin ordenó la invasión a gran escala de Ucrania, Krivtsova publicó comentarios en las redes sociales condenando la guerra. El 9 de mayo, día en que Rusia conmemora su contribución a la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Krivtsova llevó su actividad un paso más allá: imprimió y distribuyó folletos por Arcángel, capital de la región del mar Blanco, en los que señalaba que en Ucrania seguían viviendo veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los cuales habían muerto bajo los bombardeos rusos. Pidió que se pusiera fin a la guerra.

Al día siguiente, funcionarios del Centro de Lucha contra el Extremismo la obligaron a “disculparse con las fuerzas armadas de la Federación Rusa ante las cámaras”, declaró. También la obligaron a escribir una confesión y la acusaron de “desacreditar” a las fuerzas armadas.

Krivtsova siguió manifestando sus opiniones en internet, algo que se toleraba antes de la invasión.

En octubre, tras el ataque ucraniano al puente de Crimea, que Rusia se anexionó de manera ilegal en 2014, Krivtsova escribió una publicación en la que trataba de entender el origen del regocijo de muchos ucranianos por el episodio, el cual Moscú considera un acto de terrorismo. En el chat grupal de sus compañeros apareció una captura de pantalla, con el comentario de que seguramente era ilegal.

“Denunciar es el deber de un patriota”, escribió uno de los estudiantes, según las capturas de pantalla de la conversación vistas por The New York Times.

Una amiga del grupo vio la conversación y se lo hizo saber. Sin embargo, Krivtsova no creyó que sus compañeros fueran realmente a denunciarla.

El director de su departamento alabó a los estudiantes que la denunciaron.

“La sociedad es un organismo social y se puede enfermar”, dijo Artyom V. Makulin, director del programa de Humanidades. “Toda sociedad tiene un sistema inmunitario”.

Dijo que creía que estudiantes como ella habían estado bajo la influencia de una “hipnosis ideológica”.

Krivtsova dijo que nunca había conocido a Makulin personalmente, pero aseguró que eso no le había impedido al director escribir una referencia personal negativa sobre ella para su comparecencia ante el tribunal.

En el campus de la universidad, la gran mayoría de los estudiantes entrevistados por un periodista de The New York Times dijeron que no conocían el caso de Krivtsova. Quienes sí lo conocían, afirmaron que no iban a discutir el tema de la guerra en línea o incluso entre sus amigos y compañeros de clase.

Un estudiante de historia de primer año, Aleksandr, quien no proporcionó su apellido por razones de seguridad, afirmó que era “más que aterrador” estudiar en un ambiente donde los estudiantes podían condenarte a años de prisión.

En Vilna, Krivtsova tiene mucho por hacer: encontrar un apartamento, un trabajo y ropa nueva, porque cuando se fue, trató de pasar inadvertida con una “chamarra espantosa, raída y masculina”. Dice que se ha hecho a la idea de que tal vez no vuelva a ver a su abuela.

Pero por fin tiene una cosa que no pudo tener en Rusia. En un video que publicó tras su huida, se mostró cortando el brazalete que llevaba en el tobillo durante el arresto domiciliario. En la otra pierna se pudo ver un tatuaje de una araña con la cara de Putin que decía “El Gran Hermano nos vigila”.

Krivtsova luego mostró un dibujo de unas esposas rotas acompañado de una palabra: “Libertad”.

Valerie Hopkins es corresponsal internacional de The New York Times y cubre la guerra en Ucrania así como Rusia y los países de la antigua Unión Soviética. @VALERIEinNYT


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