Los cargos penales contra Donald Trump se dieron a conocer el martes de la semana pasada, cuando los fiscales lo acusaron de participar en un plan para encubrir posibles escándalos sexuales durante la campaña presidencial de 2016.
Trump se declaró inocente de 34 cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales, todos ellos centrados en su participación en el pago de dinero de silencio a una estrella porno, Stormy Daniels, quien dijo que tuvo una aventura con él.
Trump fue acusado el mes pasado, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense actual o anterior en ser acusado de un delito. Su comparecencia de la semana pasada fue la culminación de una investigación de casi cinco años de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, y también pone en marcha un largo proceso legal. Un posible juicio se celebraría como muy pronto el año que viene.
¿Qué ocurrirá ahora?
En los próximos meses, fiscales y abogados defensores intercambiarán documentos y pruebas y presentarán peticiones.
Según la legislación neoyorquina, la fiscalía debe entregar la mayoría de sus pruebas a la defensa —un proceso denominado “discovery” o “descubrimiento”— en un plazo de 65 días a partir de la primera comparecencia del acusado ante el tribunal.
Los fiscales dijeron en la audiencia del martes que la presentación de pruebas no comenzaría hasta que ellos y los abogados de la defensa acordaran una orden de protección que regulara la forma en que se manejaría o discutiría el material.
Los fiscales están tratando de prohibir que Trump publique pruebas en las redes sociales o que las proporcione de otras formas a los medios de comunicación. También han pedido que a Trump solo se le permita revisar ciertos materiales sensibles del caso en la oficina de sus abogados y que se le impida el uso de pruebas en el caso con fines políticos. Los abogados de Trump se opusieron a al menos una de esas peticiones, y la orden de protección aún no se había completado el martes.
¿Cómo podría responder el equipo legal de Trump?
Uno de los abogados de Trump, Joseph Tacopina, dijo antes de la audiencia del martes de la semana pasada que anticipó la presentación de una moción para desestimar el caso, un intento de que los cargos fueran descartados por completo.
Ese tipo de mociones se presentan de manera cotidiana, pero rara vez resultan en una desestimación. Tras la comparecencia, Tacopina dijo que era demasiado pronto para hablar de detalles concretos.
Los abogados de Trump también podrían tratar de conseguir que el caso sea trasladado a otro tribunal, otra moción a largo plazo conocido como un cambio de sede. El expresidente ha escrito en repetidas ocasiones en Truth Social, la red social que fundó, que no cree que pueda tener un juicio justo en Manhattan, un enclave liberal donde es profundamente impopular. Sugirió que el juicio se trasladara al distrito de Staten Island, mucho más conservador.
El juez que supervisa el caso, Juan Merchan, fijó un plazo para que los abogados de Trump presentaran todas sus peticiones antes del 8 de agosto. Los fiscales tendrán hasta el 19 de septiembre para responder.
¿Cuándo es la próxima audiencia del caso?
El juez Merchan ha fijado la próxima audiencia en el caso de Trump, cuando se pronunciará sobre las mociones, para el 4 de diciembre.
Los fiscales dijeron que les gustaría un juicio para comenzar a principios de enero de 2024, pero los abogados de Trump han dicho que es demasiado pronto y que esperan que sea más tarde, en la primavera. El juez Merchan aún no ha fijado una fecha.
¿Por qué se acusó a Donald Trump?
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, comenzó a indagar los pagos a cambio de silencio desde el verano pasado, pagos que fueron realizados por Michael Cohen, solucionador de problemas de Trump en aquel entonces. Los fiscales formaron un gran jurado en enero, y los jurados votaron para acusar a Trump el jueves 30 de marzo.
En un principio, los representantes de Daniels contactaron a The National Enquirer para ofrecerle derechos exclusivos de la historia. David Pecker, el editor del tabloide y aliado de Trump, había acordado buscar notas que pudieran ser dañinas para Trump en la campaña de 2016 y en un momento incluso acordó comprar la historia del amorío de otra mujer con Trump y nunca publicarla, una práctica conocida como “atrapar y matar”.
Pero Pecker no compró la historia de Daniels. En lugar de ello, él y el principal editor del tabloide, Dylan Howard, ayudaron a gestionar un acuerdo separado entre Cohen y la abogada de Daniels.
Cohen pagó 130.000 dólares y Trump luego le rembolsó el dinero después de haber ganado las elecciones y asumido el cargo.
En 2018, Cohen se declaró culpable de varios cargos, entre ellos crímenes federales de financiamiento de campaña relacionados con el dinero pagado por el silencio de Daniels. El pago, según concluyeron los fiscales federales, equivalía a una donación indebida a la campaña de Trump.
