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Biden establece un nuevo camino humanitario hacia la legalidad migratoria

En medio del prolongado estancamiento del Congreso en materia migratoria, el presidente Joe Biden ha abierto una vía para permitir el ingreso al país de cientos de miles de nuevos inmigrantes, lo que amplía de manera considerable el uso de los programas de permiso humanitario o de permanencia temporal (conocido como parole en inglés) para personas que huyen de la guerra y los disturbios políticos en todo el mundo.

Las medidas, iniciadas el año pasado para ofrecer refugio a las personas que huyen de Ucrania, Haití y América Latina, ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de llegar en avión a Estados Unidos y conseguir de inmediato una autorización de trabajo, siempre y cuando tengan un patrocinador privado que se haga responsable de ellos.

A mediados de abril, cerca de 300.000 ucranianos ya habían llegado a Estados Unidos en el marco de diversos programas, una cifra superior al total de las personas de todo el mundo que fueron admitidas a través del programa oficial de refugiados de Estados Unidos en los últimos cinco años.

Se espera que para finales de 2023, se les permita ingresar a unos 360.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos mediante una iniciativa similar de patrocinio privado que fue presentada en enero con el fin de frenar los cruces no autorizados en la frontera sur; esta cifra supera el número de personas de todos estos países a las que se les otorgó una visa en los últimos 15 años.

El gobierno de Biden también extendió el número de personas que se encuentran en Estados Unidos con lo que se conoce como estatus de protección temporal, un programa que el expresidente Donald Trump trató de finalizar. Según un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew, desde que Biden asumió el cargo se ha extendido la protección a unas 670.000 personas de 16 países o bien se han convertido en candidatos para presentar su solicitud.

En total, estos programas humanitarios temporales podrían convertirse en la mayor expansión de la inmigración legal en décadas.

“Cuanto más tiempo pase sin que el Congreso legisle nada sobre inmigración, más hará el poder ejecutivo lo que pueda dentro de sus facultades basándose en los principios del presidente”, comentó Theresa Cardinal Brown, asesora principal del Centro de Políticas Bipartidistas de Washington.

La asesora señaló que el principal desafío es que “los tribunales puedan decir que el presidente no tiene la facultad o que es un abuso de discrecionalidad y se lo revoquen”.

Los críticos ya se han quejado de que el gobierno está usando un poder discrecional sin límites que va en contra de las leyes aprobadas por el Congreso para regular la inmigración legal, que se basa sobre todo en los lazos familiares y, en menor medida, en el empleo.

Como se espera que Biden inicie su campaña para la reelección esta semana, es probable que los republicanos se centren en las que consideran que son políticas migratorias excesivamente permisivas.

Veinte estados gobernados por republicanos, entre ellos Texas, Florida, Tennessee y Arkansas, presentaron demandas ante los tribunales federales para suspender el programa de permisos de permanencia temporal para los residentes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con el argumento de que admitirá a 360.000 nuevos inmigrantes al año de esos países y sobrecargará a los estados con costos adicionales de servicios médicos, educación y aplicación de la ley.

Alabama, una de las entidades demandantes, citó estimaciones de que incluso antes de la llegada de estos programas se estimaba que unos 73.000 inmigrantes indocumentados ya vivían en ese estado, alrededor del 68 por ciento de ellos sin seguro médico y el 34 por ciento con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Según el estado, esa afluencia les estaba costando a los contribuyentes alrededor de 324,9 millones de dólares al año.

“Esto constituye otro episodio más en el que el gobierno ha abusado de su autoridad ejecutiva para promover su aparente objetivo respecto a las políticas migratorias: fronteras abiertas y amnistía para todos”, dijo Ken Paxton, el fiscal general de Texas que lideró la demanda de los estados, cuando fue presentada.

Con la implementación de los programas para los latinoamericanos, el gobierno de Biden respondía a las críticas generalizadas sobre la situación caótica en la frontera sur, que el año pasado registró 1,5 millones de cruces no autorizados. Omitió años de intentos fallidos en el Congreso de legalizar a los trabajadores indocumentados que ya están en el país o de poner más visas a disposición de los empresarios que deseen traer trabajadores temporales.

