La percepción de que la clase gobernante no es más que una camarilla interesada en su propio bienestar y que debe, por ello, ser eliminada de raíz, es uno de los principales combustibles del populismo en América Latina. El Barómetro de las Américas, una extensa encuesta que abarca a todo el continente americano, muestra que, en 2021, el 65 por ciento de los latinoamericanos creía que más de la mitad de todos los políticos eran corruptos, incluido el 88 por ciento de los encuestados en Perú y el 79 por ciento en Brasil. Del mismo modo, los partidos cuentan con la confianza de solo el 13 por ciento de los latinoamericanos y los congresos, del 20 por ciento, siendo Perú el país con los números más bajos de la región, según los datos de 2020 del Latinobarómetro, otra encuesta regional.
El colapso de los sistemas de partidos conduce a la aparición de actores mesiánicos que aceleran la erosión de la democracia bajo el pretexto de salvarla de su decadencia. Al igual que los populistas en todas partes, los que hoy pululan en América Latina sienten desprecio por las instituciones a las que consideran cómplices de una corrupción que solo ellos pueden enfrentar, como alguna vez lo dijo célebremente Donald Trump. Para los populistas, los pesos y contrapesos que definen a una democracia son lujos prescindibles o, peor aún, distorsiones que impiden que se escuche la voz del pueblo.
Esta es una receta peligrosa para la democracia y realmente terrible para quienes en forma genuina se preocupan por luchar contra la corrupción, que prolifera justamente donde el poder carece de contrapesos. América Latina necesita frenos y contrapesos y más Estado de derecho, no menos.
Sin embargo, en la última década, la calidad del Estado de derecho y la independencia judicial se estancó o deterioró en la gran mayoría de los países de la región, según datos del Banco Mundial, el Proyecto de Justicia Mundial, así como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la organización internacional de apoyo a la democracia que dirijo. Lo mismo se aplica para la libertad de prensa. Desde 2013, esta última disminuyó en 15 de los 18 países latinoamericanos, según los datos de Reporteros sin Fronteras.
No sorprende, pues, que a América Latina le vaya peor hoy que hace una década en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. En 2013, Latinoamérica ocupaba el percentil 57,2 del mundo en control de la corrupción, según los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Para 2021, había caído al percentil 49,8. Esto coincide con los resultados de Brasil, El Salvador y México, donde el indicador descendió desde que los autoproclamados defensores de la lucha contra la corrupción llegaron al poder.