CARACAS, Venezuela — Juan Guaidó saltó a la fama internacional en 2019 durante una eufórica protesta antigubernamental cuando dijo que el presidente autoritario de Venezuela era un líder ilegítimo y se proclamó como líder interino.
Fue una estrategia importante y audaz que contó con el respaldo de Estados Unidos, y decenas de otros países, y se convirtió en la amenaza más grave para el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro.
Pero el jueves, con Maduro aún en el poder, parecía que el mandato de Guaidó podría estar llegando a su fin.
En una votación realizada por la legislatura de la oposición —que desarrolla sus actividades en paralelo con el gobierno de Maduro— los propios colegas de Guaidó votaron de manera abrumadora para finalizar su gobierno interino.
La decisión no es definitiva: una segunda sesión programada para el 29 de diciembre tendrá que confirmarla, pero los analistas creen que la votación inicial se mantendrá.
Sin embargo, hasta ahora ha sido la señal más clara de que la mayoría de la oposición venezolana cree que Guaidó no puede lograr su principal objetivo (el derrocamiento de Maduro y la restauración de la democracia) y se debe implementar una estrategia diferente.
También fue un golpe para Estados Unidos, que apoyó firmemente a Guaidó y continúa considerándolo como el presidente interino del país, aunque otras naciones se han alejado de ese reconocimiento.
Un representante de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El jueves, un total de 72 diputados votaron a favor de eliminar el gobierno interino, mientras que 24 votaron en contra y nueve se abstuvieron.
En un mensaje dirigido a la opinión pública, los tres partidos políticos de la oposición que apoyan el fin del gobierno interino dijeron que el “proceso político” que comenzó hace cuatro años con el reconocimiento de Guaidó como presidente “no es percibido como una opción de cambio político real”.
La estrategia emprendida con Guaidó “no ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven a la democracia”, asevera el comunicado.
Venezuela ha estado sumida en una crisis económica, política y humanitaria desde 2014, liderada por un gobierno que reivindica ideales socialistas destruyendo las instituciones democráticas del país y sumiendo en la pobreza a gran parte del país. Siete millones de personas, una cuarta parte de la población, han huido en los últimos años, y un número creciente de ese éxodo se dirigió hacia Estados Unidos.
En 2019, Guaidó, un activista estudiantil convertido en legislador, tomó el mando de la Asamblea Nacional del país, que en ese entonces era la última institución importante del país controlada por la oposición.
En medio de protestas masivas contra el gobierno de Maduro, invocó un artículo de la Constitución que transfiere el poder al titular de la Asamblea Nacional, si la presidencia queda vacante.
Una elección de 2018 ganada por Maduro ya había sido declarada como una farsa por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y otros actores internacionales, y Guaidó usó eso para afirmar que el mandato del presidente era ilegítimo.
Muy pronto, Guaidó recibió un gran apoyo de los venezolanos, el reconocimiento diplomático de alrededor de 60 países y un firme respaldo estadounidense, y pudo unir temporalmente a la fracturada oposición del país. Por un momento, esa nación asfixiada por la represión y el colapso económico vislumbró algunas razones para mantener la esperanza.
Desde entonces, la oposición ha logrado que Maduro acepte entablar un diálogo político en México, que continuará el próximo mes después de haber estado estancado durante más de un año.
Como parte de esas conversaciones, Maduro acordó permitir que algunos fondos venezolanos congelados en el extranjero se utilicen como ayuda humanitaria para ayudar a aliviar el hambre y otras tribulaciones que enfrenta el país.
Si bien esto es visto como una concesión, la oposición todavía está lejos de su objetivo final: la destitución de Maduro. Los líderes opositores lo presionan para que permita condiciones libres y justas para celebrar una elección presidencial que ya está programada para 2024.
En los últimos años, la fortaleza de Guaidó residía en su reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos y sus aliados, pero las sanciones estadounidenses diseñadas para ayudarlo han destruido los ingresos del gobierno y obligaron a los ciudadanos a concentrarse en la supervivencia diaria, abandonando la movilización política.
Sus intentos para desencadenar un levantamiento militar terminaron consolidando el control de las fuerzas armadas por parte de Maduro.
“La oposición está haciendo un balance de su estrategia y se está dando cuenta de que el experimento del gobierno interino no funcionó”, dijo Geoff Ramsey, director para Venezuela de WOLA, una organización de defensa con sede en Washington.
Ramsey sostiene que el gobierno interino cada vez tiene menos relevancia en Caracas, la capital, y más relevancia en Washington. “Creo que, con el tiempo, el gobierno interino dejó de ser útil y es por eso que estamos viendo cómo la oposición venezolana busca nuevas formas de reestructurarse”, dijo.
Los nuevos gobiernos de izquierda en América del Sur también han comenzado a suavizar su enfoque hacia Maduro.
Bolivia reanudó relaciones normales con Venezuela tras la elección de Luis Arce en 2020. Perú hizo lo mismo el año pasado tras la elección de Pedro Castillo, quien fue destituido este mes tras intentar disolver el Congreso peruano. A principios de este año, el presidente argentino Alberto Fernández dijo que seguirá un camino similar.
Más recientemente, Gustavo Petro, el nuevo presidente izquierdista de Colombia, una nación que durante años ha sido la aliada más fuerte de Estados Unidos en América Latina, restableció relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Maduro, marcando un nuevo capítulo en el acercamiento global con Venezuela.
En una entrevista con The New York Times en su casa de Caracas, la capital, el año pasado, Guaidó dijo que la persecución implacable del gobierno había desmantelado a sus colaboradores y tenía como objetivo a su familia. Su jefe de gabinete y su tío pasaron meses detenidos. La mayoría de sus asesores y parientes cercanos huyeron del país.
“Lo peor”, agregó refiriéndose a su hija pequeña, “es tener que explicarle a una niña por qué la está persiguiendo la policía”.
Y agregó: “Es un sacrificio duro, pero lo haría de nuevo mil veces”.
Isayen Herrera reportó desde Caracas, Venezuela, y Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia. Genevieve Glatsky colaboró con la nota desde Bogotá.
Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes y da cobertura a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de trasladarse a Sudamérica, fue corresponsal nacional en el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz