En 2019, Luiz Inácio Lula da Silva pasaba 23 horas al día en una celda aislada, con una caminadora, de una penitenciaría federal.
El expresidente de Brasil fue sentenciado a 22 años de prisión por cargos de corrupción; una condena que parecía poner fin a la carrera histórica del hombre que alguna vez fue el león de la izquierda latinoamericana.
Ahora, libre de prisión, el exdirigente sindical vuelve a ser el centro de atención y trata de retomar el timón en la nación más grande de América Latina —con 217 millones de habitantes— con la misión de deshacer el legado del presidente Jair Bolsonaro.
Cuando dejó el cargo en 2011 después de dos mandatos, el índice de aprobación de Da Silva superaba el 80 por ciento. Pero luego se convirtió en la pieza central de una extensa investigación sobre sobornos gubernamentales que condujo a casi 300 arrestos, lo llevó a prisión y parecía relegarlo a la oscuridad.
Un regreso de Da Silva a la presidencia consolidaría su estatus como la figura más influyente en la democracia moderna de Brasil. Se trata de un extrabajador metalúrgico que estudió hasta el quinto grado, hijo de trabajadores agrícolas analfabetos, quien durante décadas ha sido una fuerza política y la figura que lideró un cambio transformador en la política brasileña, que pasó de los principios conservadores a los ideales de izquierda y los intereses de la clase trabajadora.
Como presidente de 2003 a 2010, la gestión de Da Silva ayudó a sacar a 20 millones de brasileños de la pobreza, revitalizó la industria petrolera del país y elevó a Brasil en el escenario mundial, llegando a organizar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Verano.
Pero también permitió que un gran sistema de sobornos se generara en el gobierno y muchos de sus aliados del Partido de los Trabajadores fueron condenados por aceptar coimas. Da Silva fue condenado por aceptar un condominio y renovaciones de empresas constructoras que licitaron contratos gubernamentales. En 2021, el Supremo Tribunal dictaminó que el juez de sus casos no fue imparcial y anuló sus condenas, aunque el fallo no declara su inocencia.
Desde hace mucho tiempo, Da Silva ha afirmado que los cargos son falsos.
En general, la campaña de Da Silva giró en torno a la promesa que ha formulado durante décadas: mejorar la vida de los pobres de Brasil. La pandemia azotó la economía del país, con una inflación que alcanzó los dos dígitos y el número de personas que padecen hambre se duplicó a 33 millones. También se comprometió a ampliar la red de seguridad, aumentar el salario mínimo, reducir la inflación, alimentar y proveer vivienda a más personas y crear empleos a través de grandes proyectos de infraestructura.
“Fue el presidente antipobreza y ese es el legado que quiere conservar si gana”, dijo Celso Rocha de Barros, un sociólogo que escribió un libro sobre el Partido de los Trabajadores.
Sin embargo, como sucede con la mayoría de los políticos exitosos, los discursos de Da Silva suelen ser cortos en detalles y extensos en promesas. Con frecuencia forja su retórica en torno a un enfrentamiento entre “ellos”, las élites, y “nosotros”, el pueblo.
“Es el candidato del pueblo, de los pobres”, dijo Vivian Casentino, de 44 años, una cocinera vestida con el color rojo del Partido de los Trabajadores, en un mitin celebrado el mes pasado en Río de Janeiro. “Él es como nosotros. Es un luchador”.