TEMUCO, Chile — El pueblo mapuche rechazó a los invasores incas. También se defendieron de los colonizadores españoles. Y, siglos después, siguen dando la batalla por el reconocimiento de sus territorios en el Chile moderno.
Ahora, en lo que podría ser una de las mayores victorias de los grupos indígenas en la historia moderna, los mapuches están a punto de lograr mucho de aquello por lo que han estado peleando.
El domingo, los chilenos votarán una nueva Constitución que, de aprobarse, consagraría algunos de los derechos más amplios para los pueblos indígenas en cualquier lugar del mundo, según los expertos. Si el texto se aprueba, más de dos millones de chilenos indígenas, de los cuales el 80 por ciento son mapuches, podrían gobernar sus propios territorios, tener sus propios tribunales y ser reconocidos como naciones distintas dentro de Chile, un país de 19 millones de habitantes.
Pero esas reformas también se han convertido en la parte más polémica del proyecto constitucional y en un punto central de la campaña para rechazarlo. Los esfuerzos de la campaña parecen estar funcionando: la opción del rechazo lidera las encuestas previas al referéndum. Incluso el gobierno de izquierda gobernante ha prometido recientemente acotar algunos derechos indígenas, si se aprueba la propuesta, aunque no está claro cómo, o si, podría suceder eso.
“Cuando nos imaginamos este proceso constituyente, nunca nos imaginamos que esto iba a ser el elemento por el cual se iba a definir probablemente el resultado del plebiscito”, dijo Javier Couso, constitucionalista de la Universidad Diego Portales en Santiago, la capital.
La convención, elegida el año pasado para redactar la nueva Constitución de Chile, fue anunciada como uno de los órganos políticos más inclusivos del mundo. Tenía paridad de género y 17 de sus 155 escaños estaban reservados para representantes indígenas. Su primera presidenta fue Elisa Loncón, una lingüista mapuche que llevaba un traje tradicional en las sesiones plenarias y solía saludar a otros miembros de la convención en mapudungún, el idioma mapuche.
Los representantes indígenas dejaron su huella en el proyecto del texto. El primer artículo de la nueva Constitución declararía a Chile como un Estado “plurinacional”, lo que significa que diversas naciones serían reconocidas dentro de las fronteras del país.
Además, consagraría cuotas para los pueblos indígenas en todos los órganos electos, incluso a nivel nacional, regional y municipal. Los pueblos indígenas tendrían sus propios territorios autónomos y se les garantizaría la protección de sus tierras y los recursos naturales que albergan. Lo más controvertido es que un sistema de justicia indígena paralelo tomaría decisiones en los casos que no afecten los derechos fundamentales o los tratados internacionales firmados por Chile.
“Respecto a otros textos constitucionales, yo creo que efectivamente esta es una constitución que se pone en la vanguardia”, dijo Antonia Rivas, abogada y antropóloga que asesoró a varios representantes de los pueblos originarios en la convención. “Los derechos indigenas se fueron metiendo en todas partes del texto constitucional, porque se volvieron un principio orientador”.
En total, 56 de los 388 artículos propuestos abordan los derechos indígenas, dijo Sebastián Donoso, miembro de la junta del Instituto Nacional de Derechos Humanos del país. Algunos, como la demarcación de territorios autónomos o la decisión de qué casos serán juzgados por tribunales indígenas, deberán ser desarrollados por el Congreso si se aprueba el proyecto.
Muchos de los derechos en la Constitución propuesta ya existen en acuerdos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que fue firmada por 144 países, incluido Chile. Incluye derechos a la autodeterminación y solicita que los gobiernos obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los grupos indígenas antes de implementar leyes que puedan afectarlos.
El texto chileno obligaría al Estado a recibir realmente el consentimiento de los pueblos indígenas, y no solo tratar de obtenerlo, yendo más allá de lo que exige el derecho internacional.
Algunos derechos también existen en otros países con grandes poblaciones indígenas. El pueblo maorí de Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene cuotas en el Parlamento desde 1867. Bolivia y Ecuador también se definen como Estados plurinacionales.
Según algunas medidas, Estados Unidos está a la vanguardia de los derechos indígenas. “Aunque lejos de ser perfecto, no hay comparación en el mundo con el grado de poderes de autogobierno que tienen las tribus indígenas de Estados Unidos”, dijo Robert Williams Jr., un especialista en derechos indígenas de la Universidad de Arizona. “Nuestras tribus tienen sus propios tribunales, sus propias cárceles y jurisdicción sobre sus propios miembros”.
