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Una pregunta vital para la democracia brasileña: ¿dónde estaba la policía?

“El riesgo es el de una lenta erosión de las normas y las instituciones”, dijo González. En el peor de los casos, la violencia política de abajo hacia arriba, combinada con inacción estratégica de los elementos de la policía u otras fuerzas de seguridad, podría abonar “a un golpe de lenta formación, casi como un golpe cotidiano”.

Una razón para ese tipo de inacción estratégica podría ser el apoyo a Bolsonaro, del cual se cree ampliamente que es el candidato predilecto de la base de la policía y las fuerzas militares. Pero otra motivación, quizás más probable, es que muchos dentro de la esfera de seguridad temen que las políticas de Lula puedan amenazar el estatus, los privilegios o las inmunidades de las fuerzas de seguridad.

Bolsonaro se acercó a los militares y la policía como una cuestión de identidad política y de políticas. Como legislador, dedicó su voto para enjuiciar a Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, al hombre que la torturó cuando estuvo en prisión bajo la dictadura militar. Como presidente, amplió la inmunidad de los agentes de policía que usaban la fuerza letal, aumentó las pensiones militares y nombró a oficiales militares para ocupar importantes cargos en el gabinete.

“Las fuerzas de seguridad han salido impunes de muchas cosas en los últimos años. La violencia policial no ha tenido prácticamente ningún control”, afirmó Christoph Harig, investigador de la Universidad Técnica Braunschweig en Alemania, que estudia el orden público y las relaciones entre civiles y militares en Brasil. “Hay demasiados casos de inocentes asesinados, en su mayoría por la policía, o a veces por las fuerzas militares en misiones internas, donde esos asesinos han terminado con sentencias muy leves. Esta impunidad es la que prevalece en muchos policías y militares brasileños”.

Lula no comparte esa afinidad política por las fuerzas de seguridad y ha dado señales de que quiere limitar el papel de los militares en la política. Muchos se preguntan hasta dónde llegará su reversión de las políticas de la era de Bolsonaro o si podría intentar ir más allá, como lo hizo en 2009, cuando propuso una comisión de la verdad para los casos de tortura y otros delitos en la era de la dictadura y una revisión de la ley que les proporcionó amnistía. (Lula se vio obligado a abandonar la propuesta luego de que varios oficiales militares de alto rango amenazaran con renunciar como protesta).

Harig señaló que los oficiales militares en Brasilia defendieron a los manifestantes golpistas, calificándolos de “manifestantes pacíficos”, y les permitieron acampar frente a cuarteles militares mientras fueron aumentando sus números en las últimas 10 semanas. Eso protegió al movimiento golpista, aunque el propio liderazgo militar se negó a apoyar o ejecutar un golpe de Estado.

Eso podría representar una lección práctica para el gobierno, opina Harig, sobre la importancia de permanecer en buenos términos con los militares. Citó el nombramiento del gobierno de Lula de José Mucio como ministro de Defensa, quien es un civil, pero que es ampliamente percibido como amigo de los intereses militares, como una señal de que esa presión había sido efectiva.

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