Los nuevos programas de permisos humanitarios son provisionales (la mayoría expiran en dos años, salvo que se renueven), pero ya están cambiando la naturaleza de las llegadas de inmigrantes. A los migrantes que el año pasado fueron admitidos en el país tras inundar la frontera, procedentes de muchos de los mismos países en conflicto, no se les ha permitido trabajar durante al menos seis meses tras abrir un expediente de asilo.

Como consecuencia, muchos han terminado en albergues de ciudades como Nueva York, que ha tenido problemas para recibirlos.

En cambio, el programa de permiso de permanencia temporal exige que los inmigrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos que asuma la responsabilidad financiera de su instalación y casi de inmediato ofrece un permiso de trabajo a quienes sean aceptados. Los empresarios con escasez de trabajadores ven con buenos ojos la llegada de inmigrantes porque son una importante fuente de mano de obra nueva.

El objetivo del gobierno era desalentar a los cientos de miles de migrantes que llegaban a la frontera al permitirles hacer su solicitud con mayor orden y tranquilidad desde sus países de origen. Después de que comenzaron los programas, las aprehensiones totales de la Patrulla Fronteriza en la frontera alcanzaron sus niveles más bajos en dos años. Esta tendencia estuvo liderada por un precipitado declive en la cantidad de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. El promedio de aprehensiones semanales disminuyó de 1231 a principios de enero a 46 a finales de febrero, cuando se anunciaron algunas de las medidas de los permisos de permanencia temporal.

“El uso exitoso de estos procesos de permisos humanitarios y la disminución significativa en los intentos de cruce ilegal prueban de manera contundente que los no ciudadanos prefieren utilizar una vía segura, legal y ordenada para ingresar a Estados Unidos, en caso de haberla, en vez de poner su vida y medios de subsistencia en manos de contrabandistas despiadados”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Sin embargo, en términos generales, el número total de personas de todas las nacionalidades que cruzan la frontera se mantiene cerca de máximos históricos, incluso con los nuevos programas.

Los programas han dividido a los líderes de los estados republicanos. Algunos, incluidos los que han interpuesto demandas, sostienen que, con las nuevas iniciativas, Biden ha mantenido las puertas del país abiertas, aunque en vez de masas de personas que cruzan sin autorización, Biden las ha invitado a entrar de forma legal.

No obstante, los programas han obtenido un amplio apoyo en la comunidad empresarial de algunos estados conservadores, como Dakota del Norte, donde existe una gran preocupación por la escasez de trabajadores.

Un informe de la semana pasada de FWD.us, un grupo bipartidista que está a favor de la inmigración, calculó que alrededor de 450.000 migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y países latinoamericanos que ingresaron a Estados Unidos con programas de permisos humanitarios ocupaban puestos de trabajo en industrias que enfrentaban escasez de mano de obra como la construcción, los servicios de alimentos, la salud y la manufactura.

En Dakota del Norte, donde la industria petrolera ha tenido dificultades para contratar obreros para las plataformas de perforación, el Consejo Petrolero del estado está reclutando a personas en toda la región occidental para que apadrinen a los nuevos migrantes ucranianos a los que se les puede dar trabajo.

Se espera que las primeras 25 familias ucranianas lleguen al país en julio, con la esperanza de que cientos más lo hagan poco después.

“Los ucranianos nos necesitan y nosotros a ellos”, declaró Ron Ness, presidente del consejo. “Hemos estado trabajando de manera seria para desarrollar un proyecto muy importante y de gran escala para atraerlos”.

En Utah, que ya alberga a una próspera comunidad venezolana pero donde el desempleo es del 2,4 por ciento, el gobernador Spencer Cox ha pedido que se permita a los estados patrocinar inmigrantes para satisfacer sus necesidades de fuerza laboral. Derek Miller, presidente de la Cámara de Salt Lake, afirmó que Utah le brindó “gran apoyo” al programa de permiso humanitario debido a la incapacidad del Congreso para abrir nuevas rutas para la inmigración legal.

“Tenemos 100.000 puestos de trabajo vacantes”, dijo Miller. “Le damos la bienvenida a un proceso para que quienes quieran contribuir puedan venir”.

Los empleadores en Illinois también se están preparando para las nuevas incorporaciones. “Esto es una bocanada de aire fresco en un momento en el que estamos sufriendo demasiada escasez de mano de obra”, afirmó Sam Toia, presidente de la Asociación de Restaurantes de Illinois en Chicago, quien dijo que los negocios estaban atrayendo a muchos ucranianos bajo el programa de permiso humanitario debido a los lazos históricos del estado con Ucrania.

