Al menos 41 reclusas murieron el martes por la mañana en el centro de Honduras después de que estalló un motín en la única prisión para mujeres del país, este incidente es considerado como uno de los brotes de violencia más mortíferos que han sucedido en el sistema penitenciario del país que, desde hace mucho tiempo, presenta problemas.
La mayoría de las víctimas se quemaron, mientras que otras recibieron disparos, dijo Yuri Mora, portavoz de la fiscalía que añadió que se esperaba que el número de personas fallecidas aumentara a medida que los investigadores rastreaban el centro de detención en Támara, cerca de Tegucigalpa, la capital.
Aunque las causas de la violencia no han sido aclaradas, la prisión ha sido el escenario de continuos conflictos entre bandas enemistadas.
“Estamos consternadas por pérdidas de vidas humanas”, declaró en rueda de prensa Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y responsable del sistema penitenciario hondureño. Según Villanueva, el sistema penitenciario del país ha sido “secuestrado” por el crimen organizado.
La cifra de fallecimientos de este martes convierte el incidente en el motín carcelario más mortífero registrado en el país centroamericano en los últimos años. A fines de 2019, casi 40 pandilleros murieron en enfrentamientos en dos cárceles exclusivamente masculinas durante el mismo fin de semana.
Los asesinatos se han disparado en los últimos años en la cárcel de mujeres, donde varias reclusas han sido estranguladas o apuñaladas durante enfrentamientos entre pandilleras de dos organizaciones criminales rivales: la pandilla Barrio 18 y la pandilla MS-13.
La presidenta del país, Xiomara Castro, escribió en su cuenta de Twitter que estaba “conmocionada” por las muertes y prometió tomar “medidas drásticas” para que los funcionarios responsables rindan cuentas.
La mandataria aseguró que la revuelta fue “planificada por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad”, afirmó, sin dar más detalles.
Durante décadas, las pandillas MS-13 y Barrio 18, antiguas rivales que se originaron en Estados Unidos, han fomentado la violencia en Honduras y países vecinos.
En su lucha por contenerlas, Castro ha declarado y prorrogado el estado de excepción desde diciembre, suspendiendo algunos derechos constitucionales y permitiendo que los agentes de seguridad detengan a personas que creen que podrían estar relacionadas con las bandas.
El modelo es similar al enfoque mucho más agresivo de El Salvador, donde la represión gubernamental de la violencia de las bandas ha provocado una caída en picada de las tasas de homicidio, aunque grupos de derechos civiles afirman que eso ha ocasionado detenciones arbitrarias masivas, hacinamiento extremo en las cárceles y torturas.
Según la policía nacional, la estrategia hondureña de lucha contra las pandillas ha provocado un descenso de la violencia este año, aunque no tan pronunciado como en El Salvador.
Castro ha declarado que la extorsión de las pandillas es “una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas” y sigue siendo un problema importante. Un informe reciente del capítulo local de Transparencia Internacional concluía que el 8,4 por ciento de los hogares hondureños siguen sufriendo extorsiones, lo que muestra un ligero descenso respecto al 9 por ciento del año pasado.
La violencia no es poco frecuente en las prisiones de Honduras y otros países centroamericanos, donde el hacinamiento en las instalaciones llenas de miembros de pandillas rivales proporciona un terreno fértil para los disturbios.
Un informe de 2021 de Human Rights Watch sobre Honduras afirmaba que “el hacinamiento, la alimentación inadecuada, la salubridad deficiente, las golpizas, la violencia de pandillas y los asesinatos de detenidos son endémicos en las prisiones hondureñas”.
La Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Honduras albergaba a unas 800 reclusas, aproximadamente el doble de su capacidad, según un funcionario del gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2020, registró “varios hechos violentos” en las cárceles hondureñas, incluido el centro de mujeres, “en el que no se habían reportado muertes violentas anteriormente”. Algunos de esos incidentes “habrían sido perpetrados con armas de fuego y otros objetos prohibidos”, dijo la comisión.
Según las autoridades hondureñas, en el interior de las prisiones se han encontrado artículos de contrabando como alcohol, drogas, pistolas, ametralladoras e incluso granadas. Los medios de comunicación locales han informado que algunos reclusos sobornan a funcionarios para poder introducir armas, de manera clandestina, en las prisiones.
En abril, el gobierno hondureño anunció un plan para enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario y tratar de frenar la violencia que incluye garantizar que los reclusos no estén armados y aislar a quienes tengan vínculos con bandas delictivas y el crimen organizado.
El motín del martes fue “producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando”, dijo Villanueva a los periodistas, refiriéndose a la campaña antipandillas de Castro.
Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. @emiliano_mega