En junio del año pasado, LUMA, un consorcio de la empresa canadiense ATCO y Quanta Services, ubicada en Houston, fue contratada para trabajar con la AEE para gestionar la energía de la isla. Se suponía que iba a reducir los costos y realizar mejoras urgentes en la red eléctrica. Pero, a pesar de los apagones crónicos, este mes de junio pagué una factura del servicio eléctrico de 242 dólares, un enorme aumento en comparación con los 87 dólares que pagué en junio del año anterior. El asunto es que la mayor parte de la tarifa de LUMA por operar la red siempre se pagará sin importar si el trabajo se realiza bien o no. Hay escasa rendición de cuentas entre las partes involucradas en el acuerdo.
Sin embargo, hay motivos para tener esperanzas. Debido a que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, responsable de hacer cumplir la ley, permite una impunidad rampante, Washington ha comenzado a prestar atención a la situación. Una investigación en 2019 realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, tras el paso del huracán María, empleados de la AEE aceptaron o exigieron sobornos para restablecer el suministro eléctrico a residencias y negocios antes de atender lugares críticos como el Centro Médico de Río Piedras, en San Juan. La autoridad en materia de energía también administró de mala manera un almacén donde se resguardaban materiales que debieron haber estado disponibles para ayudar a restaurar la energía en la isla. Y durante seis años, se gastaron más de 300 millones de dólares de fondos públicos en consultores relacionados con la AEE.
El mes pasado, la exgobernadora Wanda Vázquez fue arrestada por cargos de corrupción, y al menos nueve alcaldes han sido acusados de corrupción. Entre ellos se encuentra Eduardo Cintrón Suárez, exalcalde del municipio de Guayama, quien en julio fue condenado a 30 meses de prisión por recibir pagos en efectivo a cambio de ejecutar contratos municipales y aprobar pagos de facturas a una empresa de asfalto y pavimentación. Se cree que muchos más están bajo investigación.
Los puertorriqueños no deberían tener que depender del gobierno de Estados Unidos para impartir justicia a nivel local. Nuestro propio sistema judicial debe erradicar la corrupción que amenaza con secar la isla. Eso podría hacerlo investigando y enjuiciando casos de corrupción para demostrar, que la isla puede por sí sola tomar las riendas de la justicia. Debería exigir que el gobierno federal lleve a cabo una reestructuración fiscal que establezca garantías que frenen la corrupción.
El huracán Fiona fue solo un huracán de categoría 1, razón por la cual nos ha tomado a muchos por sorpresa el nivel de destrucción que causó. Sabíamos que las cosas estaban mal, pero no habíamos entendido lo terriblemente mal que estaban. En los años transcurridos desde el huracán María, nuestra maltrecha infraestructura ha empeorado. Mis servicios de agua y energía eléctrica fueron restablecidos hasta el miércoles por la noche. Con otras tormentas batiéndose en el océano Atlántico, queda por ver por cuánto tiempo más tendré estos servicios. Por el momento 20 hospitales siguen funcionando con generadores por la falta de electricidad.
Lo más terrible de todo es que es nuestra propia gente la que nos roba y abusa de nosotros. La traición es tan maliciosa que me enoja tanto si pienso mucho al respecto. Estamos hartos de ser desplazados por extranjeros adinerados que acuden en masa a la isla para disfrutar de nuestras playas y obtener exenciones fiscales a las que no tenemos derecho. Estamos cansados de que los políticos se enriquezcan a nuestra costa. Estamos hartos de los apagones.