El lunes, los legisladores israelíes aprobaron el un polémico plan del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, para restringir la influencia de la Corte Suprema, en desafío a un amplio grupo de movimientos de oposición que amenazaron con protestas que paralizarían grandes zonas del país.
El plan restringe las formas en que el máximo tribunal puede anular las decisiones del gobierno y es parte de una modificación muy divisiva al poder judicial que ha ocasionado la que acaso sea la crisis nacional más profunda de Israel desde su fundación hace 75 años.
Es una decisión de alto impacto tanto para Netanyahu como para Israel, que se ha visto envuelto en protestas masivas una y otra vez por este motivo desde enero. La decisión de avanzar con el plan podría trastocar la economía israelí, tensar aún más las relaciones del país con el gobierno de Joe Biden y ocasionar que miles de reservistas militares, parte fundamental de las fuerzas armadas de Israel, se nieguen a unirse al servicio.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha advertido que esta división podría conducir a una guerra civil. Netanyahu está atrapado entre estabilizar a su coalición —que incluye a partidos de ultraderecha y ultraortodoxos y que tienen sus propios motivos para desear la restricción de los poderes de la Corte Suprema— y apaciguar la furia de los ciudadanos más liberales que se oponen a otorgar al gobierno más control sobre el poder judicial.
¿Qué estaba en juego en la votación?
La disputa es parte de un enfrentamiento ideológico y cultural más amplio entre el gobierno de Netanyahu y sus seguidores, que buscan que Israel sea un Estado más religioso y nacionalista, y sus oponentes, que tienen una visión más laica y pluralista del país.
La coalición que gobierna afirma que el poder judicial tiene demasiado margen de intervención en las decisiones políticas y que socava la democracia israelí al darle a los jueces, que no son electos, demasiado poder sobre los legisladores electos.
La corte, asegura la coalición, ha actuado con demasiada frecuencia en contra de los intereses de la derecha, como por ejemplo al evitar que se construyan algunos asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada o al retirarle a los judíos ultraortodoxos algunos privilegios, como la excepción para prestar servicio militar.
Los opositores temen que la medida derive en que el poder judicial tenga menos capacidad para evitar los excesos del gobierno. Dicen que el gobierno, irrestricto por cortes independientes, podría tener más facilidad para ponerle fin al proceso legal contra Netanyahu, que está en juicio por cargos de corrupción.
En especial, algunos advierten que el gobierno podría tener más libertad para remplazar a Gali Baharav-Miara, la fiscala general del país, y encargada del proceso a Netanyahu en el caso de corrupción. Netanyahu ha negado tener planes de obstaculizar el juicio que se le sigue.
Los críticos también temen que los cambios puedan habilitar al gobierno —el más derechista y conservador religioso en la historia del país— a restringir las libertades civiles o a perjudicar los aspectos seculares de la sociedad israelí.
¿En qué consiste el plan del gobierno?
A fin de limitar la influencia de los tribunales, el gobierno busca evitar que los jueces empleen el concepto de “razonabilidad” para revocar las decisiones de los legisladores y ministros.
La razonabilidad es un estándar legal que se usa en muchos sistemas judiciales, entre ellos Australia, el Reino Unido y Canadá. Una decisión se califica como “arbitraria” o “no razonable” si un tribunal decide que se ha tomado sin considerar todos los factores relevantes o si no se le ha otorgado el peso correspondiente a cada factor, o se le ha dado demasiada importancia a los factores irrelevantes.
El gobierno y sus seguidores dicen que la razonabilidad es un concepto demasiado vago y que nunca se ha codificado en las leyes israelíes. La corte irritó al gobierno este año cuando algunos de sus jueces emplearon ese principio para evitar que Aryeh Deri, un político ultraortodoxo, se integrara al gabinete de Netanyahu. Argumentaron que no era razonable nombrar a Deri al puesto porque recientemente había sido condenado por fraude fiscal.
¿Cómo se han desarrollado las protestas?
Los partidos de oposición israelí, superados en número en el Parlamento, no tuvieron la capacidad de derrotar la legislación con votos por sí mismos. Así que boicotearon la votación, la cual se aprobó con una votación de 64 a 0.
Pero grupos muy poderosos no pertenecientes al Parlamento —como reservistas militares, líderes tecnológicos, académicos, médicos sénior y líderes sindicales— están utilizando su peso social para presionar al gobierno. Hace algunos meses, todos estos actores unieron fuerzas y lograron que Netanyahu suspendiera su plan.
Los reservistas de unidades prestigiosas del ejército han vuelto a amenazar con dejar de prestarse como voluntarios si se avanza con la modificación judicial. Los líderes sindicales también han dicho que convocarán a una huelga general.
En días recientes se han recrudecido las protestas, que llevan meses. El lunes, cientos de manifestantes bloquearon las vías que llevan al edificio parlamentario y algunos se encadenaron entre sí.
¿El plan lo revisarán los legisladores o los tribunales?
El parlamento de Israel, la Knéset, entra en receso de verano a finales de julio y no volverá hasta el otoño. Pero es poco probable que los congresistas de la coalición gobernante de Netanyahu, responsables del voto del lunes, vuelvan a trabajar en la propuesta los días previos al receso.
En un discurso el lunes por la noche, Netanyahu sugirió que su gobierno podría seguir adelante con su plan de modificación judicial a finales de noviembre, pero que quería dar tiempo para hablar al respecto con la oposición.
Su gobierno ya ha intentado tomar medidas en otras partes de su plan de reforma. Una medida habría permitido al Parlamento anular las decisiones de la corte, y otra le habría dado al gobierno más influencia sobre quién puede llegar a ser juez de la Corte Suprema. Esas partes del plan han sido puestas en pausa debido a las protestas, pero podrían reiniciarse.
Además, la Corte Suprema de Israel debe lidiar ahora con un dilema peculiar que podría enfrentar directamente a dos de las ramas del gobierno del país: los jueces de la Corte Suprema deben decidir cómo gestionar un plan que busca reducir su poder.
Los líderes de la oposición israelí se han comprometido a pedirle a la corte que revise la ley; si los jueces deciden tomar el caso, el proceso de revisión judicial podría tomar semanas o incluso meses. La Corte Suprema también podría emitir una suspensión de la ley, impidiendo que entre en vigor mientras considera revisarla.
Pero la legislación del lunes es una enmienda a una Ley Fundamental —uno de los cuerpos de leyes que tienen estatus casi constitucional en Israel— y los analistas dicen que la Corte Suprema hasta ahora nunca ha intervenido ni derogado una de estas leyes. La corte sí ha debatido estas leyes anteriormente pero jamás ha fallado sobre ellas.
Gabby Sobelman e Hiba Yazbek colaboraron con reportería.
Isabel Kershner, corresponsal en Jerusalén, ha estado informando sobre la política israelí y palestina desde 1990. Su libro más reciente es The Land of Hope and Fear: Israel’s Battle for its Inner Soul. Más de Isabel Kershner
Patrick Kingsley es el jefe de la corresponsalía en Jerusalén, que abarca Israel y los territorios ocupados. Ha reportado desde más de 40 países, escrito dos libros y antes cubrió migración y Medio Oriente para The Guardian. Más de Patrick Kingsley