A medida que Estados Unidos comienza a imponer reglas fronterizas que dificultan que los migrantes soliciten asilo, es muy probable que muchos reciban una rápida deportación a México, donde estarán expuestos a grupos criminales y funcionarios corruptos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El papel que México desempeña como brazo ejecutor de Washington para disuadir a los migrantes de dirigirse ilegalmente a Estados Unidos a través del territorio mexicano será más significativo con la expiración, el jueves 11 de mayo, de una política de la era de la COVID-19 conocida como Título 42, la cual detuvo la entrada de muchos migrantes en la frontera y le permitió a las autoridades estadounidenses expulsarlos con rapidez.
En conversaciones la semana pasada con el gobierno de Joe Biden, México dijo que aceptaría que inmigrantes no mexicanos fueran enviados de regreso desde Estados Unidos bajo las nuevas reglas y les tramitaría el asilo mexicano.
Pero si el sistema de asilo en Estados Unidos está plagado de retrasos, la situación en México es igual de precaria, con casos de asilo que duran años sin resolución.
Además, muchos migrantes expulsados a ciudades mexicanas a lo largo de la frontera con Estados Unidos enfrentan horrores diarios a manos de organizaciones criminales y, en algunos casos, de las mismas agencias gubernamentales en las que Washington se está apoyando para ayudar a mitigar el flujo de migrantes en la frontera, según organizaciones de defensa de derechos humanos.
Desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero de 2021, ha habido casi 13.500 ataques contra personas deportadas a México desde Estados Unidos o a las que se les impidió cruzar la frontera, según un informe reciente de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights First.
El informe dice que, en algunos casos, funcionarios mexicanos se han confabulado con organizaciones criminales para extorsionar a los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el trato del gobierno a los migrantes.
“Ese país no es un país seguro”, dijo sobre México Yuri Hurtado, una migrante colombiana de 26 años.
Hurtado dejó su país en marzo junto a seis miembros de su familia para escapar de la pobreza y la violencia. Pasa sus días en un refugio para migrantes cerca de la frontera con Estados Unidos escuchando mensajes telefónicos amenazantes de miembros de un grupo criminal que, según contó Hurtado, secuestró a sus familiares la semana pasada mientras viajaban en un autobús por México.
El refugio donde se hospeda Hurtado, Casa del Migrante San Juan Diego, está en Matamoros, una ciudad del norte de México que es conocida por la violencia, y que está al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas.
Hurtado dijo que la banda criminal que tiene secuestrada a sus dos hermanas, un cuñado, así como dos sobrinos, de 2 y 5 años, le había exigido 4000 dólares por su liberación o comenzaría a sustraer sus órganos.
La suma es mucho más de lo que Hurtado dijo que podía pagar. La policía local, afirmó, no la ayudó cuando trató de presentar una denuncia, una respuesta típica de las autoridades, según organizaciones defensoras de derechos de los migrantes.
“Me da mucho miedo que lo pasen a él por una frontera y a mí por otra”, dijo. “Sola en una frontera yo me muero”, aseguró, y agregó que esperaba que sus familiares fueran liberados antes de que intentara cruzar la frontera.
Historias como la de Hurtado no son inusuales. Las organizaciones criminales a menudo les imponen tarifas a los migrantes para viajar por México y luego los secuestran. Más de 2000 migrantes fueron secuestrados por bandas criminales el año pasado, dijo el gobierno mexicano la semana pasada.
Al mismo tiempo, los migrantes también son vulnerables a ser victimizados por las autoridades migratorias de México.
“Los abusos por parte de los propios funcionarios estatales son sistémicos”, aseveró Julia Neusner, abogada coautora del informe de Human Rights First. “Escuchamos cientos y cientos de historias de personas que sufren daños directamente a manos de estos funcionarios estatales, incluidos secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos, extorsiones”.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a finales de 2018, prometió que México nunca sería usado para hacer “el trabajo sucio” de las políticas migratorias de Washington.
De hecho, su gobierno emitió más visas para permitir que los inmigrantes viajaran libremente a México y llegaran a la frontera con Estados Unidos.
Pero, en poco tiempo, López Obrador descubrió, como otros presidentes mexicanos antes que él, que es casi imposible que México forje una política migratoria por su cuenta.
Para junio de 2019, el presidente Donald Trump ya amenazaba con imponer aranceles a México a menos que López Obrador tomara medidas drásticas contra los miles de migrantes que usaban visas humanitarias mexicanas para dirigirse a Estados Unidos.
López Obrador actuó con rapidez y desplegó miles de soldados en las fronteras norte y sur de México para evitar que los migrantes ingresaran al país o viajaran fácilmente a Estados Unidos. La Guardia Nacional de México, una fuerza policial militarizada, recibió la autoridad para detener migrantes, un poder que se había concentrado en gran medida en manos de los funcionarios migratorios.
“La política migratoria de Estados Unidos ha movilizado al gobierno mexicano para su aplicación”, dijo Neusner. “Está exportando nuestra propia seguridad fronteriza”.
El cierre de rutas legales dentro de México y de los caminos hacia Estados Unidos ha forzado a más migrantes a caer en manos de contrabandistas despiadados, afirmaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
La alineación más cercana de México con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza también ha llevado a un cambio en la actitud del gobierno hacia los migrantes, dijeron algunos analistas.
“La prioridad ya no son los derechos humanos, el desarrollo y la protección, como empezamos, sino que debido a la presión de Estados Unidos se ha priorizado la contención, las detenciones y las expulsiones”, dijo Tonatiuh Guillén, quien fuera el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración de la presidencia de López Obrador hasta que fue reemplazado por el excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
“Desplegar a las fuerzas armadas como tu principal herramienta de control migratorio envía un mensaje tanto a los migrantes y a los solicitantes de asilo como a la sociedad de que los migrantes son una amenaza y deben ser tratados como un problema de seguridad, como una invasión”, dijo Stephanie Brewer, directora de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), un instituto de investigación.
“Eso socava y debilita las medidas de protección para su seguridad física”, agregó.
En el albergue Casa Migrante San Juan Diego en Matamoros, media decena de migrantes dijeron esta semana que ellos o un familiar habían sido secuestrados en los últimos días. Tenían miedo de aventurarse a salir del refugio después del anochecer debido a los grupos criminales que acechan en las calles.
El director del refugio, José Luis Elías Rodríguez, dijo que él y sus empleados habían sido amenazados por grupos criminales.
Pero prometió seguir ayudando a los inmigrantes.
“Si nosotros nos vamos, ¿quién le ayuda a los migrantes?”, preguntó. “¿Quién les tiende la mano si nosotros nos vamos? ¿Quién los levanta si nosotros nos vamos? ¿Quién da la cara por ellos si nosotros nos vamos?”.
Geysha Espriella y Meridith Kohut colaboraron con este reportaje desde Matamoros, México.
Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina. Anteriormente ha reportado desde Afganistán, todo Medio Oriente e India, donde cubrió el sur de Asia. @abihabib