Era casi medianoche en Grand Rapids, Míchigan, pero dentro de la fábrica todo estaba lleno de luz. En una cinta transportadora, las bolsas del cereal Cheerios pasaban ante un grupo de jóvenes trabajadores. Una era Carolina Yoc, de 15 años, que el año pasado llegó sola a Estados Unidos para vivir con una pariente a la que no conocía.
Cada 10 segundos, aproximadamente, metía una bolsa sellada de plástico —llena de cereal— en una caja amarilla de cartón que pasaba ante ella. Puede ser un trabajo peligroso porque tiene contacto con poleas y engranajes que han llegado a arrancar dedos, incluso en una ocasión le desgarraron el cuero cabelludo a una mujer.
La fábrica estaba llena de trabajadores menores de edad como Carolina, que habían cruzado solos la frontera sur y que ahora pasaban las últimas horas del día inclinados sobre máquinas peligrosas, en violación de las leyes de trabajo infantil. En plantas cercanas, otros niños atendían hornos gigantes que fabrican barritas de cereales Chewy y Nature Valley y empaquetaban bolsas de Lucky Charms y Cheetos. Todos trabajaban para Hearthside Food Solutions, una empresa gigantesca que envía estos productos a todo el país.
“A veces me siento cansada, a veces me siento enferma”, dijo Carolina después de un turno, en noviembre. A menudo le dolía el estómago, y no estaba segura de si era por la falta de sueño, el estrés que genera el ruido incesante de las máquinas o por sus propias preocupaciones y las de su familia en Guatemala. “Pero me estoy acostumbrando”.
Estos trabajadores forman parte de una nueva economía de explotación: los niños migrantes, que llegan a Estados Unidos sin sus padres en cifras récord, están trabajando en algunos de los oficios más duros del país, según descubrió una investigación de The New York Times. Esta fuerza de trabajo clanestina se extiende por sectores de todos los estados, burlando las leyes de trabajo infantil que están vigentes desde hace casi un siglo. Tejadores de 12 años en Florida y Tennessee. Menores de edad que laboran en mataderos de Delaware, Mississippi y Carolina del Norte. Niños que aserran tablones de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur.
Procedentes en su mayoría de Centroamérica, los niños se han visto obligados a desempeñarse en esos oficios debido a la desesperación económica agravada por la pandemia. Esta mano de obra ha crecido lentamente durante casi una década, pero se disparó desde 2021, al tiempo que los sistemas implementados para la protección de menores han comenzado a fallar.
El Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, quienes describieron ocupaciones que los molían hasta dejarlos extenuados y que expresaron sus temores ante la posibilidad de estar atrapados en circunstancias que nunca se imaginaron. La investigación del Times también se basó en registros de tribunales e inspecciones y en entrevistas con cientos de abogados, trabajadores sociales, educadores y funcionarios que se encargan del cumplimiento de la ley.
En una ciudad tras otra, los niños friegan platos hasta altas horas de la noche. Manejan ordeñadoras en Vermont y reparten comidas en Nueva York. Cosechan café y construyen muros de piedra volcánica alrededor de residencias vacacionales en Hawái. Niñas de 13 años lavan sábanas en hoteles de Virginia.
En muchas partes del país, los profesores de secundaria y bachillerato de los programas de aprendizaje de inglés dicen que es habitual que, al terminar sus clases, casi todos sus alumnos salgan a toda prisa a cumplir con largos turnos.
“No deberían trabajar jornadas de 12 horas diarias, pero eso es lo que está pasando”, dijo Valeria Lindsay, profesora de lengua y literatura en Homestead Middle School, cerca de Miami. Lindsay comentó que, en los últimos tres años, casi todos los alumnos de octavo grado de su programa de inglés como segunda lengua, comprendido por unos 100 estudiantes, también desempeñaban la carga laboral de un adulto.
Según el análisis del Times, el trabajo de los niños migrantes beneficia tanto a las empresas que trabajan en negro como a las multinacionales. En Los Ángeles, niños zurcen las etiquetas de “Made in America” en las camisas de J. Crew. Hornean los panecillos de Walmart y Target, procesan la leche que se usa en los helados de Ben & Jerry’s y ayudan a deshuesar el pollo que se vende en Whole Foods. En otoño, alumnos de secundaria fabrican calcetines de Fruit of the Loom en Alabama. En Míchigan, menores fabrican piezas de automóviles para Ford y General Motors.
