El ejército brasileño nunca pidió perdón por sus crímenes. Al contrario, sigue celebrando lo que llama la revolución de 1964. Durante el gobierno de Bolsonaro, todos los años se celebró el 31 de marzo, la fecha del golpe de Estado que llevó a los militares al poder. El cambio de régimen, según un exministro de Defensa, fue un “hito histórico de la evolución política brasileña”.
Sin embargo, el problema se remonta mucho más atrás, a la propia fundación del país. La república, después de todo, fue establecida mediante un golpe militar en 1889. “Los militares”, como dijo una vez el eminente abogado brasileño Heráclito Sobral Pinto, “nunca aceptaron no ser los dueños de la república”. En los 130 años transcurridos desde entonces, los militares se han cernido sobre Brasil —como escribió el politólogo Adam Przeworski, refiriéndose a las democracias aquejadas de militares arrogantes— “como sombras amenazadoras, listas para caer sobre cualquiera que vaya demasiado lejos al socavar sus valores e intereses”.
Y esos intereses son considerables. Sin guerra a la vista, Brasil tiene el quinceavo ejército permanente más grande del mundo, con 351.000 efectivos activos, 167.000 oficiales inactivos y 233.400 pensionistas, según el Portal de la Transparencia. En términos de presupuesto, el gobierno federal gasta más en defensa que en educación, y casi cinco veces más que en salud. (Por cierto, el país cuenta con un enorme sistema de salud pública). El presupuesto previsto del Ministerio de Defensa para este año es de 23.000 millones de dólares, el 77 por ciento del cual se destina a pagarle al personal.
Los militares gozan de muchos privilegios, con sus propios sistemas de educación, vivienda, salud e incluso justicia penal. Curiosamente, quedaron exentos de la reciente reforma de pensiones en Brasil. Por suerte para ellos: en 2019, la remuneración promedio de un militar retirado era más de seis veces superior a la de un civil retirado.
No solo los militares se benefician de tanta generosidad, sino también sus familias. Por ejemplo, 137.900 hijas solteras de militares recibirán las pensiones de sus padres durante el resto de sus vidas, una lista que incluye a las dos hijas del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de torturar a cientos de personas y retirado con el rango de mariscal.
Después de que Bolsonaro se convirtió en presidente en 2019, los militares inundaron el gobierno civil. En 2020, 6157 militares —la mitad en servicio activo— trabajaban para el gobierno federal, más del doble que en 2018. En un momento dado, 11 de los 26 ministros del gobierno de Bolsonaro eran oficiales u oficiales retirados, incluyendo al ministro de Salud durante la mayor parte de la pandemia, el general Eduardo Pazuello, quien aún no ha rendido cuentas por sus fechorías.
El nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha intentado apartar poco a poco a los militares del gobierno, sobre todo tras la insurrección del 8 de enero, en la que los militares desempeñaron un papel turbio. Si los militares no participaron en los disturbios, tampoco hicieron mucho por evitarlos. En enero, Lula despidió al dirigente del ejército, que supuestamente protegió a los alborotadores pro-Bolsonaro en un campamento en Brasilia la noche de los ataques. Resulta alentador que un juez del Supremo Tribunal haya dictaminado que los militares implicados en los disturbios sean juzgados por un tribunal civil.