Muchos de los nuevos inmigrantes ya han encontrado trabajo. La ucraniana Anastasiia Derezenko cruzó la frontera sur con su esposo y sus dos hijos el año pasado, y la familia recibió el estatus de protección temporal que Biden aprobó para los ucranianos. Derezenko encontró trabajo como asistente de enfermería certificada en el estado de Washington.

“Hemos decidido que no queremos volver; queremos construir nuestra vida aquí”, dijo Derezenko.

Los programas de permiso humanitario ya se han utilizado en el pasado. La autoridad otorgada por el Congreso al poder ejecutivo en 1952, de hecho, se ha convertido en una herramienta clave para admitir con rapidez a personas que no califican bajo las categorías de inmigración establecidas, aunque rara vez a la escala vista durante el gobierno de Biden.

El presidente Eisenhower usó el permiso humanitario para permitir que 15.000 refugiados ingresaran a Estados Unidos después de la revolución húngara en 1956. Antes de la promulgación de la Ley de Refugiados de 1980, el permiso humanitario se utilizó para admitir rápidamente a 690.000 cubanos y 360.000 refugiados del sudeste asiático tras la caída de Saigón .

En los gobiernos más recientes, algunas de las políticas migratorias más importantes han sido el resultado de que los presidentes hayan ejercido su discreción, como la acción ejecutiva del expresidente Barack Obama para crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que otorgó a los jóvenes inmigrantes indocumentados permisos de trabajo y un aplazamiento de la deportación. Trump usó su autoridad para prohibir la entrada a ciudadanos de una lista de determinados países.

Pero luego de las medidas para conceder permisos humanitarios a los cubanos y los asiáticos del sudeste, el Congreso rápidamente les otorgó la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

El gobierno de Biden otorgó permisos humanitarios a unos 75.000 afganos evacuados en medio de la frenética retirada militar estadounidense para que pudieran ingresar a EE. UU., pero parece poco probable que un Congreso dividido apruebe la Ley de Ajuste Afgano, un proyecto de ley que les crearía un camino hacia las tarjetas de residencia permanente. Si no se aprueba, la administración tendría que extender sus estatus temporales antes de que expiren en agosto.

“El reto actual es que hay muchas menos probabilidades de que consigamos una legislación del Congreso que regularice a las personas que han venido”, afirmó Adam Cox, experto en inmigración y derecho constitucional de la Universidad de Nueva York.

Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, advirtió que, a menos que las personas con permiso humanitario soliciten asilo o que ese permiso se extienda cuando expire después de dos años, muchos de sus beneficiarios podrían unirse a la masa de 10,6 millones de personas indocumentadas que ya se encuentran en el país.

Históricamente, Estados Unidos ha extendido las exenciones humanitarias en repetidas ocasiones, lo que ha permitido que muchos de sus beneficiarios permanezcan en el país durante décadas. A los nicaragüenses, cuya nación fue azotada por un huracán, por ejemplo, se les ha permitido quedarse desde 1998.

Los inmigrantes ucranianos del oeste de Dakota del Norte se han unido a una comunidad de ucranianos que surgió allí a finales del siglo XIX. Las autoridades estatales afirman que acoger a los recién llegados permitiría alcanzar un objetivo humanitario y contribuiría a paliar el déficit de unos 10.000 trabajadores en la industria petrolera.

Glenn Baranko, propietario de una enorme compañía que construye plataformas de perforación y bisnieto de colonos ucranianos, declaró que su familia y amigos ya han aceptado patrocinar a 10 personas que piensa contratar.

“Los quiero aquí y los ayudaré a conseguir su primer apartamento y me aseguraré de que su refrigerador esté lleno hasta que comiencen a recibir cheques de pago”, afirmó.

Brent Sanford, ex vicegobernador que lidera el proyecto estatal para aprovechar el programa de permisos humanitarios, afirmó que la industria petrolera del estado estaba interesada en patrocinar a personas de otros países, como Venezuela, que tiene un sector petrolero sólido y cuyos ciudadanos también son elegibles para los permisos humanitarios.

“Estamos escuchando que algunos de los que vienen podrían querer continuar y quedarse en Estados Unidos, lo cual es genial”, afirmó.

Miriam Jordan cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India.

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