Pero el texto propuesto por Chile sería más completo en algunos aspectos. “La Constitución canadiense protege los derechos de los aborígenes y los tratados; el pueblo sami en Noruega, Suecia y Finlandia tiene sus propios parlamentos, y hay varias regiones con jurisdicción autónoma en México”, dijo Claire Charters, profesora de derecho indígena en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. “Pero el proyecto chileno reúne todo eso en una Constitución escrita, y eso es único”.
Es tan singular que ha desanimado a muchos chilenos: en una amplia encuesta reciente realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), un instituto de investigación chileno, la mayoría de los encuestados, mapuches incluidos, no estaban a favor de llamar a su país plurinacional, prefiriendo el término “multicultural” o sin hacer ninguna distinción.
Las críticas más duras se han reservado para el sistema jurídico paralelo propuesto.
“¿Por qué debería haber dos tipos de justicia si se supone que la justicia es ciega?”, pregunta un hombre en un anuncio de televisión financiado por opositores a la nueva Constitución. Cuando el líder de un grupo mapuche extremista fue arrestado la semana pasada, un senador de derecha afirmó falsamente que tal vez habría salido libre “en cuestión de minutos” bajo un sistema de justicia indígena.
“Se empezó esta idea de que los pueblos indígenas van a tener privilegios”, dijo Rivas. “La verdad es que los pueblos indígenas, históricamente y actualmente, son los más excluidos. Entonces que les digan que ahora van a ser la élite o los privilegiados, eso es muy doloroso”.
Más sorprendente aún es el rechazo, o al menos la ambivalencia, de algunos mapuches al proyecto.
“Nos están vendiendo un auto sin motor”, dijo Jaime Huenchiñur, líder de una asociación empresarial mapuche. “¿De qué nos sirve tener escaños reservados si muchos mapuche no tienen cómo comer?”. También dijo que el enfoque real debe estar en el desarrollo económico en las zonas mapuche.
En entrevistas con casi una docena de personas mapuches en Temuco y sus alrededores, un pueblo ubicado en el corazón del territorio tradicional mapuche al sur de Chile, muchos se mostraron escépticos sobre la política en general y dijeron que no habían decidido cómo votarían o si votarían.
Según la encuesta de CEP, solo el 16 por ciento de los mapuches confiaba en los representantes indígenas en la Convención Constituyente, muy por debajo de la proporción que dijo confiar en sus líderes locales o chamanes.
Sin embargo, muchos activistas mapuche han presionado por el reconocimiento de sus derechos, lo que se considera como un hito histórico en la convención. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos cuya constitución no menciona a los grupos indígenas, a pesar de que representan alrededor del 13 por ciento de la población, según el último censo de 2017.
En el siglo XIX, después de lograr la independencia de España, el Estado chileno estableció oficinas en Europa para atraer inmigrantes con el fin de poblar el sur, prometiendo darles tierras que afirmaba que estaban desocupadas, pero que a menudo pertenecían a los mapuches.
Decenas de miles de inmigrantes, especialmente de Alemania y Suiza, acudieron en masa a esos territorios fértiles. Los pueblos del sur de Chile tienen cervecerías con nombres como Kunstmann y cafeterías donde el pastel se llama kuchen, una palabra alemana.
“Mis nietos van todos al colegio alemán, hablamos alemán, somos luteranos”, dijo Rosemarie Junge, rectora de la Universidad Santo Tomás en Temuco. “El Estado de Chile lo permitió y resulta que a los grupos indígenas que estaban antes, no les permitieron hacer lo mismo durante décadas”.
Desde el retorno del país a la democracia en 1990, se han propuesto al menos una decena de reformas constitucionales en el Congreso para reconocer a los pueblos indígenas, pero todas han fracasado.
Lo que polariza aún más las cosas es un conflicto actual en el sur del país, que tiene sus raíces en una dictadura de casi dos décadas que terminó en 1990. En ese entonces, el régimen abrió grandes extensiones de tierra a la tala. Algunos grupos mapuche han incrementado los ataques contra la industria desde el retorno a la democracia.
El conflicto ha empeorado recientemente. El número de incidentes violentos registrados, incluidos incendios provocados contra camiones que transportan madera y ataques armados a los agentes de policía, aumentó de 150 en 2011 a más de 1700 el año pasado.
El nuevo gobierno de izquierda declaró el estado de emergencia en el sur en mayo y, semanas después, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile votó para declarar a cuatro grupos mapuche violentos como “organizaciones ilícitas de carácter terrorista”.
Pero algunos mapuches esperan que la nueva Constitución pueda traer más paz.
“¿Qué significa ahora que se apruebe?”, dijo Loncón. “Que es posible un Chile sin racismo, es posible una democracia inclusiva, y es posible ser distinto identitariamente y que eso no lesiona la unidad de este país sino que la enriquece”.
Jack Nicas colaboró en este reportaje desde Santiago de Chile.