La acusación del expresidente Donald Trump marca una primera vez para Estados Unidos, pero estos casos se han vuelto bastante comunes en el resto del mundo. En las últimas dos décadas, varias decenas de países han enjuiciado a algún exgobernante o jefe de Estado.
Y aunque los aliados de Trump han dicho varias veces que esas acusaciones son propias de una “república bananera”, muchos de estos casos han sucedido en naciones que suelen considerarse como las más libres, más democráticas y más prósperas del mundo.
En los últimos 15 años, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac, de Francia, Park Geun-hye y Lee Myung-bak, de Corea del Sur, así como el italiano Silvio Berlusconi fueron enjuiciados y hallados culpables de corrupción. La lista de quienes han sido acusados penalmente también incluye a dirigentes elegidos de manera democrática en Argentina, Brasil, Pakistán, Perú, Sudáfrica y Taiwán.
En la década de 1980, fue declarado culpable Kakuei Tanaka, un ex primer ministro de Japón. Y en estos momentos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está enfrentando un juicio con acusaciones de corrupción.
“Siempre tiene gran relevancia que un expresidente o ex primer ministro sea juzgado, pero en la mayoría de las democracias es normal cuando se les acusa de manera creíble de delitos graves”, dijo Steven Levitsky, un profesor de gobierno y estudios sociales en la Universidad de Harvard que ha escrito sobre la transición a la democracia en decenas de países. Según Levitsky, Estados Unidos ha sido un caso atípico por su renuencia a acusar a un exmandatario.
“Los sistemas políticos deben gestionarlo”, añadió. “Deben hacerlo porque la alternativa —que sería admitir que algunas personas están por encima de la ley— es mucho peor”.
Los procesos judiciales pueden reflejar que el Estado de derecho es sólido, que ni siquiera los poderosos están por encima de la justicia y que se les puede hacer rendir cuentas. Pero también pueden demostrar que el Estado de derecho es débil y que con mucha facilidad el sistema judicial se puede usar como un arma en contra de los adversarios políticos.
“De inmediato muchas personas piensan que es por motivos políticos; y va a ser muy difícil, si no es que imposible, convencerlas de que se trata de un proceso apolítico legítimo”, dijo John B. Bellinger III, investigador principal adjunto en el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington y alto funcionario jurídico durante el mandato del presidente George W. Bush.
De acuerdo con los politólogos, es probable que esa reacción sea más fuerte en un país donde la política es muy polarizada y partidista. Si los aliados políticos del acusado están dispuestos a ver cómo se desenvuelve el proceso legal, en vez de lanzarse a la defensa del dirigente acusado, por lo general es menos probable que a los fiscales se les tache de ser parciales.
Nathalie Tocci, una politóloga italiana, tiene algunos consejos aleccionadores para los fiscales bien intencionados que participan en esos casos: “No creo que puedan hacerlo bien”.
Pero eso no significa que aconseje que no lo hagan.
“Si creen que, en términos jurídicos, hubo un delito y tienen que proceder, solo háganlo”, dijo Tocci. “Pero siempre hay una parte que tiene que ver con la justicia y otra con la política, y deberíamos tratar de mantenerlas separadas, pero eso es imposible”.
Históricamente los líderes autoritarios han reprimido a sus oponentes sin preocuparse siquiera por la apariencia de cumplir con el debido proceso. Pero en los últimos años, decenas de esos gobiernos han usado los tribunales, con veredictos predeterminados, para condenar de manera pública a sus adversarios derrocados y asustar a otros para que se sometan.
En las democracias la opinión pública importa mucho y existe alguna expectativa de justicia imparcial, en la que el trabajo de un fiscal es más delicado. La aplicación imparcial de la ley puede ser considerada como una retribución política, y viceversa, ejerciendo una presión adicional sobre los fiscales al momento de decidir si deben proceder o no.
Berlusconi, quien fue primer ministro de Italia en tres ocasiones, ha sido enjuiciado varias veces, fue hallado culpable de evasión de impuestos, además le anularon otros veredictos de culpabilidad en una apelación y ha evadido otras acusaciones solo con cambiar las leyes.
En medio de todo, al igual que Netanyahu y Trump, ha pasado años presentándose como una víctima perseguida por un sistema político fuera de control y politizado, con lo que ha cimentado el apoyo de sus partidarios y sobrevivido a un escándalo tras otro.
Según Tocci, esa combinación puede afectar seriamente la confianza que tiene la población en el sistema de justicia; los partidarios del acusado consideran que el sistema es ilegítimo, mientras que los opositores lo consideran ineficiente.
“Si se produce una exoneración, eso puede ser una prueba de que el sistema judicial funcionó, pero la población dirá que no sirvió de nada y que fue algo motivado políticamente”, señaló.
No obstante, añadió: “Al ver los casos de Berlusconi, yo sostendría que fue bueno hacerlo, aunque no sirvió de nada y alargó su vida política”.
Los juristas señalan que hay grandes áreas grises. Es posible que un proceso judicial se centre en lo que podría ser un delito, pero estar motivado políticamente o ser debatible.
El líder de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue hallado culpable de lavado de dinero y corrupción, pero el máximo tribunal del país desechó los cargos en 2021 por parcialidad del juez después de que se supo que el jurista se comunicaba mucho en privado y de manera indebida con los fiscales y les consultaba sobre la estrategia. Lula salió de la cárcel después de 19 meses, y el año pasado volvió a contender por la presidencia, la cual ganó.
Otra zona opaca tiene que ver con la impunidad y con diversas formas de corrupción muy comunes.
Justin Vaïsse, un historiador y exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, comentó que Lula “violó algunas de las reglas y principios, pero todos hicieron lo mismo y otros tal vez estaban haciendo cosas peores”, lo que lo convirtió en lo que algunas personas consideran como un blanco de acusaciones selectivas con motivaciones políticas.
Vaïse añadió que Chirac no cayó por “el uso del sistema judicial como un arma”, sino por el cambio de normas éticas. Tras ser presidente de Francia, Chirac fue hallado culpable de crear puestos ficticios para sus aliados políticos cuando fue alcalde de París algunas décadas atrás.
“En ese entonces, algunas de las cosas que hacía Chirac eran prácticas habituales”, dijo Vaïse.
Bellinger afirmó que para garantizar la imparcialidad, o la apariencia de imparcialidad, los fiscales, al igual que los jueces, deben estar “al margen de presiones políticas” y añadió que ellos mismos deben ser apolíticos “en la medida de lo posible”.
Bellinger reconoció que era difícil que los funcionarios convencieran a la opinión pública sobre su imparcialidad cuando enfrentan constantes acusaciones de parcialidad y cuando son designados por funcionarios electos o ellos mismos son electos.
Sin embargo, Bellinger y otros especialistas señalaron que esos desafíos, por muy difíciles que sean, no pueden hacer que el sistema judicial deje de procesar acusaciones legítimas contra los dirigentes políticos.
“Es común que las personas lancen golpes bajos al proceso cuando son arrestadas”, dijo Levitsky. “Pero si alguien roba un banco y lo arrestamos, y luego esa persona amenaza con lanzar una granada al palacio de justicia, el problema no es que la arrestamos por robar un banco”.
Richard Pérez-Peña, editor de noticias internacionales en Nueva York, ha estado en el Times como reportero y editor desde 1992. Ha trabajado en las secciones Metro, Nacional, Negocios, Medios e Internacional. @perezpena • Facebook