LIMA, Perú — A las afueras de un centro de detención al pie de la cordillera de los Andes, se ha formado un campamento en los últimos días, con hasta 1000 personas que han viajado cientos de kilómetros para exigir la libertad del detenido de más alto perfil: su expresidente, Pedro Castillo.
Se quedarán hasta que sea restituido, dijo una simpatizante, Milagros Rodríguez, de 37 años, o “empieza la guerra civil”.
Castillo, exmaestro de escuela y activista sindical que prometió luchar por los pobres, es el hombre en el centro del vertiginoso drama político de Perú, tras haber sido destituido la semana pasada después de que intentara disolver el Congreso y crear un gobierno que gobernaría por decreto. En pocas horas fue detenido, acusado de rebelión, y su vicepresidenta asumió el cargo.
Ahora, Dina Boluarte es la sexta presidenta en cinco años de un país sacudido por una larga historia de escándalos de alto nivel y profundas divisiones entre la población rural pobre y la élite urbana.
Durante una audiencia judicial virtual televisada en directo el jueves, un juez ordenó que Castillo permaneciera en prisión preventiva durante 18 meses mientras su caso seguía adelante. Castillo se negó a comparecer en la audiencia.
Lo que empezó como un traspaso de poderes relativamente pacífico ha estallado rápidamente en una violencia generalizada que ha dejado al menos 16 personas muertas, muchos de ellas adolescentes, y ha provocado ataques contra comisarías, juzgados, fábricas, aeropuertos y una base militar.
Al menos 197 civiles y más de 200 policías han resultado heridos en los enfrentamientos, según la Defensoría del Pueblo del país, que en un comunicado del jueves pidió a las fuerzas de seguridad que “el cese inmediato del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”.
El gobierno ha respondido a los disturbios imponiendo el estado de emergencia nacional, suspendiendo la garantía de muchas libertades civiles, incluida la libertad de reunión. En un esfuerzo por aplacar los disturbios, la nueva presidenta ha convocado elecciones anticipadas para diciembre de 2023, una medida que el Congreso está debatiendo.
Boluarte, antigua aliada de Castillo, está cada vez más enfrentada a los peruanos de las zonas rurales que votaron por ambos el año pasado. El jueves, su gobierno amplió el estado de emergencia, al imponer un toque de queda en 15 provincias.
“Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo”, dijo el jueves en una graduación de oficiales militares. “No hay espacio para el miedo sino para la valentía, la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos”.
Castillo es un izquierdista de familia campesina necesitada de la sierra andina que nunca había ocupado un cargo antes de llegar a la presidencia el año pasado.
Aunque Perú disfrutó de un largo periodo de éxito económico impulsado por las materias primas que sacó a millones de personas de la pobreza a principios de este siglo, esa riqueza no llegó a gran parte de las personas pobres del país, especialmente en las zonas rurales que lidian con la peor parte de la desigualdad crónica de Perú.
Según muchos manifestantes, las protestas por la destitución de Castillo crecieron tan rápido porque, independientemente de sus faltas, representaba la voz de una franja de la población que durante mucho tiempo se ha sentido marginada por las élites.
“Estoy en contra de que nuestros hijos no tengan las mismas oportunidades que los hijos de la clase alta”, dijo Delia Minaya, de 49 años, quien había viajado una hora en automóvil hasta el campamento que crece fuera del centro penitenciario, llevando consigo el desayuno para decenas de desconocidos.
Dijo que había pasado años trabajando en una fábrica de ropa —haciendo turnos regulares de 20 horas— para poder enviar a sus dos hijos a un colegio privado.
No es que fuera una partidaria acérrima de Castillo, dice. Pero él debería haber tenido la oportunidad de gobernar para gente como ella. “Me duele ver a mis hermanos que están luchando día a día por este maldito sistema que tenemos en el Perú”, dijo.
Algunos simpatizantes llegaron al centro de detención el 7 de diciembre, el día en que Castillo fue detenido. Desde entonces, han aparecido cada vez más y han convertido la zona en una localidad donde ahora viven algunas personas.
