Fiscales mexicanos han obtenido una orden por las aprehensiones de un general del ejército y 15 militares en conexión con la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un crimen considerado como una de las peores atrocidades en la historia reciente del país.
Se considera de manera generalizada que los estudiantes fueron masacrados en el centro de México luego de una noche de violencia en la ciudad de Iguala, cuando agentes de policía acusados de trabajar con el cártel de la zona los obligaron a bajar de unos autobuses, dispararon a algunos de ellos y se llevaron los demás. Las autoridades solo han logrado identificar los restos de tres estudiantes.
Las investigaciones de la comisión de la verdad del gobierno y un grupo de expertos independiente han indicado que hubo participación de todos los niveles de gobierno, incluido el ejército, que, aseguran, rastreó de cerca el ataque a los estudiantes en tiempo real pero no utilizó esa información para ayudar a ubicarlos.
El general, Rafael Hernández Nieto, fue acusado de involucramiento en delincuencia organizada y los militares de delincuencia organizada y desaparición forzada, según la orden de las aprehensiones emitida por una jueza, que fue revisada por The New York Times. Un juez anterior, ante quien fueron llevados algunos de los estudiantes antes de que supuestamente fueran entregados al cártel, también fue acusado de desaparición forzada.
El suceso fue una señal de un cierto avance en la investigación del crimen por parte del gobierno, investigación que ha sufrido varios reveses y suscitado dudas sobre la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador para responsabilizar al ejército por su supuesto papel.
Las autoridades inicialmente obtuvieron órdenes de aprehensión contra Nieto y otros 19 militares en agosto pasado, pero luego, en un súbito revés, pidieron a un juez que las revocara unas tres semanas después, aludiendo deficiencia probatoria en su propio caso. Cuatro integrantes del ejército, entre ellos un general, fueron detenidos pero el resto quedaron en libertad.
El fiscal principal del caso renunció poco después. Dos de los cuatro expertos independientes que investigaban el caso también renunciaron. En aquel momento López Obrador defendió la decisión al indicar que “esto no quita que la investigación continúe, y no hay impunidad”.
César González, un abogado que representa a los militares, dijo el miércoles que el caso del gobierno contra sus clientes es “débil” y criticó a la fiscalía general por basarse en las declaraciones de integrantes del cártel.
La fiscalía, dijo González, está “manipulando a su antojo las declaraciones de miembros de la delincuencia organizada para tratar de soportar un poco más un caso que se ha venido desmoronando”.
Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos, comentó que el gobierno cuenta con pruebas sólidas contra los militares y que las órdenes originales de aprehensión solo se cancelaron debido a la presión política.
“El presidente le informó directamente a las familias, es que en la acusación de un número tan alto de militares había generado molestia en el ejército”, dijo Aguirre al relatar una reunión de septiembre entre las familias de los estudiantes y López Obrador. Eso “había generado que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ordenara a su gente suspender algunas de estas órdenes”.
Los padres de las víctimas siguieron exigiendo la detención de más militares, dijo Aguirre, y los expertos independientes que quedaron aseguraron que solo se quedarían en el caso si las órdenes de aprehensión fueran emitir de nuevo.
“Era una exigencia para la continuidad de nuestro trabajo porque existían elementos probatorios para sostener las órdenes y la decisión de retirarlas había sido arbitraria”, dijo Carlos Beristain, uno de los expertos. “Una investigación que tiene que hacerse con base en las pruebas y no a las presiones”.
López Obrador ha otorgado amplios poderes a las fuerzas armadas y las ha respaldado consistentemente a pesar de las críticas que dicen que está allanando el camino para el surgimiento de un Estado militar.
Aun así, la desaparición de los 43 estudiantes se ha convertido en un tema político molesto para el mandatario, que hizo de la resolución del caso una de sus prioridades más urgentes tras asumir el poder en 2018, pero ha tenido dificultades para mostrar avances consistentes.
Luego de que el fiscal general turnó el caso a un fiscal con poca experiencia en la materia el otoño pasado, crecieron las preocupaciones sobre el compromiso de López Obrador por integrar un caso penal sólido contra todos los involucrados, entre ellos, posiblemente, más militares.
“Lo que hemos visto en todo este caso es el poder que tiene el ejército y la falta de subordinación que hay ante la autoridad civil”, dijo Catalina Pérez Correa, experta en el ejército en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.
Las nuevas órdenes de aprehensión, dijo, “son apenas una primera señal al establecimiento de un límite al poder”.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México.
Natalie Kitroeff es la jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe. @Nataliekitro