En los días posteriores a la declaración de culpabilidad de Cohen, la oficina del fiscal de distrito abrió su propia investigación penal sobre el asunto. Si bien los fiscales federales se centraron en Cohen, la investigación del fiscal de distrito se centra en Trump.
Entonces, ¿qué es lo que Trump habría hecho mal?
Cuando se declaró culpable en el tribunal federal, Cohen señaló a su jefe. Dijo que había sido Trump quien lo instruyó para que sobornara a Daniels, algo que los fiscales luego corroboraron.
Los fiscales también pusieron en duda los cheques que Trump le emitía mensualmente a Cohen para reembolsarlo. En documentos judiciales indicaron que la empresa de Trump “contabilizó falsamente” los pagos mensuales como gastos legales y que los registros de la compañía mencionaban un acuerdo de anticipos con Cohen. Si bien Cohen era un abogado y se convirtió en el abogado personal de Trump luego de que este asumió el cargo, no hubo ningún acuerdo de este tipo y el rembolso no estaba relacionado con ningún servicio legal brindado por Cohen.
Cohen ha dicho que Trump estaba al tanto del acuerdo falso de anticipo de honorarios, una acusación que podría constituir la base del caso contra el expresidente.
En Nueva York, falsear registros de negocios puede constituir un delito, si bien uno menor. Para que el delito ascienda a un delito grave, los fiscales del equipo de Bragg deben mostrar que la “intención de defraudar” de Trump incluía la intención de cometer u ocultar un segundo delito.
Los fiscales no tienen que acusar a Trump de ese delito secundario, ni demostrar que lo cometió. Aún no han dicho definitivamente en qué delito o delitos pretenden basarse para elevar los cargos a un nivel de delito grave.
¿Será un caso difícil de probar?
Podría ser difícil condenar a Trump o enviarlo a prisión. En primer lugar, los abogados de Trump seguramente atacarán la credibilidad de Cohen mencionando sus antecedentes penales. Los fiscales podrían contraatacar diciendo que el excolaborador de Trump mintió hace años por su jefe y ahora está en una mejor posición de brindar detalles de la conducta de Trump.
Según los juristas, los fiscales de Nueva York no han combinado un cargo de falsificación de registros comerciales con una infracción a la ley estatal electoral en un caso relacionado con unas elecciones presidenciales o con alguna campaña federal. Si los fiscales optan por utilizar una ley electoral estatal como delito secundario —una posibilidad que Bragg mencionó la semana pasada—, es posible que un juez lo desestime o reduzca el cargo de delito grave a un delito menor.
Incluso si el cargo procediera, equivale a un delito menor de nivel inferior. Si al final Trump fuera declarado culpable, enfrentaría una sentencia de máximo cuatro años, y no sería obligatorio pasar tiempo en prisión.
¿Cómo reaccionó Trump a la acusación?
Trump habló poco durante su comparecencia, pronunció menos de una decena de palabras. No habló con los periodistas en Nueva York, sino que regresó a Mar-a-Lago, su complejo turístico en Palm Beach, Florida, donde dio un discurso en el que denunció el caso en su contra.
Rodeado de su familia y de funcionarios del Partido Republicano, Trump calificó a Bragg de “criminal” y afirmó sin pruebas que el fiscal del distrito de Manhattan había filtrado información del gran jurado.
También acusó al juez Merchan de parcialidad, tachándolo de “juez que odia a Trump” y atacando a su familia.
A lo largo de la investigación, Trump ha dicho que la pesquisa del fiscal del distrito y otras a las que se enfrenta tienen motivaciones políticas. Poco después de ser acusado, calificó la decisión del gran jurado de Manhattan de “una Persecución política e Interferencia Electoral del mayor nivel de la historia”.
Sin embargo, incluso mientras Trump estaba criticando a los fiscales, su campaña utilizó los cargos criminales contra él para impulsar la recaudación de fondos, creando una camiseta a la venta en 36 dólares con una imagen simulada para parecerse a la ficha policial del expresidente, a pesar de que las autoridades no tomaron una foto para fichar a Trump mientras estaba bajo custodia.
Jonah E. Bromwich cubre justicia penal en Nueva York, con énfasis en la oficina de la fiscalía de distrito de Manhattan, las cortes penales estatales en Manhattan y las cárceles de la ciudad de Nueva York. @jonesieman
Ben Protess es reportero de investigación y cubre el gobierno federal, la aplicación de la ley y varias investigaciones penales relacionadas con el expresidente Trump y sus aliados. @benprotess
William K. Rashbaum es redactor sénior en la sección Metro, donde cubre temas de corrupción política y municipal, tribunales, terrorismo y otros temas relacionados con la aplicación de la ley. Formó parte de un equipo galardonado con el Premio Pulitzer 2009 en la categoría de noticias de última hora. @WRashbaum • Facebook
Michael Gold es periodista de tránsito y política en Nueva York. @migold