En 2022, los menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 130.000 —el triple que el número registrado cinco años antes— y se espera que este verano se produzca otra oleada.
No se trata de niños que hayan entrado al país sin ser detectados. El gobierno federal sabe que están en Estados Unidos, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) es el organismo responsable de garantizar que sus patrocinadores los mantengan y los protejan de la trata o la explotación.
Pero, a medida que llegan más y más niños, la Casa Blanca de Biden ha incrementado las exigencias de los funcionarios para que saquen rápidamente a los jóvenes de los centros de acogida y se los entreguen a adultos. Los asistentes sociales afirman que deben analizar a los patrocinadores de manera apresurada.
Aunque el HHS verifica el estado de todos los menores con una llamada un mes después de que empiezan a vivir con sus patrocinadores, los datos obtenidos por el Times muestran que, a lo largo de 2021 y 2022, la agencia no logró contactar a más de 86.000 niños. En total, el departamento perdió el contacto inmediato con un tercio de los niños migrantes.
Una portavoz de HHS dijo que la agencia quería liberar a los niños rápidamente, para garantizar su bienestar, pero sin comprometer la seguridad. “Hay numerosos lugares, a lo largo del proceso, para asegurar de manera continua que la colocación se hace para proteger el mejor interés del niño”, dijo la portavoz, Kamara Jones.
Lejos de casa, muchos de estos niños están sometidos a una intensa presión para ganar dinero. Envían sumas en efectivo a sus familias, y a menudo están endeudados con sus patrocinadores por los pagos que deben hacerles a los coyotes, el alquiler y los gastos de manutención.
“Se está convirtiendo en un negocio para algunos de estos patrocinadores”, dijo Annette Passalacqua, que dejó su trabajo como asistente social en Florida Central el año pasado. Passalacqua dijo que vio que muchos niños eran puestos a trabajar y se dio cuenta de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían poco interés en investigar esos casos, por lo que dejó de hacer denuncias. En vez de eso, se conformó con explicarles a los niños que tienen derecho a hacer pausas para comer y a cobrar horas extras.
Los patrocinadores tienen la obligación de enviar a los niños migrantes a la escuela, y algunos estudiantes hacen malabarismos para compaginar las clases y las pesadas obligaciones laborales. Otros, cuando llegan al país, descubren que han sido engañados por sus patrocinadores y no serán escolarizados.
El gobierno federal contrata a agencias de bienestar infantil para que hagan el seguimiento de algunos menores que se considera que están en alto riesgo. Pero los asistentes sociales de esas agencias afirman que el HHS suele ignorar los signos evidentes de explotación laboral. La agencia niega este señalamiento.
En entrevistas con más de 60 trabajadores sociales, la mayoría estimó de forma independiente que alrededor de dos tercios de todos los niños migrantes no acompañados terminan en trabajos de tiempo completo.
Un representante de Hearthside dijo que la empresa recurre a una agencia de empleo con el fin de suministrar algunos trabajadores para sus plantas de Grand Rapids, pero admitió que no le exigía a la agencia que verificara las edades a través de un sistema nacional que comprueba los números de Seguridad Social. Los niños migrantes no acompañados suelen obtener identificaciones falsas para conseguir trabajo.
“Estamos aplicando inmediatamente controles adicionales para reforzar el estricto cumplimiento por parte de todas las agencias de nuestro requisito habitual de que todos los trabajadores deben ser mayores de 18 años”, dijo la empresa en un comunicado.
Rick Angstman, el maestro de ciencias sociales de Carolina en la escuela Union High School, en Grand Rapids, ha visto el costo que sus alumnos pagan por las largas jornadas laborales. Dice que una de sus estudiantes, que trabajaba de noche en una lavandería comercial, empezó a desmayarse en clase por el cansancio y tuvo que ser hospitalizada dos veces. Como no podía dejar de trabajar, abandonó los estudios.
“Desapareció en el olvido”, dijo Angstman. “Es el nuevo trabajo infantil. Estás sacando a niños de otro país y sometiéndolos casi a un estado de servidumbre por contrato”.
Turno de noche
Cuando Carolina salió de Guatemala, no entendía realmente hacia dónde se dirigía, solo tenía la sensación de que no podía quedarse más tiempo en su pueblo. No había mucha electricidad ni agua y, tras el comienzo de la pandemia, tampoco había mucha comida.
Las únicas personas que parecían salir adelante eran las familias que vivían de las remesas de sus parientes en Estados Unidos. Carolina vivía sola con su abuela, cuya salud empezó a flaquear. Cuando los vecinos empezaron a hablar de irse al norte, ella decidió unírseles. Tenía 14 años.
“Solo seguí caminando”, dijo.
Carolina llegó a la frontera de Estados Unidos exhausta, pesando 38 kilos. Los agentes la enviaron a un centro de acogida del HHS en Arizona, donde un asistente social se puso en contacto con su tía, Marcelina Ramírez. Ramírez se mostró reacia al principio: ya había patrocinado a otros dos familiares y tenía tres hijos propios. Vivían con 600 dólares a la semana y no conocía a Carolina.
Cuando Carolina llegó a Grand Rapids el año pasado, Ramírez le dijo que iría a la escuela todas las mañanas y le sugirió que hiciera turnos de noche en Hearthside. Sabía que la niña necesitaba enviarle dinero a su abuela. También creía que era bueno que los jóvenes trabajaran. El trabajo infantil es la norma en las zonas rurales de Guatemala, y ella misma empezó a trabajar alrededor del segundo grado.
Hearthside, uno de los mayores fabricantes de alimentos de Estados Unidos, elabora y envasa productos para empresas como Frito-Lay, General Mills y Quaker Oats. “Sería difícil encontrar un pasillo de galletas dulces o saladas en cualquier tienda grande de comestibles que no tenga múltiples productos de las instalaciones de producción de Hearthside”, dijo un gerente de planta del área de Grand Rapids a una revista comercial en 2019.
General Mills, cuyas marcas incluyen Cheerios, Lucky Charms y Nature Valley, dijo que reconoce “la gravedad de esta situación” y que estaba revisando los hallazgos de la investigación del Times. PepsiCo, propietaria de Frito-Lay y Quaker Oats, declinó hacer comentarios.
Tres personas que hasta el año pasado trabajaban en una de las mayores agencias de empleo de Grand Rapids, Forge Industrial Staffing, dijeron que a veces los supervisores de Hearthside sabían que contrataban trabajadores jóvenes cuyas identidades habían sido marcadas como falsas.
“A Hearthside no le importaba”, dijo Nubia Malacara, una exempleada de Forge que dijo que también trabajó en Hearthside, cuando era menor de edad.
En un comunicado, Hearthside dijo “nos importa profundamente este tema y nos preocupa la caracterización errónea de Hearthside”. Un portavoz de Forge dijo que la empresa cumple las leyes estatales y federales y que “nunca emplearíamos, a sabiendas, a menores de 18 años”.
Kevin Tomas dijo que buscó trabajo a través de Forge tras llegar a Grand Rapids a los 13 años con su hermano de 7. Al principio, lo enviaron a una empresa local que fabrica piezas de automóvil para Ford y General Motors. Pero su turno terminaba a las 6:30 de la mañana, así que no podía mantenerse despierto en la escuela, y le costaba levantar las pesadas cajas.
“No es que queremos trabajar así. Es por la necesidad de ayudar a nuestras familias”, dijo Kevin.
A los 15 años, había hallado trabajo en Hearthside apilando cajas de cereales de 15 kilos en el mismo turno que Carolina.
‘Muchas señales de alarma’
El aumento del trabajo infantil migrante en Estados Unidos en los últimos años es el resultado de una cadena de ignorancia deliberada. Las empresas pasan por alto los rostros jóvenes en sus trastiendas y en sus fábricas. Las escuelas suelen negarse a denunciar las aparentes infracciones laborales, con la creencia de que perjudicarán a los niños más que ayudarles. Y el HHS se comporta como si los niños migrantes que entran en el país, por medio de procesos apresurados, estuvieran bien.
“Como gobierno, nos hemos hecho de la vista gorda ante su tráfico”, dijo Doug Gilmer, jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Birmingham, Alabama, una agencia federal que a menudo se involucra en casos de inmigración.
A Gilmer se le saltaron las lágrimas al recordar que había niños de 13 años trabajando en procesadoras de carne, y de 12 años laborando para proveedores de Hyundai y Kia, como documentó el año pasado una investigación de Reuters, y que jóvenes que deberían estar en la escuela secundaria hacen turnos en panaderías comerciales.
“Lo estamos detectando aquí porque aquí lo estamos investigando”, dijo Gilmer. “Está ocurriendo en todas partes”.
Durante décadas, los niños han cruzado la frontera sur por su cuenta y, desde 2008, Estados Unidos ha permitido que los menores que no son mexicanos vivan con patrocinadores mientras pasan por los trámites de inmigración, que pueden durar varios años. La política, codificada en la legislación contra la trata de personas, pretende evitar daños a los niños que, de otro modo, serían retornados y enviados solos a alguna de las ciudades fronterizas mexicanas.
Cuando, en 2010, Kelsey Keswani trabajó por primera vez como contratista del HHS en Arizona contactando a niños migrantes no acompañados con sus patrocinadores, dijo que casi siempre los adultos eran los padres de los niños, que habían pagado a contrabandistas para que los trajeran desde Centroamérica.
Pero alrededor de 2014, el número de niños que llegaban empezó a aumentar, y sus circunstancias eran diferentes. En los últimos años, “casi todos los niños tienen una deuda que pagar, y están muy estresados por eso”, dijo Keswani.
Y empezó a ver más fallos en el proceso de selección. “Había muchos casos en los que los patrocinadores se habían hecho cargo de varios niños y no eran detectados. Muchas señales de alarma por las deudas. Muchas denuncias de tráfico de personas”.
Ahora, solo un tercio de los niños migrantes terminan con sus padres. La mayoría son enviados donde otros parientes, conocidos o incluso desconocidos, según un análisis de los datos federales realizado por el Times. Casi la mitad proceden de Guatemala, donde la pobreza está impulsando una oleada migratoria. Los padres saben que los rechazarán en la frontera, o los deportarán rápidamente, por lo que envían a sus hijos con la esperanza de que manden remesas.
Solo en los dos últimos años, más de 250.000 niños han entrado solos en Estados Unidos.
Los cambios en la dinámica de Centroamérica contribuyeron a crear una crisis política a principios de la presidencia de Biden, cuando los niños empezaron a cruzar la frontera más rápido de lo que HHS podía procesarlos. Sin espacio en los refugios, los niños se quedaron en instalaciones similares a cárceles que son gestionadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y, más tarde, en campamentos con tiendas de campaña. Las imágenes de niños durmiendo en colchonetas de gimnasio con mantas de papel de aluminio suscitaron una gran atención mediática.
El gobierno de Biden se comprometió a agilizar el paso de los niños por el sistema de albergues. “No queremos que ningún niño languidezca bajo nuestro cuidado si hay un patrocinador responsable”, dijo Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, al Congreso en 2021.
Su agencia comenzó a recortar las protecciones que estuvieron en vigor durante años, incluida la revisión de antecedentes y la comprobación de los archivos de los niños, según memorandos revisados por el Times y entrevistas con más de una decena de empleados actuales y anteriores.
“El 20 por ciento de los niños tienen que ser liberados cada semana o te metes en problemas”, dijo Keswani, que dejó de trabajar con el HHS el mes pasado.
En el verano de 2021, las preocupaciones se incrementaron en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por su sigla en inglés), la división del HHS que se encarga de los niños migrantes no acompañados. En un memorando de ese mes de julio, 11 gerentes dijeron que estaban preocupados por el aumento del tráfico de mano de obra y se quejaron con sus jefes de que la oficina se había convertido en “una que recompensa a los individuos por hacer liberaciones rápidas, y no una que recompensa a los individuos por evitar liberaciones inseguras”.
Los miembros del personal dijeron en entrevistas que Becerra seguía presionando para obtener resultados más rápidos, a menudo preguntando por qué no podían dar de alta a los niños con la eficiencia de una máquina.
“Si Henry Ford hubiera visto esto en sus plantas, nunca se habría hecho famoso y rico. Así no se hace una línea de montaje”, dijo Becerra en una reunión de personal el verano pasado, según una grabación obtenida por el Times.
Jones, la portavoz del HHS, dijo que Becerra había instado a su personal a “acelerar el paso”. “Como cualquier buen líder, no dudaría en volver a hacerlo, especialmente cuando se trata del bienestar y la seguridad de los niños”, afirmó.
Durante una llamada telefónica el pasado mes de marzo, Becerra le dijo a Cindy Huang, la directora de la ORR, que si no lograba aumentar el número de liberaciones, él encontraría a alguien que pudiera hacerlo, según cinco personas familiarizadas con la llamada. Huang dimitió un mes después.
Recientemente, Becerra amenazó de forma similar a la sucesora de Huang durante una reunión con funcionarios de alto rango, según varias personas que estuvieron presentes.
‘Eran mentiras’
Aunque muchos niños migrantes son enviados a Estados Unidos por sus padres, otros son persuadidos por adultos que planean aprovecharse de su trabajo.
Nery Cutzal tenía 13 años cuando conoció a su patrocinador a través de Facebook Messenger. Cuando llegó a Florida, descubrió que le debía más de 4000 dólares y que tenía que buscar un lugar donde vivir. Su patrocinador le enviaba mensajes de texto amenazadores y mantenía una lista actualizada de nuevas deudas: 140 dólares por rellenar los papeles del HHS; 240 dólares por ropa de Walmart; 45 dólares por una cena de tacos.
“No me jodas”, escribió el patrocinador y añadió una obscenidad para decirle que no le importaba.
Nery empezó a trabajar hasta las 3 a. m. la mayoría de las noches en un restaurante mexicano de moda ubicado cerca de Palm Beach para hacer los pagos. “Me dijo que me ayudaría, que iría a la escuela, pero eran mentiras”, relató Nery.
Su padre, Leonel Cutzal, dijo que la familia había caído en la miseria tras una serie de malas cosechas, y no tuvo otra opción que enviar a su hijo mayor al norte.
“Cuando nos manda aquí los 50 dólares, para nosotros es una buena ayuda”, dijo Cutzal. “Si no, a veces no comemos”. Cutzal no sabía cuánto iba a tener que trabajar Nery, dijo. “Creo que atravesó unos momento difíciles al estar allí tan joven”.
Al final, Nery contactó a las fuerzas de seguridad y, el año pasado, su patrocinador fue declarado culpable de introducir de manera ilegal a un niño en Estados Unidos con fines lucrativos. Ese resultado es poco frecuente: en la última década, los fiscales federales solo han presentado unos 30 casos relacionados con el trabajo forzado de menores no acompañados, según un análisis de las bases de datos judiciales realizado por el Times.
A diferencia del sistema de acogida, en el que todos los niños reciben asistencia social, el HHS presta esos servicios a menos de una tercera parte de los niños que pasan por sus instalaciones y por lo general solo durante cuatro meses. Otras decenas de miles de niños son enviados a sus patrocinadores sin más ayuda que el número de teléfono de una línea directa nacional. De ahí, con frecuencia están a su suerte: no existe ningún seguimiento formal de las oficinas federales ni locales para garantizar que los patrocinadores no pongan a los niños a trabajar ilegalmente.
En Pensilvania, un trabajador social le contó al Times que fue a ver a un niño patrocinado por un hombre que había solicitado patrocinar a otros 20 menores. El niño había desaparecido. En Texas, otra trabajadora social contó que había encontrado a un hombre que había estado contactando a familias pobres de Guatemala, prometiéndoles que las ayudaría a enriquecerse si enviaban a sus hijos al otro lado de la frontera. Y patrocinó a 13 niños.
“Si has estado en este campo durante algún tiempo, sabes que una cosa es lo que los patrocinadores dicen y otra lo que realmente hacen”, dijo Bernal Cruz Muñoz, supervisor de trabajadores sociales en Oregón.
Llamar a la línea de ayuda gratuita tampoco es una forma segura de obtener ayuda. Juanito Ferrer pidió ayuda cuando, a los 15 años, un conocido lo llevó a Manassas, Virginia y lo obligó a pintar casas durante el día y a vigilar un complejo de apartamentos por la noche. Su patrocinador se quedaba con la paga y lo vigilaba a través de las cámaras de seguridad mientras dormía en el sótano.
Juanito dijo que cuando llamó a la línea directa en 2019, la persona que lo atendió se limitó a tomar su denuncia. “Pensé que iban a mandar a la policía o a alguien a revisar, pero nunca lo hicieron”, dijo. “Pensé que al menos iban a venir a inspeccionar la casa”. Finalmente escapó.
Cuando se le preguntó por la atención que ofrecen en la línea directa, el HHS dijo que los operadores pasaban los informes de los niños a las fuerzas de seguridad y otros organismos locales debido a que la oficina no tiene la autoridad de retirar a los menores de los hogares.
El Times analizó datos del gobierno para identificar lugares con altas concentraciones de niños que habían sido entregados a personas ajenas a sus familias inmediatas, una señal de que era probable que los pusieran a trabajar. En el noroeste de Grand Rapids, por ejemplo, el 93 por cientos de los niños han sido entregados a adultos que no son sus padres.
El HHS no le hace un seguimiento a estos grupos, pero las tendencias son tan pronunciadas que, de todos, modos a veces los funcionarios perciben las zonas de importancia.
