El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes, dijo que su gobierno seguirá considerando a Castillo el líder de Perú “hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad”.
La relación entre las dos naciones, dijo, estaba “en pausa”.
El año pasado, Castillo hizo campaña electoral prometiendo hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Su lema —“no más pobres en un país rico”— y su llamamiento a reformar la Constitución animaron a muchos campesinos en un país profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.
Las protestas cuentan con el respaldo de la mayor federación de sindicatos, la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos.
Jaime Borda, quien dirige Red Muqui, una red de organizaciones ecologistas y de derechos humanos que trabajan en las zonas rurales de Perú, dijo que la ira en las calles no se debía solamente a la frustración por la destitución de Castillo, sino a un “descontento de la población por todo el acumulado de las cosas de estos últimos años”, a saber, un sistema político que para muchos parecía fomentar la corrupción y servir a las élites.
Muchos manifestantes, dijo, creían que Castillo había sido llevado a la autodestrucción política por esa misma élite política.
La gente que sigue a Castillo “es muy consciente de que, al final, esa no era la forma de irse, de intentar un golpe de Estado”, dijo. “Pero la gente también te dice pero lo hemos elegido a él como nuestro representante, lo hemos elegido a él como nuestro presidente”.
Cunarc, una asociación de patrullas de seguridad rural, se encuentra entre los grupos que lideran las protestas.