Hay una cocina comunitaria bajo una carpa azul, que sirve a unas 1000 personas al día, según un cocinero voluntario, con donaciones de verduras que sobresalen de bolsas de plástico a su alrededor. Un poco más allá, hay colchones donados apilados a una altura de al menos dos metros, mientras que alrededor cuelgan carteles hechos a mano que piden la libertad de Castillo.
“Congreso vende patria, el pueblo te repudia”, rezaba una pancarta frente al centro de detención.
El jueves por la tarde, una larga fila de agentes de policía montaba guardia, para proteger la gigantesca puerta del complejo. En la calle había tiendas de campaña. Varios manifestantes llevaban cascos de plástico para protegerse en caso de enfrentamiento con las autoridades.
“Estamos de luto por nuestro presidente”, dijo Rodríguez, una contadora que llegó de Junín, una ciudad a más de 320 kilómetros al noreste de Lima.
Bryan Pando, peruano de 29 años que vive en Buenos Aires, dijo que había volado a Lima la tarde en que se enteró de la detención de Castillo. Estudiante de medicina, vivía en el campamento desde entonces. Hace más de dos décadas, sus padres habían emigrado a Argentina “por la falta de posibilidades”.
Ahora, allá eran cómodamente de clase media, “y en este país”, dijo de Perú, “no ha cambiado casi nada”.
“Lamentablemente, estamos sumergidos en una corrupción muy profunda”, dijo. “Todos buscamos justicia”, dijo del grupo que se encontraba fuera del centro de detención. “Porque lo que le han hecho al presidente, el presidente de todos nosotros, han cometido una injusticia tremenda con él”.
Manifestante tras manifestante expresaron su profunda ira contra el Congreso y contra los medios de comunicación nacionales —a los que muchos llamaron “la prensa mercenaria”—, de los que afirmaban que funcionaban como representantes de los ricos.
Una mujer se jactó de haber iniciado incendios en la calle y volcado el automóvil de un periodista durante una protesta en Lima el día anterior. “Ya no hay negociación”, dijo.
Casi todos los entrevistados dijeron que creían que Castillo había sido manipulado para intentar disolver el gobierno. “Todo esto fue planeado”, dijo Pando.
Los manipuladores, dijo, eran “los oligopolios que existen en el país”.
El jueves se produjeron enfrentamientos entre la policía y las fuerzas de seguridad frente a dos aeropuertos, mientras que la oficina del Defensor del Pueblo contabilizó 113 bloqueos de carreteras y 56 marchas en todo el país, el mayor número diario desde que comenzaron las protestas.
Entre los muertos se encuentra una persona de 16 años que fue atropellada por un vehículo cuando los manifestantes levantaron un bloqueo en la región norteña de La Libertad.
El jueves, los manifestantes pararon y apedrearon una ambulancia que trasladaba a cuatro pacientes a un hospital de la ciudad amazónica de Puerto Maldonado.
El cierre de aeropuertos y carreteras ha dejado a los peruanos varados por todo el país, dejando que los alimentos destinados a la capital se pudrieran en las carreteras, mientras que muchos extranjeros quedaron atrapados en lugares turísticos como el Valle Sagrado, donde se encuentra Machu Picchu. Un turista, temeroso de quedarse en un pequeño pueblo sin suministros, dijo que caminó 34 kilómetros con su esposa y su hijo de 4 años para llegar a una comunidad más grande.
En un discurso ante los diplomáticos del país, la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, anunció que el país llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México de vuelta a Lima para protestar por lo que calificó de “intromisión en los asuntos internos de Perú”.
Días antes, los líderes de esos cuatro países habían emitido una declaración en la que condenaban la destitución de Castillo y parecían reconocerlo como presidente del país. Los cuatro países tienen líderes de izquierda y forman parte de una oleada de presidentes de esa tendencia elegidos en América Latina que han intentado unirse en torno a objetivos comunes, entre ellos arrebatar el poder a las élites.
En su discurso, Gervasi pidió “respeto irrestricto” a la ley. Sin eso, dijo, “la continuidad de la nación estará siempre en riesgo”.
Genevieve Glatsky colaboró desde Filadelfia.
Julie Turkewitz es jefa de la corresponsalía de los Andes, que abarca Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz