La primera pequeña disputa en el procedimiento contra el expresidente Donald Trump por cargos de conspiración para anular las elecciones de 2020 tiene que ver con un paso que se toma en las primeras fases de muchos casos penales prominentes: la propuesta de imponer las reglas que estipulan cómo manejar la enorme cantidad de pruebas exhibidas durante la investigación.
El desacuerdo comenzó el viernes, cuando los abogados de la oficina del fiscal especial le pidieron al juez encargado del caso una orden de protección para regir la divulgación de material exhibido como prueba a los abogados de Trump. Aunque la solicitud era rutinaria, al hacerla, los fiscales tomaron una medida que podría considerarse adicional.
En su moción, los fiscales le hicieron notar a la jueza Tanya Chutkan un mensaje amenazador que Trump publicó ese día en las redes sociales. Era vago, pero contenía palabras duras: “¡SI ME PERSIGUEN, YO VOY A PERSEGUIRLOS!”.
Los fiscales no le pidieron a Chutkan el secreto de sumario en el caso contra Trump por el mensaje del expresidente. Más bien, utilizaron el mensaje para argumentar que deben aplicarse reglas claras para evitar que el expresidente publique en línea el material que su equipo legal obtenga gracias al proceso de exhibición de pruebas, pues cuando se trata de Trump, casi nada es habitual.
En su argumento de carácter deductivo, señalaron que una orden de protección es de “particular importancia” en este caso porque Trump tiene la costumbre de atacar a las partes involucradas en cualquier caso penal en su contra. El domingo, entró en modo de guerra en las redes sociales, donde afirmó que el fiscal especial estaba “trastornado” y exigió que se recusara a Chutkan del caso.
El lunes, en respuesta a la solicitud del gobierno, los abogados de Trump presentaron documentos ante el tribunal. En ellos, argumentan que la petición de los fiscales a Chutkan de impedirle al expresidente hablar en público sobre la evidencia de este caso constituye una violación de los derechos de Trump consignados en la Primera Enmienda y hace que “el tribunal asuma un rol censurador”.
Esos documentos ante el tribunal buscaban plantear el proceso usual de aplicar una orden de protección en el que parece ser el principal argumento que pretenden utilizar para defender a Trump: que el gobierno criminalizó las acciones del expresidente para ejercer su derecho de libre expresión.
El lunes por la noche, en un intercambio que se ha vuelto habitual, los fiscales respondieron al ataque y acusaron al equipo legal de Trump de proponer su propia versión de la orden “diseñada para que este caso se juzgue en los medios en vez de en la sala del tribunal”.
A continuación, lo que debes saber sobre la orden de protección y lo que se puede esperar.
¿Cuál es el propósito de la exhibición de pruebas y qué caso tiene protegerla?
La exhibición de pruebas representa la mayor parte de la información que los investigadores recopilan durante una pesquisa penal. Pueden provenir de distintas fuentes: entrevistas con testigos, testimonios ante el gran jurado o datos de dispositivos de comunicación incautados, como celulares o computadoras.
Uno de los primeros pasos en un proceso penal consiste en que el gobierno le entregue toda esa información a los abogados defensores para que puedan tener una idea clara del alcance del caso en contra de su cliente. Las pruebas proporcionadas en esta etapa de la investigación les permiten a los abogados tener una perspectiva amplia del panorama legal y empezar a planear mociones preliminares para oponerse a los cargos o incluso la defensa para el juicio. Si las pruebas que se solicitan exhibir son particularmente incriminatorias, los abogados también pueden decidir recomendarle al cliente declararse culpable.
Regularmente se aplican órdenes que protegen el material presentado para garantizar que el caso se desarrolle conforme a lo esperado y con cierto decoro. Por lo general, las órdenes, que varían mucho en cuanto a su severidad, exigen que la defensa utilice las pruebas recopiladas durante la investigación solo para realizar acciones relacionadas con el caso mismo y no para divulgarlas ampliamente e intentar resolver el caso en el tribunal de la opinión pública antes de que llegue a juicio.
¿Qué tipo de orden de protección solicitó el gobierno en este caso?
La orden de protección propuesta por el gobierno en el caso de interferencia en las elecciones es bastante estándar.
