ROMA — Al papa Francisco le gustó el plano arquitectónico.
“Tienen un buen espacio”, le dijo el papa, trazando un cuadrado con las manos durante una audiencia privada el mes pasado, al reverendo Andrew Small, quien gestiona la comisión del papa para combatir los abusos sexuales. “¿Ya se mudaron?”.
Desde que Francisco creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en 2014, el personal ocupaba, y desbordaba, una antigua residencia del Vaticano cerca del apartamento del papa. Si bien la ubicación al principio sugería una proximidad al poder, en la última década la comisión ha visto cómo su influencia se ha erosionado debido a los intereses arraigados del Vaticano y las deserciones. Small dijo que su personal debía tomar prestadas oficinas en la Santa Sede “como beduinos” cuando los obispos se reunían con ellos. Comentó que para los sobrevivientes de abusos era difícil encontrar su rincón escondido.
Así que en años recientes, la comisión buscó, sin aspavientos, un cambio, aunque fuera un cambio de dirección, para reafirmar lo importante que es para la Iglesia proteger a los niños. La búsqueda de un lugar terminó el mes pasado, cuando la comisión se hizo del control de unas oficinas libre de renta en un majestuoso palazzo del siglo XVI controlado por la Iglesia católica en pleno centro de Roma.
La comisión asegura que las nuevas oficinas, de las que hasta ahora no se había informado, en el Palazzo Maffei Marescotti, que se encuentra a unos pasos del Panteón, revelan un compromiso concreto con las víctimas y una clara respuesta a algunas fuerzas del Vaticano que, en su opinión, preferirían que el tema de los abusos sexuales permaneciera oculto o distante.
Lejos de ser un exilio, Small definió el traslado como una expansión hacia una sede mundial en Roma que pueda servir de monumento a “la masacre silenciosa de la infancia de las personas” y dejarles claro a los sobrevivientes que “tienen derecho a estar en un lugar hermoso”.
“Es muy significativo”, dijo en una entrevista Sean O’Malley, arzobispo de Boston y presidente de la comisión.
A pesar de ser “estupendo” haber estado en unas oficinas a pocos pasos del papa, afirmó, “nos dimos cuenta de que no era tan accesible como nos gustaría”. O’Malley comentó que los sobrevivientes de abusos sexuales por parte de clérigos a menudo se sienten incómodos al entrar en una iglesia católica: “Tener que entrar en el Vaticano y pasar por la Guardia Suiza y los gendarmes y todo lo demás puede ser bastante intimidante”.
La ubicación dista de ser el único problema de la comisión. Durante décadas, la Iglesia ha estado polarizada en torno a la asignación de responsabilidad de su jerarquía a la hora de encubrir abusos, a la voz que debe darse a las víctimas dentro de una institución hermética y a la conveniencia de adoptar un enfoque más gradual o contundente hacia una reforma.
Francisco anunció la creación de la comisión en 2013, en medio de preocupaciones de que no tomaba en serio el tema, pero su función terminó siendo solo de consultoría. Los comisionados, entre los que había algunos sobrevivientes, acabaron renunciando en señal de protesta, y acusaron al Vaticano de obstruccionismo.
Con o sin oficinas nuevas, la inestabilidad no ha terminado. El mes pasado, Hans Zollner, jesuita alemán, quien tal vez sea el mayor experto de la Iglesia católica en la lucha contra los abusos y el miembro más destacado de la comisión, también renunció.
Cuestionó la independencia de la comisión y la fustigó por no brindar “responsabilidad, cumplimiento, rendición de cuentas y transparencia”.
“El padre Hans no estuvo muy presente con nosotros el año pasado, así que me sorprendió mucho”, dijo O’Malley sobre la contundente declaración de Zollner, y añadió: “No entiendo cuáles son sus motivaciones para irse, pero trataremos de entender y abordar sus preocupaciones”.
Cuando se le preguntó al cardenal si pensaba que Zollner, de quien algunos de los miembros de la comisión sospechaban que estaba intentando crear un centro de protección de menores paralelo en una universidad pontificia romana, intentaba sabotear la comisión, respondió: “A estas alturas, no sé lo que piensa” (Zollner no respondió a una solicitud de comentarios).
O’Malley prefirió hablar sobre la apertura de las nuevas oficinas de protección en Sudamérica y de las nuevas medidas de rendición de cuentas que Francisco consagró en la legislación eclesiástica el mes pasado.
El cardenal manifestó que el papa había aprobado de manera explícita la visibilidad que proporcionaba la nueva sede de la comisión en el corazón de Roma, lo que, según O’Malley, debería ayudar a “disipar los temores de que estamos siendo exiliados del Vaticano”.
Sin embargo, encontrar ese espacio no fue tarea fácil.
Small, un veterano del Capitolio gracias a su gestión como asesor de política exterior de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, dijo que para encontrar el lugar adecuado tuvo que recurrir a las lecciones que aprendió en Washington sobre “alinear intereses” y respondió a los portazos de rechazo con un decidido: “Bueno, ya lo veremos”.