Scott Lloyd, quien dirigió la ORR durante el gobierno de Trump, dijo que se dio cuenta en 2018 de que el número de niños guatemaltecos no acompañados que eran liberados a patrocinadores en el sur de Florida parecía ir en aumento.
“Siempre me pregunté qué estaba pasando allí”, dijo.
Pero su atención se desvió por el caos en torno a la política de separación de niños del gobierno de Trump, y nunca lo investigó. La tendencia que vio no ha hecho más que acelerarse: por ejemplo, en los últimos tres años, más de 200 niños han sido entregados a parientes lejanos o adultos no emparentados en los alrededores de Immokalee, Florida, un centro agrícola con una larga historia de explotación laboral.
En un comunicado, el HHS afirma que ha actualizado su sistema de gestión de casos para detectar mejor los casos en que se entregan varios niños a la misma persona o dirección.
Muchos patrocinadores se ven a sí mismos como personas benévolas que les hacen un favor a un amigo o vecino al aceptar ayudar a un menor para que salga de un centro de acogida del gobierno, aunque no tengan intención de ofrecer ningún apoyo. A menudo, los niños saben que tendrán que trabajar, pero no comprenden la dura tarea que les espera.
“No me imaginaba lo caro que es todo en Estados Unidos”, dijo José Vásquez, de 13 años, que trabaja turnos de 12 horas, seis días a la semana, en una granja comercial de huevos en Míchigan y vive con su hermana adolescente. “Me gustaría ir a la escuela, pero si voy ¿cómo pago la renta?”.
Riesgos ocupacionales
Una mañana de otoño en la Escuela Secundaria Union High en Grand Rapids, Carolina escuchó al maestro Angstman dar una clase sobre el periodista Jacob Riis y el movimiento que ayudó a crear las leyes federales del trabajo en la Era Progresista, a fines del siglo XIX y principios del XX. Explicó que los cambios se hicieron para que los menores no realizaran trabajos que pudieran hacer daño a su salud o su seguridad y mostró a la clase una foto de un niño pequeño haciendo puros.
“Riis informó que los miembros de esta familia trabajaban 17 horas al día, siete días a la semana”, dijo a los estudiantes. “El espacio atestado apestaba a gases tóxicos”. Los estudiantes no parecían conmoverse. Algunos luchaban para mantenerse despiertos.
Los maestros de la escuela calcularon que 200 de sus estudiantes inmigrantes trabajaban a tiempo completo, mientras intentaban estar al día con las clases. La mayor parte de los estudiantes de Angstman trabajaban en una de las cuatro plantas de Hearthside en la ciudad.
La empresa, que tiene 39 fábricas en Estados Unidos, ha sido requerida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional por 34 violaciones desde 2019, lo que incluye el uso de bandas transportadoras inseguras en la planta donde Carolina encontró empleo. Al menos 11 trabajadores sufrieron amputaciones en ese periodo. En 2015, una máquina se atascó en la redecilla del cabello de una trabajadora de Ohio y le arrancó parte del cuero cabelludo.
La historia de accidentes “muestra una cultura corporativa que carece de urgencia para mantener seguros a los trabajadores”, escribió un funcionario de OSHA luego de la violación más reciente a causa de una amputación.
Los trabajadores menores de edad en Grand Rapids dijeron que el polvo picante de las grandes bandejas de Flamin’ Hot Cheetos ocasionaba picor en los pulmones y que mover palés pesados de cereal toda la noche les hacía doler la espalda. Se preocupaban de que las manos quedaran atoradas en las bandas transportadoras, que según la clasificación de la ley federal son tan peligrosas que ningún menor de la edad de Carolina está autorizado para trabajar con ellas.
Hearthside dijo en un comunicado que estaba comprometida con cumplir las leyes que rigen las protecciones laborales. “Negamos enérgicamente las denuncias de seguridad realizadas y nos enorgullece nuestra cultura que prioriza la seguridad”, decía el comunicado.
Las leyes federales prohíben que los menores realicen una larga lista de empleos peligrosos, entre ellos la construcción de techos, el procesamiento de carne y el horneado comercial. Con excepción de las granjas, los menores de 16 años no deben trabajar más de tres horas, ni después de las 7:00 p. m., en los días de escuela.
Pero estos trabajos —que son extenuantes y mal pagados, y por lo tanto suelen estar faltos de personal— son justamente en los que acaban los menores migrantes. Los adolescentes son dos veces más propensos que los adultos a sufrir lesiones de gravedad en el trabajo, y no obstante, preadolescentes y adolescentes recién llegados operan batidoras industriales de masa, conducen inmensos trascabos y se queman las manos con brea ardiente al colocar tejas en los techos, según averiguó el Times.
