En mi comunidad, en el sur de Costa Rica, la ceiba es un árbol sagrado. Se eleva por encima de todos los demás árboles en nuestros bosques, con un dosel que puede crecer hasta 70 metros.
Mi pueblo, el bribri, siempre ha mirado nuestras ceibas con asombro y respeto. Las naciones ricas ahora las miran y ven una oportunidad de expiar sus pecados climáticos. Después de décadas y décadas de usar combustibles fósiles, ahora pueden comprar en los mercados de bonos o créditos de carbono, pagando a comunidades como la mía para mantener los bosques tropicales seguros. Usamos el dinero para, por ejemplo, contratar guardabosques que puedan patrullar los límites de nuestras tierras y proteger contra operaciones ilegales de tala, minería y agricultura, evitando así la deforestación que es una fuente importante de emisiones que contribuyen al calentamiento global.
Las empresas que tienen sus propios compromisos para reducir sus emisiones también pueden participar en estos mercados. Destinan grandes sumas de dinero a través de empresas intermediarias que a menudo utilizan el papel de los pueblos indígenas como punto de venta.
En la conferencia climática de las Naciones Unidas en Sharm el Sheikh, Egipto, el mes pasado, uno de los debates más polémicos fue sobre reglas justas para el nuevo sistema de comercio de carbono que se espera que comience en 2024 como parte del acuerdo climático de París.
Pero las negociaciones no lograron crear nuevas reglas y protecciones, dejando intacto un sistema en el que las comunidades indígenas pueden ser explotadas con facilidad, y ya están siendo explotadas. Es especialmente preocupante una disposición que permite a los países mantener la confidencialidad de la información sobre los proyectos de créditos de carbono. Es por eso que, en el futuro, el organismo de la ONU que supervisará los mercados de carbono debe exigir que cualquier propuesta de asociación con los pueblos indígenas comience con el reconocimiento de nuestros derechos sobre la tierra, la transparencia sobre los detalles del proyecto y un proceso de consulta con las comunidades, la única garantía de que nuestros bosques permanecerán en pie.
La falta de regulación actual y la carencia de reglas claras ha provocado que surgan los “vaqueros del carbono”, intermediarios que se han acercado a las comunidades indígenas en Honduras, Brasil y Colombia y los han convencido para que firmen sus derechos sobre el carbono en sus bosques y, a su vez, los pagos que vendrían con ello.
En el peor de los casos, los vaqueros del carbono son empresas e individuos que establecen sus propias reglas, forjando acuerdos con los pueblos indígenas que socavan los derechos sobre la tierra y niegan a las comunidades el derecho a dar (o negar) su consentimiento para participar en el mercado de créditos de carbono.
La comunidad internacional ha pedido mercados de carbono de “alta integridad” que reduzcan las emisiones y protejan contra la explotación. Pero eso solo es posible cuando las personas que tienen vínculos espirituales y culturales profundos con el bosque están directamente involucradas.
Incluso los intermediarios que proclaman sus altos estándares éticos a menudo se quedan cortos en las protecciones reales. La coalición LEAF es una iniciativa pública y privada que ha recibido más de 1500 millones de dólares de corporaciones como H&M, Volkswagen, Amazon, Unilever y BlackRock. LEAF dice que garantiza “los más altos niveles de integridad ambiental y salvaguardas sociales, particularmente para los pueblos indígenas y las comunidades locales”. Pero en la práctica, no ofrece garantías evidentes para los derechos indígenas sobre el terreno.
La integridad ambiental está arraigada en las lenguas indígenas y se transmite de generación en generación. Está enraizada en nuestro sentido de pertenencia por la cultura, la tradición y la espiritualidad. Es fundamental para nuestra identidad. Somos los ojos y los oídos sobre el terreno, y sabemos si el bosque está amenazado. Somos la clave para asegurar que el carbono se quede aquí, en el bosque.
Los intermediarios de bonos de carbono han dicho que la velocidad del cambio climático no nos permite ser parte del proceso de consulta. Pero no podemos ser meros observadores y comentaristas si algo tiene que ver con nuestro bosque. Necesitamos un asiento en la mesa.
Nuestros mayores, mujeres y jóvenes quieren entender lo que se propone. Puede que no suceda tan rápido como les gustaría a estos intermediarios. Pero estas nuevas relaciones entre las corporaciones más ricas del mundo y las comunidades pobres como la mía también deben tener que ver con la participación, los derechos y el conocimiento cultural. El objetivo común no debe ser encubrir los pecados ambientales, sino encontrar soluciones al problema climático que enfrentamos juntos.
Levi Sucre Romero es miembro del pueblo indígena Bribri de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.