En otras palabras, todo el sistema estaba tan saturado que la gente ni siquiera podía empezar. El centro de tramitación ya superaba su capacidad y, todos los días, la Patrulla Fronteriza enviaba aviones cargados de solicitantes de asilo a otros sectores.
Cuando los autobuses fletados llegaron al estacionamiento del centro de acogida, se anunciaron sus destinos. Con niños en brazos y sobres llenos de documentos, la gente salió y abordó. Las puertas cerraron como con un suspiro, y se fueron.
Nada de esto es gratis, ni siquiera barato: esta operación relativamente sencilla le costaba a El Paso entre 250.000 y 300.000 dólares al día. Una integrante del Ayuntamiento, Isabel Salcido, calculó que El Paso, con un presupuesto anual de 1200 millones de dólares, gastaría 89 millones de dólares en solicitantes de asilo en un año si el ritmo se mantenía.
La ciudad tiene derecho a recibir un rembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés), pero hay ansiedad y ambigüedad sobre si se podrá recuperar el dinero que se está gastando. El rembolso federal está destinado a pagar los gastos de solo el 30 por ciento del número total de personas a quienes están ayudando. El Paso confía en que FEMA haga una excepción. Cuando pregunté a la representante Veronica Escobar sobre las posibilidades de la ciudad, dijo que estaba optimista, pero añadió: “No puedo predecir el futuro”.
Salcido señaló que estaba empezando a recibir llamadas de alarma de algunos electores.
“Todos están muy presionados en este momento”, aseguró. “La gente está pensando en sus impuestos y en lo que están pagando. La presión financiera que tienen a nivel personal, y luego ver sus dólares irse de esta manera. Da miedo”.
Todas esas conversaciones acaban volviendo a Washington. Algunos lo dicen con diplomacia y otros no tanto, pero todos los que hablaron mencionaron la flagrante falta de orientación federal. Si no te gustan los autobuses, decían, sugiere otro plan.
“Si la gente no tiene dónde ir, ¿qué se supone que debemos hacer?”, preguntó Kari Lenander, directora ejecutiva de Border Servant Corps, quien gestiona el refugio de Las Cruces bajo Annunciation House. “Creo que todo el mundo le está dando vueltas a esa pregunta”. Los autobuses, explicó, no son políticos, más bien son “lo que se debe hacer”.