Muchas veces se topó con una actitud de rechazo típica de la actitud “NIMBY” (acrónimo en inglés de “No en mi patio trasero”), en la que los propietarios de las iglesias veían a la comisión “como una clínica de metadona”.
“Nadie la quiere en su patio trasero”, comentó.
En 2021, Small se encontró con el Palazzo Maffei Marescotti, una propiedad de la Santa Sede fuera del Vaticano que alberga oficinas de caridad, una oficina de correos y la oficina de peregrinaje de la Iglesia. El exdirector de esa oficina, monseñor Liberio Andreatta, quien está a cargo del edificio, vive en el palazzo y es una figura con buenos contactos y conocida en los círculos clericales y políticos romanos por su amplia cartera inmobiliaria.
O’Malley le escribió una carta al secretario de Estado del Vaticano en la que indagaba sobre la propiedad u otras ubicaciones adecuadas y también recurrió al Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la oficina que se encarga de la gestión de los inmuebles de la Iglesia, que en esencia respondió con un cartel de “no hay habitaciones disponibles”.
Small comentó que el equivalente de la alcaldía para la Ciudad del Vaticano también le dijo a la comisión que se olvidara de los planes de expansión en las oficinas que tenía en el Vaticano y les informó que también podrían ser desalojados para brindarle espacio a los cardenales que necesitaran alojamiento en caso de que se celebrara un cónclave para elegir al próximo papa (el Vaticano declinó hacer comentarios).
Al final, Small afirmó que su insistencia y la carta de O’Malley hicieron que Andreatta accediera mostrarles unas pequeñas habitaciones en la azotea del palazzo que Small describió como “repletas de palomas”.
En noviembre pasado, O’Malley fue a realizar una inspección del sitio y le mostraron una serie de habitaciones en ruinas y con techos altos, que estaban disponibles si la comisión pagaba los costos de su restauración. Mientras la comisión estudiaba la posibilidad de realizar una campaña de recaudación de fondos, una reorganización de la oficina del vicario de Roma llevó al obispo Baldassare Reina, un siciliano simpatizante, a ocupar el cargo de vicerregente. Según Small, Reina ejerció más presión sobre Andreatta y consiguió que el papa aprobara las nuevas oficinas en unas salas menos grandiosas pero más prácticas, ubicadas al otro lado del pasillo.
“Trabajamos con discreción”, escribió Andreatta en un comunicado, y agregó que las visitas al lugar sirvieron “para definir mejor las necesidades y la disponibilidad” de la comisión y que “todo lo demás es una reconstrucción fantasiosa”.
Una tarde reciente, algunos miembros del personal entraron a las oficinas por primera vez. Small pidió con cautela al conserje del edificio que le enseñara los espacios comunes del palazzo en el segundo piso.
“Por supuesto”, dijo. “Esta es su casa”.
Detrás de la puerta, aguardaban cornisas doradas, frisos pintados de paisajes y escudos de armas, así como yeserías ornamentales de querubines y ángeles. Small imaginó el espacio como un lugar ideal para organizar eventos de recaudación de fondos y la sesión plenaria de la comisión en mayo, pero también para las intervenciones de las víctimas, incluidas lecturas de diarios que deberían ser “honrados y respetados para que aprendamos del pasado”.
Small tenía diseños de una capilla deteriorada del siglo XVI con vidrieras junto a sus oficinas en el piso de arriba, e imaginó una capilla sin denominación para que las víctimas que habían perdido la fe pudieran recuperar alguna medida de espiritualidad, y “no necesariamente a través de la Iglesia que los lastimó tanto”.
Mientras los técnicos del Vaticano llegaban para instalar el acceso a internet en las nuevas oficinas, el personal de la comisión recorrió las habitaciones más augustas pero decrépitas al otro lado del pasillo, que estaban disponibles para la comisión si lograban renovarlas.
Rosanna Giacometto, una especialista en traumatología de 50 años, revisó la gran pantalla plana en la pared en busca de puertos, “HDMI”, afirmó. “Esto es importante”. A unos metros de distancia, Sheila Kinsey, una veterana de los refugios para abusos sexuales en Estados Unidos, admiró la pintura del techo que mostraba caballos míticos impulsando una carroza y reflexionó sobre “intentar descifrar a dónde vamos como equipo”.
“Todo el lugar necesita ser recableado”, aseguró Emer McCarthy, una funcionaria de la comisión de 46 años, mientras inspeccionaba el cableado expuesto y el moho en el papel tapiz de damasco.
En el nuevo espacio, el personal de la comisión disfrutó de la orientación hacia el sur e imaginó un entorno acogedor para las víctimas, con todo y parrillas en la terraza del otro lado del patio. Small fue más ambicioso.
“No me sorprendería si esto nos quedara chico en poco tiempo”, dijo. “Y que este se convirtiera en el palacio de los sobrevivientes”.
Jason Horowitz es el jefe del buró en Roma; cubre Italia, Grecia y otros sitios del sur de Europa. Cubrió la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos, el gobierno de Obama y al congreso con un énfasis en perfiles políticos y especiales.@jasondhorowitz