Cuando se cuenta con la población local, con las organizaciones de la sociedad civil, con los expertos técnicos y —cuando sea necesario— con los países vecinos en la toma de decisiones, se pueden lograr resultados notables. A la hora de elegir el emplazamiento de un repositorio a largo plazo para los residuos radiactivos de baja intensidad, los entes reguladores belgas otorgaron en 1998 capacidad de decisión a una amplia muestra representativa de partes interesadas públicas y privadas. Al final, eran dos localidades vecinas las que competían por ser el lugar y, en 2006, se aprobó una propuesta presentada por el municipio de Dessel. Después de años de estudio y aprobaciones medioambientales, se emitió un permiso definitivo este año. En Finlandia y Suecia se han seguido procesos parecidos.
El agua de Fukushima era una oportunidad de oro para Japón, no solo para ponerse a la altura de esos éxitos, sino también para establecer un nuevo modelo mundial para lidiar con las dificultades de desechar los residuos nucleares de forma transparente e inclusiva. En cambio, ha sido básicamente el gobierno el que ha tomado, anunciado y defendido enérgicamente su decisión.
Todo esto podría haber estado bien si no fuera porque Tepco y el gobierno japonés sufren un grave déficit de confianza a propósito de Fukushima. Durante la catástrofe de 2011, insistieron en restar importancia a los riesgos, no revelaron información crucial sobre las amenazas a la seguridad pública e incluso se resistieron a utilizar el término “fusión de núcleo”, a pesar de que era eso lo que ocurría. En las investigaciones independientes llevadas a cabo por una comisión oficial japonesa, el OIEA y otras instancias se atribuye gran parte de la culpa a una supervisión regulatoria deficiente y a la falta de preparación, a pesar del historial de terremotos y tsunamis en Japón.
Pero la desconfianza sigue ahí.
Tepco dijo durante años que su sistema de depuración reduciría 62 radioisótopos a unos niveles seguros o indetectables, y que solo quedarían los restos de tritio, una forma radiactiva del hidrógeno, y otros dos isótopos. Sin embargo, en 2018 se supo que el 70 por ciento de los tanques también contenían unos niveles de otras sustancias radiactivas superiores a los límites legales. Después de que se tomara la decisión del vertido en el mar, el equipo especial asesor del OIEA identificó una serie de problemas en el plan, la mayoría de los cuales fueron resueltos más tarde o se juzgó que no eran motivo suficiente para obligar a una reconsideración.
Algunos países como Corea del Sur, China y varios de las islas del Pacífico han sido especialmente críticos, y Seúl, en concreto, se ha quejado de no haber sido consultada por Tokio. Tras las recientes labores diplomáticas japonesas, Corea del Sur y Micronesia han dejado de oponerse. China, en cambio, ha redoblado sus críticas, y acusa a Japón de tratar el mar como una “alcantarilla privada”. El Foro de las Islas del Pacífico, que representa a 18 países —algunos de los cuales son sumamente conscientes del legado de las pruebas nucleares estadounidenses— mantienen su oposición.