En lugar de una victoria política, la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país se ha convertido en un inconveniente para el presidente, en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia.
“Tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron”, dijo Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. “Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”.
La noche de septiembre de 2014 en que desaparecieron, los estudiantes, como parte de una tradición que, en buena medida, era tolerada por las empresas locales de transporte, habían tomado varios autobuses para trasladarse hasta una protesta en Ciudad de México que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968.
Pero los estudiantes fueron interceptados por pistoleros, entre ellos agentes de policía municipal que los obligaron a bajar de los vehículos, les dispararon a algunos de ellos y se llevaron al resto. Se sabe poco sobre lo ocurrido después de eso.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto manejó con torpeza la investigación, al producir una versión de los hechos llamada “la verdad histórica” que culpaba a los narcotraficantes y a los policías locales, y que los investigadores internacionales pusieron en entredicho. Incluso cuando surgieron pruebas que vinculan a las fuerzas federales de seguridad con la desaparición, la mayoría de los estudiantes nunca fueron hallados.
Para López Obrador, el caso tenía un significado especial.
Las víctimas, estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, una comunidad pobre en el sur de México, forman parte crucial de su base de apoyo. La investigación profundamente defectuosa realizada en el gobierno de Peña Nieto alimentó una ola de descontento más amplia dirigida contra la clase política mexicana, lo que favoreció la candidatura de López Obrador y ayudó a llevarlo al poder en 2018.