Los brasileños irán a las urnas el domingo en una votación que ha polarizado al país y que se espera tenga como consecuencia un nuevo presidente. El elegido estará obligado a lidiar con una crisis económica, el aumento en la deforestación de la Amazonía y las dudas persistentes por la salud de la mayor democracia latinoamericana.
La elección sucede en un momento clave para Brasil, en el que el aumento en los precios de alimento y combustible, así como una dolorosa desaceleración económica han dificultado la vida de muchos brasileños. En el país de 217 millones de habitantes, unas 33 millones de personas pasan hambre y la pobreza extrema ha aumentado, dando marcha atrás a décadas de avances sociales y económicos.
También hay grandes preocupaciones ambientales y del clima. La deforestación en la Amazonía está en niveles que no se habían visto en 15 años y el titular de ultraderecha, Jair Bolsonaro, quien considera que la selva debe abrirse a la minería, la agricultura y la ganadería y quien ha debilitado las protecciones ambientales. La destrucción amazónica —y sus efectos en los esfuerzos para evitar una crisis climática— han convertido a Brasil en un paria mundial.
¿Quiénes son los candidatos?
La elección es un duelo entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, un expresidente de izquierda que gobernó de 2003 a 2010. Da Silva fue encarcelado en 2018 por cargos de corrupción, pero su condena fue posteriormente anulada después de que el Supremo Tribunal Federal dictaminara que el juez del caso era parcial.
Los votantes buscan dilucidar cómo es que los dos principales candidatos planean abordar distintos desafíos y devolver a Brasil al camino del crecimiento.
Otros nueve candidatos, entre ellos Ciro Gomes, un exgobernador y una senadora, Simone Tebet, también participan en la contienda, pero todos cuentan con menos del 10 por ciento de apoyo. El domingo, los brasileños también votarán para elegir gobernadores, senadores y representantes en las legislaturas estatales y federal.
¿Qué propone Bolsonaro?
Bolsonaro ha prometido a las familias necesitadas que les dará 113 dólares mensuales en efectivo, ampliando así una política temporal que se creó inicialmente para mitigar las penurias de la pandemia.
La continuación del programa, que replanteó y remplazó un programa similar pero menos generoso implementado en el gobierno de Da Silva, se supone que es para “reducir la pobreza y contribuir al crecimiento económico sostenible”, según el plan oficial de Bolsonaro.
El titular de extrema derecha también promete crear empleos a través de la eliminación de restricciones burocráticas, los recortes fiscales y la inversión en tecnología. En un gesto dirigido a los inversores, que lo apoyaron masivamente en 2018, Bolsonaro promete mantener su enfoque de libre mercado y mantener la deuda pública a raya. Bolsonaro ha gastado considerablemente en prestaciones sociales y apoyos para el combustible previo a las elecciones luego de impulsar la eliminación temporal de límites al gasto público.
Bolsonaro, haciendo eco de la retórica de línea dura que le ganó el apoyo de los ultraconservadores y votantes evangélicos hace cuatro años, también promete defender a “la familia” al oponerse al aborto legal y la educación en materia de género en las escuelas.
Como defensor de la privatización, planea reducir “el papel del Estado en la economía” y vender las empresas estatales como Petrobras, la empresa de energía.
Pero Bolsonaro también defiende la expansión a gran escala de la minería y la agricultura, si bien indica que el crecimiento debe considerar “la sustentabilidad económica, social y ambiental”.
Promete combatir con mayor agresividad los crímenes ambientales, pero cuestiona los datos que muestran un aumento agudo de la deforestación durante su presidencia y sostiene que Brasil tiene derecho al “uso sustentable de sus recursos naturales”.
Bolsonaro también ha dicho que ampliará las políticas de mano dura contra el crimen y promete extender aún más el acceso a las armas de fuego, una medida a la que atribuye la disminución los crímenes violentos en el país. “La legítima defensa es un derecho fundamental”, dice el candidato.
¿En qué consiste la plataforma de Da Silva?
Da Silva presidió una época dorada de crecimiento en sus dos periodos. En ese entonces, un auge de las materias primas convirtió a Brasil en una historia de éxito a nivel mundial. Promete devolver al país a esos días de gloria.
El candidato de izquierda promete aumentar los impuestos a los ricos e impulsar el gasto público, “poniendo al pueblo en el presupuesto”. Sus planes incluyen una serie de programas sociales, como un vale mensual de 113 dólares que compite con el propuesto por Bolsonaro. Las familias pobres con niños recibirán otros 28 dólares mensuales por cada niño menor de 6 años.
Da Silva también ha prometido ajustar el salario mínimo mensual de Brasil según la inflación y revivir un plan de vivienda para los pobres y al mismo tiempo garantizar la seguridad alimentaria para las personas que pasan hambre.
Como exlíder sindical, Da Silva planea revitalizar el crecimiento y “crear trabajo y oportunidades de empleo” al gastar en infraestructura, un guiño a su estrategia anterior. Pero también planea invertir en una “economía verde”, al advertir que Brasil debe adoptar sistemas energéticos y alimentarios más sostenibles.
En respuesta a las afirmaciones sin fundamento de Bolsonaro de un posible fraude con las máquinas de votación, Da Silva dice que va a “defender a la democracia” y el sistema electoral brasileño.
Sobre la Amazonía, el candidato de izquierda ha insinuado que se enfrentará a los crímenes ambientales perpetrados por milicias, invasores de tierras, leñadores y otros. “Nuestro compromiso es luchar sin descanso contra la deforestación ilegal y promover la deforestación cero”, ha dicho.
¿Cómo funciona el sistema electoral?
Los brasileños emitirán su voto en máquinas electrónicas, un sistema que opera hace más de 20 años y que ha sido protagonista de las afirmaciones de Bolsonaro de que existe el riesgo de que se amañe la elección.
En julio, llamó a los diplomáticos extranjeros al palacio presidencial para mostrar sus pruebas, que resultaron ser noticias de hace años sobre un hackeo que no puso en riesgo las máquinas de votación. También ha reclutado a los militares de Brasil en su batalla contra las autoridades electorales, lo que suscitó temores de que las fuerzas armadas pudieran apoyar cualquier esfuerzo de aferrarse al poder.
El miércoles por la noche, el partido político de Bolsonaro emitió un documento que aseguraba, sin aportar pruebas, que un grupo de empleados de gobierno y contratistas tenían el “poder absoluto de manipular los resultados electorales sin dejar huella”.
Ese fue uno de los ataques más significativos contra el sistema electoral de Brasil hasta el momento. El partido dijo que había llegado a esa conclusión tras una auditoría del sistema electoral que había encargado en julio y que emitía ahora la información debido a que los funcionarios electorales no habían tomado medidas suficientes.
La autoridad electoral de Brasil respondió de inmediato el miércoles. Las conclusiones del documento son “falsas y deshonestas y no tienen respaldo en la realidad” y constituyen “un intento claro de obstaculizar y trastornar el curso natural del proceso electoral”, indicó la agencia en un comunicado. El Tribunal Superior dijo que ahora investiga al partido del presidente por haber difundido el documento.
Votar es obligatorio en Brasil y, en 2018, la participación en la primera ronda de las elecciones fue casi del 80 por ciento.
El domingo, la autoridad electoral empezará a emitir resultados al cerrar las casillas a las 5 p.m., hora de Brasilia, y el conteo final se anuncia unas horas después.
Si ningún candidato supera el 50 por ciento de los votos el domingo, se llevará a cabo una segunda vuelta el 30 de octubre. Una vez elegido, el nuevo presidente asumirá el poder el 1 de enero.