Sonia Aguilar Quispe, madre de dos niños pequeños, estudió en el extranjero y había vuelto a Perú a cuidar a sus padres. José Luis Aguilar Yucra trabajaba en una tienda de refrescos. Brayan Apaza Jumpiri tenía 15 años, estudiaba la secundaria y decía que quería unirse a la policía.
Los tres están en la lista de 48 personas civiles que perdieron la vida en las protestas contra el gobierno que se desataron en diciembre, luego de que el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido tras haber intentado disolver el Congreso.
La actual presidenta, Dina Boluarte, compañera de fórmula de Castillo, ha declarado en distintas ocasiones que las fuerzas de seguridad han actuado conforme a derecho y adjudicó las muertes a delincuentes armados infiltrados en las protestas. “Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, dijo Boluarte.
Pero una serie de videos, documentos oficiales, informes de balística, autopsias, entrevistas con expertos, familiares de las víctimas y testigos muestra algo diferente: que el ejército y la Policía Nacional emplearon fusiles de asalto y municiones letales en contra de personas que no estaban armadas y no representaban una amenaza.
Nuestros colegas Brent McDonald y Ainara Tiefenthäler analizaron imágenes y videos para este reportaje visual —con gráficos de James Surdam— que examina a detalle cómo murieron ocho personas en Ayacucho, Juliaca y Macusani.
“Comenzamos a recolectar videos e imágenes de redes sociales el 13 de diciembre, después de los primeros fallecimientos en Andahuaylas”, me dijo Ainara esta semana. “Era evidente que algo estaba pasando en el país, pero desde fuera la situación parecía muy compleja y caótica”.
El 9 de enero, en Juliaca, 18 personas recibieron heridas que acabaron con sus vidas. Era la jornada más cruenta hasta el momento y los periodistas se pusieron en acción.
“Analizamos los cientos de videos e imágenes que habíamos recolectado, hablamos con testigos y expertos, y solicitamos documentos”, contó Ainara.
Además de las imágenes y los testimonios, los reporteros se apoyaron en reportes de balística, necropsias, registros de armas. “Este fue un ejercicio de persistencia”, me dijo Brent, “al acudir a familiares, médicos, abogados defensores, fiscales”. Y añadió: “Sin los documentos, no podríamos decir con tanta certeza cómo murió cada persona”.
“Lo que empezó a surgir poco a poco de la evidencia”, recordó Ainara, “fue una explicación clara: que el ejército y la Policía Nacional utilizaron tácticas letales para reprimir las manifestaciones”.
Aguilar Yucra murió con una herida de bala en la frente de calibre correspondiente a un proyectil de 5 milímetros, un tamaño consistente con un fusil de asalto de fabricación israelí que los militares usan. Brayan recibió un disparo en la cabeza y estuvo tres días en coma antes de morir. Aguilar Quispe estaba en medio de una multitud cuando un proyectil le hizo añicos el cráneo.
“Una de las cosas que más me llamó la atención en este caso fue lo difícil que resultó encontrar a personas que quisieran hablar con nosotros”, me dijo Ainara. “Se notaba un ambiente intenso de miedo y la gente desconfiaba de los medios y temía represalias de las autoridades”.
Pese a ese escenario y a que muchas víctimas han sido tildadas de terroristas en la prensa local, añadió, “hubo personas valientes que compartieron documentos, videos e imágenes, y sus testimonios. Gracias a ellas pudimos llegar a la verdad”.
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