Su objetivo central es restringir la divulgación de pruebas exhibidas solo a las partes que tienen algún interés directo en el caso, como Trump y sus abogados, posibles testigos y sus abogados, así como una categoría amplia de otras personas “a quienes el tribunal llegue a autorizar que se les revelen” documentos.
La propuesta también crea una categoría especial de “materiales delicados” que “deben mantenerse en custodia y control del abogado de la defensa”. Estos materiales pueden incluir elementos como “información de identificación personal” sobre testigos en el caso e información surgida del gran jurado que investigó al expresidente (el gran jurado opera bajo normas estrictas de confidencialidad).
Según la orden propuesta, el equipo legal podría mostrarle los materiales delicados a Trump, pero no darle copias. Tampoco tendría permitido escribir información personal sobre personas mencionadas en dicho material.
Además, aunque esté autorizado para utilizar estos materiales exhibidos con el fin de presentar mociones relativas al caso, dichos materiales tendrían que censurarse parcialmente o presentarse sellados.
¿Qué han dicho los abogados de Trump sobre la propuesta?
En un documento dirigido a Chutkan presentado el lunes por la noche, John Lauro, uno de los abogados de Trump, intentó dar a entender que la orden de protección propuesta no tenía como objetivo mantener el orden en el caso, sino que más bien era un ataque contra el derecho de libertad de expresión de Trump.
“En un juicio sobre derechos consignados en la Primera Enmienda”, escribió Lauro, para virar el debate a su visión —y la de su cliente— del caso, “la intención del gobierno es restringir los derechos otorgados por la Primera Enmienda”.
Lauro propuso un enfoque, que calificó como “más mesurado”, que le permita a Trump hablar con libertad sobre el material exhibido que no sea sensible y limite el alcance de la orden del gobierno de tal forma que “solo evite que material verdaderamente delicado sea de conocimiento público”.
Lauro ya había desplegado algunos de estos argumentos el domingo, cuando hizo una declaración un tanto engañosa y afirmó que los fiscales querían ocultarle ciertos hechos al público.
“Lo que intenta hacer el gobierno de Biden es evitar que la prensa se entere de información —pruebas— que podría ser útil o exculpatoria y que la gente tiene derecho a conocer”, señaló en This Week en ABC.
Lo cierto es que la orden propuesta por el gobierno les permitiría a Lauro y sus colegas utilizar cualquier información exculpatoria que reciban durante el proceso de exhibición de pruebas para presentar mociones antes del juicio, incluso si resulta necesario censurar algunos detalles o algunas mociones deben presentarse selladas en un primer momento.
Los abogados de Trump también podrán utilizar cualquier “información útil” que obtengan en un juicio público, si lo hay, siempre y cuando Chutkan determine que es admisible.
Además, por supuesto, es posible que gran parte del material incluido en la orden de protección no sea exculpatoria o útil para el expresidente, sino incriminatoria y dañina.
En un documento presentado ante el tribunal el lunes por la noche, Thomas Windom, uno de los fiscales del caso, reprendió a Lauro por aparecer “en cinco programas de televisión” el domingo y hablar “con tanto detalle de este caso”.
Windom también señaló que el plan de Trump de resolver el caso en los medios va en contra de la razón por la que se exhibió la evidencia.
“El acusado pretende utilizar el material de la exhibición de pruebas para exponer su caso ante los medios”, escribió Windom. “Pero eso es contrario al propósito de la exhibición de pruebas en un proceso penal, que es darles a los acusados la oportunidad de prepararse y estructurar una defensa frente al tribunal, no organizar una campaña de medios”.
¿Qué hará ahora la jueza?
Después de las intervenciones del gobierno y de los abogados de Trump, Chutkan emitió el lunes una orden en la que informó que sostendría una audiencia para tratar el tema de la orden de protección (para lo que no ha fijado fecha).
Lo más seguro es que la jueza imponga algún tipo de orden de protección, aunque falta ver qué tipo de restricciones estipula.
Podría decidir pedirle a Trump cautela sobre sus diatribas en línea, aunque también podría sencillamente ignorar la situación en este asunto tan específico.
Pero, incluso si le hace una advertencia a Trump, es probable que cualquier medida para emitir una orden formal que declare el secreto de sumario forme parte de un proceso independiente, y solo después de que se emitan advertencias.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política. Se unió al Times en 1999. Más sobre Alan Feuer