El problema básico es que el gobierno no tiene los recursos para actuar de manera justa. Una propuesta de ley presentada el año pasado, la Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas, proporcionaría dichos recursos. La parte central de la iniciativa expandiría la capacidad del sistema migratorio para hacer un triaje de las peticiones de asilo. Proporciona financiamiento para cuatro nuevos “centros de procesamiento” a lo largo de la frontera sur donde los migrantes que buscan asilo podrían ser detenidos por hasta 72 horas y donde podrían ser sometidos a exámenes médicos, revisión de antecedentes y una evaluación inicial para determinar si tienen un “temor creíble” de persecución en sus países de origen. Los individuos que no cumplan con el parámetro podrían ser deportados, con un derecho limitado a apelar.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia que ayudaría a operar los nuevos centros de procesamiento, tiene un historial largo y bien documentado de tratar mal a los migrantes. Grupos de activistas incluyendo a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) han externado preocupaciones legítimas sobre cualquier expansión a la autoridad de una agencia que a menudo se ha comportado como si estuviera librando una guerra contra la inmigración. Sin embargo, tiene poco sentido crear una nueva agencia para que haga el trabajo de una existente. La legislación presenta una oportunidad para que el Congreso clarifique la misión de la agencia e incluye disposiciones para que haya supervisión de parte de organizaciones vigilantes gubernamentales y no gubernamentales.
La propuesta de ley también financiaría una expansión del sistema para tomar decisiones finales sobre los casos de asilo, con el objetivo de hacer más expeditas esas decisiones. Añadiría 150 jueces migratorios, un incremento de más del 25 por ciento, así como 300 “oficiales de asilo”. Bajo un programa piloto que el gobierno de Biden lanzó la primavera pasada, algunas peticiones de asilo son escuchadas por oficiales de asilo que participan en un curso de entrenamiento de cinco semanas en lugar de jueces migratorios, quienes deben haberse graduado de derecho y contar con al menos siete años de experiencia. El piloto intenta lograr un equilibrio entre el debido proceso y la velocidad, pues les proporciona a los solicitantes al menos 21 días, pero no más de 45, para prepararse para su audiencia (un objetivo razonable para todas las solicitudes de asilo).
La iniciativa también instruye al gobierno que priorice la adjudicación de peticiones nuevas de asilo durante “aumentos repentinos” en el número de solicitudes. Eso podría retrasar el procesamiento de peticiones existentes, pero es una estrategia sensata para desalentar a las personas sin peticiones válidas de hacer fila con la esperanza de que pasarán años antes de que cualquier persona juzgue el mérito de su petición.
La propuesta está muy concentrada en los mecanismos de la solicitud de asilo. No aborda los problemas económicos y políticos que impulsan a la gente a arriesgarse a hacer el recorrido a Estados Unidos ni ofrece caminos alternativos para ingresar al país de manera legal para quienes no cumplen con los requisitos para el asilo. Esos son defectos reales, comparables a construir una presa sin un desagüe.
La iniciativa tampoco aborda la tensión en las comunidades fronterizas donde los migrantes son liberados de custodia federal y en las comunidades de todo el país donde se establecen los migrantes.
En el año fiscal más reciente, el gobierno federal destinó 150 millones de dólares a rembolsar a los gobiernos locales y a las organizaciones sin fines de lucro que proporcionan ayuda a los migrantes. Eso es insuficiente; tan solo la ciudad fronteriza de El Paso en Texas está rumbo a gastar 89 millones de dólares en un año para brindar servicios a migrantes. California ha gastado 900 millones de dólares en los últimos tres años. En una evaluación de 2016, las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina concluyeron que la inmigración impone costos significativos a corto plazo a los gobiernos locales, pero que los hijos de inmigrantes “están entre los contribuyentes fiscales y económicos más sólidos de la población estadounidense”. En otras palabras, la inmigración es una inversión en el futuro de Estados Unidos, pero alguien todavía tiene que cubrir los costos iniciales.