SAN LUIS DE PUÑA, Perú — En un mercado de ganado ubicado en lo alto de la Cordillera de los Andes en el norte de Perú, Estaurofila Cieza recordó la alegría que estalló en la región cuando un compañero campesino fue elegido presidente el año pasado.
“Celebramos toditos, todos hemos celebrado”, dijo Cieza. “Pensamos: ‘Por fin, alguien que sabe trabajar la tierra, va a estar con nosotros’”.
El año pasado, Pedro Castillo se convirtió en el primer presidente de izquierda de Perú en más de una generación después de hacer campaña con promesas de atender la pobreza que durante mucho tiempo los peruanos rurales han sufrido de manera desproporcionada y que empeoró con la pandemia.
Sin embargo, Castillo está sumido en una crisis que plantea múltiples preguntas sobre si su presidencia sobrevivirá. Los reveses del líder se producen mientras Perú enfrenta tribulaciones económicas que han afectado de manera especial a la base rural de Castillo.
En menos de un año y medio en el cargo, Castillo ha nombrado cinco gabinetes diferentes, ha enfrentado seis investigaciones penales y, el miércoles, enfrenta un tercer intento de juicio político en el Congreso, una institución que el líder peruano ha amenazado con disolver.
Los fiscales acusan a Castillo de liderar una organización criminal para lucrar con contratos del gobierno y de obstruir repetidamente la justicia, cargos que el presidente ha negado.
La joven democracia de Perú ya se ha visto afectada por años de grandes escándalos de corrupción que, desde 2016, han provocado que cinco presidentes pasen por el poder. El mandato de Castillo solo ha profundizado la sensación de que el sistema político del país está dañado.
Al mismo tiempo, las interrupciones en el suministro global por la pandemia y la guerra en Ucrania han elevado la inflación del país a la tasa más alta en décadas, aumentando las posibilidades de disfunción política en una nación donde una cuarta parte de la población de 33 millones vive en la pobreza.
Naciones Unidas advirtió el mes pasado que Perú tiene la tasa más alta de inseguridad alimentaria en América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente.
A diferencia de otros líderes que han formado parte de una tendencia izquierdista reciente en América Latina, Castillo nunca fue muy popular entre muchos votantes.
Proviene de una familia de campesinos que tuvo nueve hijos y creció en una zona sin sistemas de alcantarillado y lejos de hospitales y escuelas bien equipadas. Castillo era un campesino que criaba ganado para complementar sus ingresos como maestro de escuela, antes de postularse para el cargo.
“Outsiders en el Perú han habido bastantes, pero ninguno ha sido alguien que esté tan alejado de los centros de poder”, dijo Mauricio Zavaleta, un analista político peruano.
Durante su campaña, Castillo generó expectativas en el Perú rural hablando de cambios estructurales y haciendo diversas promesas como cambiar la Constitución del país, nacionalizar la extracción de recursos naturales y duplicar el gasto en educación.
En la primera ronda de las elecciones sobresalió entre 20 candidatos al ganar una ventaja sorpresiva con el 19 por ciento de los votos, luego de cortejar a los votantes desencantados con el liderazgo político tradicional. En la segunda vuelta, logró una estrecha victoria sobre Keiko Fujimori, una figura polarizadora e hija de un expresidente autoritario, Alberto Fujimori, quien está en prisión por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
Sin embargo, muchos de los seguidores rurales de Castillo ahora luchan para comprar bienes y servicios básicos y se han desilusionado con su desempeño.
Cajamarca, la región mayoritariamente rural que está localizada a unos 560 kilómetros al norte de Lima y donde Castillo nació y construyó su carrera, ha sido durante mucho tiempo una de las zonas más pobres del país.
En comunidades que se extienden desde la capital regional hasta el pequeño pueblo natal de Castillo, San Luis de Puña, simpatizantes como Cieza dijeron que esperaban más de él.
“Él dijo que iba a cambiar el país”, afirmó. “Nos ha engañado”.
Desde que asumió el cargo, Castillo inició una era caracterizada por frecuentes controversias y una torpeza notable, sin lograr avanzar mucho en sus múltiples promesas de campaña.
Ha designado a más de 80 ministros y, para muchos cargos, nombró a funcionarios que carecían de experiencia relevante.
Su administración no logró comprar fertilizantes para la mayor temporada de siembra del año, luego de que tres ofertas de empresas privadas fueran anuladas por negligencia y corrupción. Su gobierno también se ha demorado en los pagos en efectivo y los subsidios a los peruanos de bajos ingresos.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el Congreso, donde sus críticos alegan que no tiene capacidad moral para ser presidente.
El líder peruano niega haber actuado mal y denunció ser víctima de una “nueva modalidad de golpe de Estado” que, asegura, ha sido orquestada por fiscales, legisladores y medios de comunicación. Su administración ha dado un paso inicial para tratar de disolver el Congreso, en respuesta a la negativa de los legisladores a realizar un voto de confianza para su gobierno.