Los menores no acompañados han sufrido de piernas desgarradas en fábricas y columnas vertebrales hechas añicos en obras de construcción, pero la mayoría de estas lesiones no se contabilizan. El Departamento de Trabajo llevar una cuenta de las muertes de trabajadores infantiles nacidos en el exterior pero ha dejado de publicarla. Al revisar los registros de seguridad estatales y federales así como los reportes públicos, el Times halló más de una decena de casos de jóvenes trabajadores migrantes fallecidos desde 2017, el último año en que el Departamento de Trabajo reportó al respecto.
Entre las muertes están la de un repartidor de comida de 14 años que fue atropellado por un auto mientras iba en su bicicleta en una intersección de Brooklyn; un muchacho de 16 años que fue aplastado por un rastrillo-tractor de 35 toneladas en las afueras de Atlanta y uno de 15 años que cayó 15 metros de un techo en Alabama donde colocaba tejas.
En 2021, Karla Campbell, abogada laborista en Nashville, ayudó a una mujer a resolver el traslado a Guatemala del cadáver de su nieto de 14 años, que había muerto en un trabajo de jardinería. Fue la segunda muerte laboral infantil con la que lidió ese año.
“He trabajado en estos casos durante 15 años y la llegada de niños es nueva”, dijo Campbell.
En la producción láctea, la tasa de lesiones es el doble que el promedio nacional de todas las industrias. Paco Calvo llegó a Middlebury, Vermont, a los 14 años y en los cuatro años transcurridos desde entonces, ha estado trabajando jornadas de 12 horas. Dijo que se aplastó la mano con una máquina ordeñadora industrial en sus primeros meses en ese trabajo.
“Casi todos se lastiman cuando van empezando”, dijo.
Los intermediarios en la mira
Charlene Irizarry, gerenta de recursos humanos en Farm Fresh Foods, una planta de productos cárnicos en Alabama que tiene dificultades para retener a su personal, hace poco se dio cuenta de que estaba entrevistando a un niño de 12 años para que trabajara cortando pechugas de pollo en nuggets en una sección de la fábrica que se mantiene a 4,4 grados Celsius.
A menudo Irizarry ve solicitantes de empleo que van muy maquilladas o que llevan cubrebocas para intentar disimular su edad, dijo. “A veces las piernas no les llegan al piso”.
En otras ocasiones, un adulto postula para un empleo en la mañana y luego un menor con el mismo nombre aparece para la inducción en la tarde. Ella y su personal han empezado a separar a otros postulantes de los adultos que los traen, a fin de que admitan su verdadera edad.
Irizarry dijo que la planta ya una vez había sido multada por una violación de trabajo infantil y que estaba intentando evitar otra multa. Pero se preguntaba qué pasaría con los chicos si ella los rechazaba.
“Me preocupa por qué están tan desesperados por estos trabajos”, dijo.
En entrevistas con trabajadores migrantes menores de edad en 20 estados, el Times encontró que había trabajo infantil en la cadena de suministro estadounidense de muchas grandes marcas y comercios. Varias, como Ford, General Motors, J. Crew, y Walmart, así como sus proveedores, comentaron que se tomaban en serio las acusaciones y que harían investigaciones. Target y Whole Foods no respondieron a pedidos de comentarios. Fruit of the Loom dijo que terminó el contrato que tenía con su proveedor.
Una empresa, Ben & Jerry’s, dijo que colaboraba con grupos laboralistas para asegurarse de que en sus proveedores de lácteos se cumplieran con un mínimo de condiciones de trabajo. Cheryl Pinto, jefa de abastecimiento con valores de la empresa, dijo que si los menores migrantes necesitaban trabajar a tiempo completo, era preferible que tuvieran empleos en un lugar de trabajo bien monitoreado.
Se supone que el Departamento de Trabajo encuentre y castigue las violaciones al trabajo infantil, pero los inspectores en más de una decena de estados comentaron que sus oficinas estaban con poco personal y que apenas y podían responder a las denuncias, mucho menos abrir investigaciones propias. Cuando el departamento ha respondido a pistas sobre menores migrantes, se ha enfocado en los contratistas externos y en las agencias de personal que suelen contratarlos, no en las corporaciones en las que realizan el trabajo.
