El colapso del SVB desencadenó un contagio inminente que los reguladores pensaron que debían contener, lo que los llevó a la decisión de disolver el Signature Bank. Signature había publicitado su seguro de la FDIC mientras se creaba una base de clientes inclinada hacia las arriesgadas firmas de criptomonedas.
Si el Congreso y la Reserva Federal no hubiesen revertido las medidas de supervisión más estrictas, el SVB y Signature habrían estado sujetos a unos mayores requisitos de liquidez y capital para resistir a los choques financieros. Se les habría exigido que realizaran pruebas de estrés periódicas para sacar a la luz sus vulnerabilidades y apuntalar sus negocios. Pero, como esos requisitos se derogaron, cuando un pánico bancario como los de siempre golpeó al SVB, el banco no pudo resistir la presión, y el colapso de Signature le siguió de cerca.
El domingo por la noche, los reguladores anunciaron que asegurarían todos los depósitos tanto del SVB como del Signature y que se devolvería la cantidad completa. No solo a pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, sino también a compañías milmillonarias, criptoinversores y las mismas firmas de capital riesgo que en primera instancia desencadenaron el pánico bancario que afectó al SVB, todo en nombre de la prevención de nuevos contagios.
Los reguladores han dicho que serán los bancos, y no los contribuyentes, los que sufraguen el costo del respaldo federal necesario para proteger los depósitos. Veremos si es cierto. Pero no es sorpresa que los estadounidenses estén escépticos ante un sistema que mantiene en el limbo a millones de prestatarios de créditos estudiantiles, pero interviene de la noche a la mañana para asegurar que las criptoempresas milmillonarias no pierdan ni un centavo en los depósitos.
Nunca se debería haber permitido que estas amenazas se materializaran. Debemos actuar para impedir que vuelvan a suceder.
En primer lugar, el Congreso, la Casa Blanca y los reguladores bancarios deben revertir la peligrosa desregulación de la era Trump. La derogación de las leyes de 2018 que suavizaron las normas para bancos como el SVB debe ser una prioridad inmediata para el Congreso. Asimismo, la desastrosa “adaptación” de estas normas por parte de Powell ha puesto nuestra economía en peligro, y tiene que acabar de inmediato.
Los reguladores bancarios también deben mirar con detenimiento debajo del capó de nuestras instituciones financieras, para ver dónde pueden acechar otros peligros. Los funcionarios electos, incluidos los republicanos del Senado que, días antes del colapso del SVB, presionaron a Powell para que evitara unas normas más estrictas sobre el capital, deben exigir ahora una supervisión más fuerte, no más débil.