En la primera vuelta de las elecciones de Brasil este mes, las encuestas subestimaron significativamente el apoyo con el que cuenta el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha, y otros candidatos conservadores de todo el país.
Muchos integrantes de la derecha se pusieron furiosos y criticaron las encuestas por estar desconectadas del electorado brasileño.
Ahora, a instancias de Bolsonaro, algunos líderes políticos brasileños buscan tipificar como delito las predicciones incorrectas de una elección.
La Cámara de Diputados de Brasil ha acelerado un proyecto de ley que penalizaría la publicación de una encuesta que luego se compruebe que estuvo fuera de su margen de error. Se prevé que la Cámara Baja, controlada por los aliados de Bolsonaro, vote para aprobar la medida en los próximos días.
El contenido y destino finales de la propuesta de ley aún no están claros. Los líderes legislativos han insinuado que podrían cambiar algunos aspectos de la legislación, y las posibilidades de que se apruebe en el Senado, donde los oponentes a Bolsonaro son mayoría, parecen mucho menos certeras.
Sin embargo, independientemente del futuro de esa propuesta, tanto ese proyecto como otras iniciativas para investigar a las encuestadoras por sus recientes errores de cálculo forman parte de una narrativa más amplia promovida por Bolsonaro y sus aliados, sin aportar evidencias, según la cual la clase política y la izquierda de Brasil tratan de amañar las elecciones en su contra.
Por su parte, Bolsonaro optó por tildar a las empresas encuestadoras de “mentirosas” y afirmar que sus errores le dieron hasta tres millones de votos a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera ronda electoral, y ha abogado para que las firmas enfrenten consecuencias. “No es por haberse equivocado, ¿OK? Una cosa es cometer un error”, puntualizó. “Es por los delitos que cometieron”.
Bolsonaro no ha aclarado qué delitos considera que se cometieron.
La Asociación Brasileña de Empresas Encuestadoras declaró en un comunicado que estaba “indignada” por los intentos de criminalizar las encuestas que arrojan pronósticos equivocados.
“Iniciar este tipo de investigación durante el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, cuando las encuestadoras están realizando su trabajo, demuestra otro intento flagrante de obstruir la investigación científica”, aseveró el grupo.
Las firmas encuestadoras agregaron que su trabajo no era predecir elecciones, sino brindar un panorama general de las intenciones de los electores en el momento en que se realiza una encuesta.