En Worthington, Minnesota, durante mucho tiempo había sido un secreto a voces que los menores liberados por el HHS limpiaban el matadero operado por JBS, el mayor procesador de carne del mundo. La ciudad ha recibido más niños migrantes no acompañados per cápita que casi cualquier otro lugar de Estados Unidos.
El otoño pasado, en las afueras de la planta de cerdo de JBS, el Times habló con trabajadores de rostro aniñado que correteaban y se hacían bromas unos a otros al salir de sus turnos por la mañana. Muchos habían tachado sus nombres ficticios del gafete de la compañía para ocultar la prueba de que trabajaban con identidades falsas. Algunos dijeron que habían sufrido quemaduras químicas debido a los limpiadores corrosivos que utilizaban.
Poco después, los inspectores laborales que respondieron a una denuncia hallaron a 22 menores hispanohablantes trabajando para la empresa contratada para limpiar la planta de JBS en Worthington, y decenas más realizando la misma labor en las mismas plantas procesadoras en el resto de Estados Unidos.
Pero por lo general, el Departamento del Trabajo solo puede emitir multas. La empresa de limpieza pagó una penalidad de 1,5 millones de dólares mientras que JBS indicó que no había tenido conocimiento de que hubiera menores fregando en la planta de Worthington cada noche. JBS despidió al contratista de limpieza.
El Times averiguó que muchos de los menores que trabajaban ahí hallaron nuevos trabajos en otras plantas.
“Igual tengo que pagar mi deuda, así que tengo que trabajar”, dijo Mauricio Ramírez, de 17 años, que consiguió trabajo en otra planta procesadora en la siguiente ciudad.
‘No es la imagen que tenía’
Ha pasado poco más de un año desde que Carolina salió de Guatemala y ya ha empezado a hacer amigos. Ella y otra chica que trabaja en Hearthside llevan dijes que calzan juntos, corazones partidos a la mitad que cuelgan de sus cuellos. Cuando tiene tiempo, Carolina publica selfis en internet adornadas con caritas felices y flores.
Pero, sobre todo, es reservada. Sus maestros no conocen muchos de los detalles de su travesía a la frontera. Hace poco, cuando se tocó el tema en la escuela, Carolina empezó a sollozar y no quiso decir por qué.
Luego de una semana con días de 17 horas, una noche reflexionó con su tía en casa sobre su vida en Estados Unidos. Las noches largas. El estrés por el dinero. “No tenía expectativas de cómo sería la vida aquí”, dijo, “pero no es la imagen que tenía”.
En la mano sostenía una tarjeta de débito que le había proporcionado una agencia de colocación, que le pagaba así su salario de Hearthside a fin de que no tuviera que cambiar cheques. Carolina le daba vueltas en la palma de su mano mientras su tía la miraba.
“Sé que te deprimes”, dijo Ramírez.
Carolina bajó la vista. Quería seguir yendo a la escuela para aprender inglés, pero casi todas las mañanas se despierta con problemas en el estómago por lo que suele quedarse en casa. Algunos de sus compañeros del noveno grado ya han abandonado los estudios. El muchacho de 16 años que se sentaba junto a ella en clase de matemáticas, Cristian López, se salió de la escuela para trabajar horas extras en Hearthside.
Cristian vivía a unos minutos de distancia, en un departamento vacío de dos ambientes que comparte con su tío y su hermana Jennifer, de 12 años.
Su hermana tampoco iba a la escuela, y habían pasado el día discutiendo en su habitación. Ahora era de noche y cenaban Froot Loops. La calefacción estaba apagada así que llevaban abrigos de invierno. En una entrevista desde Guatemala, su madre, Isabel López, lloró al explicar que el año pasado intentó reunirse con sus hijos en Estados Unidos pero la devolvieron en la frontera.
Cristian le había dado a su tío parte del dinero que ganaba en la fabricación de barras Chewy, pero su tío consideraba que no era suficiente. Dijo que le gustaría llevar a Jennifer para que también empezara a trabajar en la fábrica y ofreció llevarla él mismo a que postulara.
Cristian dijo que hace poco llamó a la línea de ayuda del HHS. Esperaba que el gobierno enviara a alguien para revisar cómo estaban él y su hermana pero no había tenido noticias. No pensaba volver a llamar.
Andrew Fischer, Seamus Hughes y Michael H. Keller colaboraron en esta investigación.
Hannah Dreier es una reportera galardonada con el Premio Pulitzer que forma parte del equipo de investigaciones del Times. @hannahdreier