Guillermo Bermejo, congresista que es un aliado cercano de Castillo, dijo que los opositores del presidente no se detendrán hasta que devuelvan el poder a las élites tradicionales de Lima, la capital.
“Todos los apellidos rimbombantes del país han cortado el jamón durante 200 años”, dijo en una entrevista televisada el domingo.
Sin embargo, en las últimas semanas los camioneros y agricultores de las zonas rurales han protagonizado protestas por los altos precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes.
En Cajamarca, los agricultores dijeron que este año sembraron la mitad de papas que el pasado después de que los precios del fertilizante sintético más utilizado casi se triplicaron tras el comienzo de la guerra de Ucrania. El costo del aceite de cocina, el arroz y el azúcar se ha duplicado, lo que ha hecho que los peruanos más pobres no puedan adquirirlos. Los altos precios de los combustibles han encarecido el traslado de los productos a los mercados.
En una parte de Perú donde el eslogan de la campaña de Castillo, “no más pobres en un país rico”, solía ser aclamado, hoy provoca risas.
San Luis de Puña, la aldea rural donde nació Castillo, se encuentra a cinco horas en automóvil desde la capital regional a lo largo de caminos en su mayoría sin pavimentar que serpentean a través de montañas y valles verdes, minas de oro a cielo abierto y casas de adobe sin electricidad ni agua corriente.
Los ganaderos de la zona se quejan de la caída de los precios del ganado debido a un exceso de oferta porque las familias desesperadas que necesitan dinero venden sus animales. Las madres no pueden pagar los útiles escolares de sus hijos.
“Hay que trabajar más para poder comer un poquito menos”, dijo César Irigoin, de 67 años, agricultor en Tacabamba, el distrito que incluye a San Luis de Puña. Castillo “dijo lo contrario”, agregó.
Sin embargo, el mandatario tiene sus defensores.
“Dicen que es una mala persona”, dijo María Núñez, de 77 años, que vive en San Luis de Puña. “No. Él ha sido un buen ciudadano aquí en esta comunidad”.
Ella culpó de sus dificultades a las élites poderosas. “Lamentablemente no lo dejan trabajar como se debe”, agregó.
Aunque solo tiene 18 meses en el cargo, Castillo ya ha permanecido en el poder más tiempo de lo que muchos esperaban. Tres de sus sucesores fueron destituidos al comienzo de sus mandatos, en medio de una serie de escándalos de corrupción.
Castillo parecía encaminado a un destino similar. Pero los analistas dicen que la oposición ha fracasado en sus intentos de posicionarse como la mejor alternativa, comenzando por negarse a reconocer la victoria electoral del presidente el año pasado.
Durante semanas después de la votación, Fujimori trató de anular los votos de las zonas rurales en un intento fallido de invalidar los resultados, alegando, sin pruebas, que hubo fraude electoral.
Desde entonces, el Congreso ha impedido que Castillo viaje al extranjero para representar a Perú en asuntos oficiales, convirtiendo en un arma política una votación rutinaria y superficial que permite que un presidente viaje fuera del país. Los legisladores intentaron acusar a Castillo de traición por un comentario que hizo en una entrevista sobre querer darle a Bolivia una parte de la costa de Perú. Poco después, el mandatario se disculpó.
“Lo aborrecen, ¿no? Porque es de Tacabamba”, dijo Alicia Delgado, de 68 años, una agricultora que vive en el distrito de origen de Castillo, al señalar las raíces rurales del presidente en un país donde los peruanos rurales han enfrentado siglos de discriminación.
Aunque el índice de aprobación de Castillo se ha desplomado al 19 por ciento en Lima, en las zonas rurales todavía se mantiene en el 45 por ciento, solo cuatro puntos porcentuales menos que hace un año, según encuestas realizadas el mes pasado por el Instituto de Estudios Peruanos.
“El país está dividido”, dijo Segundo Huanombal, agricultor y carpintero de 50 años en San Luis de Puña. “¿Sabes por qué? Porque al pobre lo ven con diferencia, no nos consideran”.
Y agregó que mucha gente adinerada en Lima los ven “con indiferencia porque los campesinos somos de a pie, porque venimos cochinos de la chacra, pero si no fuera por el campesino ¿cómo viviría esa gente? ¿Cómo comerían?”.
Pero hay una clara sensación de consternación en esa zona, que alguna vez fue el bastión de Castillo.
En una tarde de noviembre, Heriberto Quintana, un campesino de la provincia de Chota, salió a patrullar con otros miembros de las rondas campesinas, unas patrullas de seguridad que están integradas por campesinos y actúan como una especie de policía local.
Quintana dijo que Castillo, quien formó parte de las rondas cuando era joven, ha usado su identidad campesina para obtener apoyo sin ayudar realmente a la población rural.
“Él realmente ofreció una cosa y está haciendo otra”, dijo. “Duele más cuando viene de alguien que te conoce”.